Exigen derrumbar corrupción
Con la petición explícita a las autoridades de “parar la corrupción”, vecinos de la delegación Álvaro Obregón se manifestaron en el predio que se derrumbó en Avenida Toluca 481, colonia Olivar de los Padres y que provocó la muerte de siete personas.
A través de un oficio solicitaron al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Édgar Tungui Rodríguez, encabezar una investigación exhaustiva y sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) del proyecto de avenida Toluca donde murieron siete personas y otras nueve resultaron heridos.
Icela Lagunas
Con la petición explícita a las autoridades de “parar la corrupción”, vecinos de la delegación Álvaro Obregón se manifestaron en el predio que se derrumbó en Avenida Toluca 481, colonia Olivar de los Padres y que provocó la muerte de siete personas.
A través de un oficio solicitaron al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Édgar Tungui Rodríguez, encabezar una investigación exhaustiva y sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) del proyecto de avenida Toluca donde murieron siete personas y otras nueve resultaron heridos.
Entre los firmantes hay residentes de las colonias Pueblo de Tetelpan, Lomas de la Era y Tlacoyaque, de Álvaro Obregón, apoyados por vecinos de la Doctores, Roma Norte y de la delegación Venustiano Carranza.
La solicitud vecinal se basa en las atribuciones que le confiere el cargo de presidente de la Comisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (Cadroc), que lo obliga a vigilar la actuación de dichos funcionarios.
“La impunidad ha sido una característica que ha permeado en nuestra sociedad y la ciudadanía. Demandamos cambios que paren la corrupción del desarrollo inmobiliario, ya que se ha demostrado con innumerables casos que se construye baja la ilegalidad y la corrupción que hoy están ocasionando muertes”, detallan en su escrito.
“Por eso, reiteramos que gire las instrucciones pertinentes para que, adicional a la investigación que se abra al Director Responsable de Obra (DRO) respecto a este inmueble, también se investiguen las otras obras que se están realizan en este momento para evitar que sólo hayan pedido su firma sin ninguna supervisión de las mismas, la verificación de permisos”.
El objetivo de revisar las obras, casi 100 denunciadas con irregularidades tan sólo en la delegación Álvaro Obregón, es evitar que se provoquen nuevos accidentes que cobren la vida de empleados y perjudiquen a la sociedad.
Entre impunidad
Habitantes de la delegación Álvaro Obregón acusan corrupción en el sector inmobiliario:
>> 7
Muertos provocó el derrumbe de la obra en Toluca 481
>> 9
Personas resultaron heridas tras colapsar el edificio
>> 24
Horas del día laboraban los trabajadores de la obra colapsada, refieren vecinos
>> 100
Obras con irregularidades en la Álvaro Obregón, detallan grupos vecinales
Terreno minado
Con la consigna de “no más muertes como en avenida Toluca 481 y alto a la depredación”, María del Carmen Olalde González explicó que el movimiento vecinal busca que se clausure definitivamente ese proyecto ya que no garantiza la seguridad de vecinos, trabajadores ni ocupantes a futuro.
“No puede ser que se siga levantando la obra sobre un terreno minado, en el que hay cuevas que hacen inestable la construcción.
“Los antecedentes de ese terreno se remontan a hace muchos años, pues de ahí se extraía el tepetate que utilizaban para hacer tabique, lo que ocasionó que formaran cuevas, huecos”, detalló Olalde González, una de las denunciantes que ingresó el oficio para solicitar castigo al DRO de la obra.
Los vecinos a la obra relatan que en los últimos meses los empleados de las constructoras Ibiza y Luna, presuntos responsables de la obra, trabajaban las 24 horas a marchas forzadas.
En el lugar se aprecian dos letreros con el presunto dictamen de impacto ambiental con el número Sedena/DGRA/DEIA/011038/2016; también el de impacto urbano que presuntamente proporcionó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI/DGAU/2015/2015.
Omisión de muchos
La construcción fue clausurada después del derrumbe que propició la muerte de siete personas e hirió a nueve más.
Los vecinos denuncian lo que parece ser un modus operandi de la Delegación Álvaro Obregón para mandar un doble mensaje: por un lado coloca sellos para tranquilizar a los vecinos, y por el otro permite que la puerta se abra de tal manera que se puedan meter o sacar materiales.
“Esa es una acción muy usual de la Delegación Álvaro Obregón. Debería estar totalmente restringido, sin embargo, ya sabemos que aquí los desarrolladores cuentan con el apoyo incondicional de Leonel Luna y que la actual jefa delegacional, María Antonieta Hidalgo Torres, sólo es un monigote de adorno que no se atrevió a visitar el lugar de los hechos”, declaró la demandante, Olalde González.
“Aquí nada se mueve si Leonel Luna no lo autoriza, ella sólo le reporta por Twitter lo que se está haciendo. Las muertes y los heridos son resultado de una omisión de la Delegación Álvaro Obregón, de Seduvi, Invea, del jefe de Gobierno y de la PAOT.
“Esta última es la que tiene un expediente abierto, pero lamentablemente ellos recomiendan y dictaminan, pero no tienen facultad para responsabilizar a nadie”, puntualizó luego de la conferencia que ofrecieran al exterior de la obra.
Los vecinos anunciaron que estarán pendientes de la respuesta que entregue la Secretaría de Obras, a cuyo titular le solicitan una investigación al respecto y castigo al responsable de obra.
El paso siguiente que planean los vecinos será presentar las denuncias correspondientes en contra de los servidores públicos que fueron omisos.
Mientras la batalla de los vecinos busca frenar la construcción de condominios y edificios habitacionales en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la condonación de diversos pagos como autorizaciones para usar redes de agua y drenaje y modificar usos de suelo a quienes construyan vivienda que esté financiada por entidades de la administración pública.
La condonación es con base a los artículos 181 y 182 del Código Fiscal, referentes a los pagos a realizar por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para suministrar agua potable o agua residual tratada.
Así como el pago para autorizar el uso de redes de agua y drenaje o modificar condiciones de uso.