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La Coparmex alza la voz y exige un alto a los actos de extorsión por parte de las autoridades delegacionales
"Es bien conocido por los empresarios de esta ciudad que hay delegaciones en las que cualquier trámite debe ir acompañado por una compensación económica extraoficial"
Primero fue Benito Juárez. Luego Coyoacán y ahora Tlalpan. El caso es que los actos de corrupción se han convertido en uno de los principales problemas que aquejan al Distrito Federal.
El rubro más afectado es, sin duda, el de establecimientos mercantiles. Tan así que los negocios irregulares trabajan sin ninguna restricción, mientras que quienes se apegan a la normatividad son clausurados bajo cualquier pretexto.
Por esa razón, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con representación en esta ciudad capital alza la voz y exige un alto a los actos de extorsión por parte de las autoridades delegacionales.
En su último informe de trabajo, la Coparmex DF asegura que más de la mitad de los negocios son víctimas de verificaciones tramposas, que solo se pueden evitar a cambio de una cuantiosa suma.
Para ellos el problema no es nuevo. Durante los últimos seis meses han insistido en que se tiene que erradicar la corrupción, en que se debe revisar la ley y endurecer sanciones.
De paso, arremeten contra el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea DF) órgano que en teoría fue creado para inhibir los índices de corrupción. Pero en la práctica, solo funge como un aval de las delegaciones.
En ediciones pasadas, Reporte Indigo ha informado de las diversas irregularidades que existen dentro de este órgano autónomo y la falta de interés de las autoridades locales por combatirlas.
Aunado a ello, se ha dado cuenta de la tendenciosa forma de operar de las demarcaciones respecto a las verificaciones administrativas que están bajo su responsabilidad.
Por eso los empresarios proponen crear un observatorio ciudadano, donde se puedan denunciar las extorsiones de jefes delegacionales, directores generales y funcionarios de bajo rango y verificadores.
Mientras tanto, este tipo de delitos continúan acaparando los titulares de los medios de comunicación, al tiempo que los diputados locales condenan las prácticas de corrupción mediante boletines de prensa.
Hoy, el ojo del huracán está centrado en la delegación Tlalpan, donde una serie de irregularidades tienen en la cárcel a un funcionario por extorsionar a un empresario.
Como siempre, la jefatura delegacional se desmarca. Los partidos de oposición exigen investigaciones reales y al final, un nuevo escándalo en cualquier parte de la ciudad dejará este caso en el olvido.
Cierre de filas
Desde el pasado dos de febrero, la Coparmex, sindicato patronal que aglutina a mas 36 mil empresas dentro de 67 centros empresariales a nivel nacional, aseguró que las verificaciones a establecimientos mercantiles se habían convertido en la caja chica de las delegaciones, de acuerdo con el entonces presidente de este asociación en el DF, Fernando Óscar García Chávez.
Lo anterior, después de que el Gobierno del Distrito Federal anunció la jornada de Verificación Voluntaria a Establecimientos Mercantiles, la cual consiste en que los propietarios de comercios conozcan las medidas que deben implementar para evitar sanciones por parte de la autoridad administrativa.
Dicho anuncio otorgó, de manera complementaria, un plazo de 90 días para inscribirse al programa, recibir la verificación voluntaria y un plazo de 30 días para cumplir satisfactoriamente con las observaciones.
“Independientemente de estas medidas (…) los propietarios de comercios y establecimientos reconocemos nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros usuarios (…) por ello debemos ser cuidadosos de conocer los reglamentos y regulaciones vigentes de acuerdo a nuestra actividad económica”, dijo Coparmex mediante un comunicado .
“También estaremos pendientes de nuestras inversiones y la satisfacción de nuestros clientes, evitando sanciones y cerrando espacios vulnerables a la corrupción o la extorsión por parte de funcionarios públicos que ven esta actividad regulatoria como una oportunidad de obtención de recursos de manera ilícita.
“No podemos ser ciegos ante la realidad que aún prevalece en varias delegaciones políticas de nuestra Ciudad. Es bien conocido por los empresarios de esta ciudad que hay delegaciones en las que cualquier trámite debe ir acompañado por una compensación económica extraoficial, o de lo contrario la atención se otorga de manera insuficiente, o simplemente no se otorga”.
Un mes más tarde, la confederación emitió un nuevo comunicado en el que hicieron públicas las denuncias contra el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea DF).
“En este centro empresarial hemos conocido de casos en los que se hace la solicitud de formar parte de las verificaciones voluntarias y simplemente el Invea no ha sido capaz de otorgar la información del procedimiento correspondiente.
“En otros casos parecen dar señales de que solicitar estas verificaciones voluntarias, permite a las dependencias conocer de aquellos establecimientos en los que pudiera haber omisiones y, en vez de otorgar el plazo para regularizarse, se procede a sancionar.
“Lo preocupante de todo esto no es la operación del programa en sí mismo, sino que deben revisarse con profundidad los alcances regulatorios y administrativos tanto del Invea como de las delegaciones.
“Mientras todo siga pareciendo tan difuso y no haya procedimientos claros, homologados y públicos, no podremos avanzar en la tarea de garantizar las mejores medidas de Protección Civil y de Seguridad para los usuarios. Tanta complejidad en el tema deja abierta la puerta para la informalidad, la corrupción y las prácticas extraoficiales deshonestas en la administración pública”.
Y hace unos días, a través de su nuevo presidente, José Luis Beato, informaron de manera abierta que por lo menos seis de cada diez establecimientos mercantiles han sido sujetos de extorsión para poder operar.
Las denuncias
Al mismo tiempo que surgen declaraciones del sector empresarial, han surgido diversas acusaciones de hechos concretos: los primeros en la delegación Benito Juárez, donde empresarios, de forma anónima, acusaron mediante mantas que el nuevo delegado los estaba extorsionando.
Incluso, el sector inmobiliario en esa demarcación es el que registra mayor número de quejas.
Después, salió a la luz una supuesta extorsión del delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, a un empresario, mismo que después dio declaraciones en contrasentido, pero que no alcanzaron para mejorar la imagen del titular de la demarcación.
El último eslabón lo conforma la delegación Tlalpan, donde hace unos días se dio a conocer una videograbación de Armando García Benhumea, exservidor público de esa delegación (hoy procesado en el reclusorio Sur)”.
En la grabación se presumen actos de corrupción ligados al cobro de cuotas a empresas en esa demarcación.
Y por ese caso, el PRI en el DF ya presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) para que se investigue a los directores generales de Tlalpan por su posible participación en los hechos.
Estos, como otros casos, siguen impunes, y parece que a ninguna autoridad le interesa resolverlos de fondo ya que en periodos electorales los jefes delegacionales atraen un importante número de votos.