Si bien un tercio de las secretarías de seguridad del país ahora están a cargo de militares, la mitad siguen siendo desempeñadas por figuras con trayectoria policial, perfiles que se encuentran bajo alto escrutinio público y que, incluso, se han vuelto una herramienta de presión política.
De los 15 nuevos mandatarios electos en 2021, solo el panista Mauricio Kuri y el morenista Miguel Navarro apostaron por elementos surgidos de las filas policiales para la seguridad de Querétaro y Nayarit. Con el detalle de que este último ratificó al secretario de su predecesor, Antonio Echevarría, y pidió a los alcaldes designar a militares en sus municipios.
Tanto David Monreal en Zacatecas como Lorena Cuéllar en Tlaxcala también designaron policías, pero cambiaron a días de su llegada. El primero por la renuncia de Arturo López Bazán ante la crisis de violencia, y la segunda porque Arturo Álvarez Valenzuela está prófugo con cargos de desaparición forzada. Ambos exsecretarios pasaron por la Policía Federal.
Los resultados de policías a cargo de la seguridad estatal abarcan un amplio espectro. De acuerdo con el Inegi, las cinco entidades con la mayor tasa de prevalencia delictiva -Ciudad y Estado de México, Tabasco, Aguascalientes y Jalisco- así como las cuatro con la menor -Chiapas, Veracruz, Yucatán y Oaxaca- tienen secretario con este perfil.
Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, comenta a Reporte Índigo que una de las causas de que se recurra a militares para estas tareas estatales es la politización de la seguridad pública, la cual ha generado la problemática de no contar con cuadros civiles para los mandos que satisfagan las demandas políticas.
“Claro que existen, pero cuando se utilizan los antecedentes de esos mandos, muchas veces tergiversados o malinterpretados, como arietes políticos, es donde hacen creer que es gente que no tiene experiencia”.
Esto aunado al abandono de las corporaciones policiacas estatales. Pues, de acuerdo con el Modelo Óptimo de Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta diciembre de 2021, todos los estados, salvo la Ciudad de México, operan con un déficit de elementos policiacos.
“Las policías son de las instituciones que peor percepción tienen entre la población, pero es a la que menos se les exige que rindan cuentas a la población. Es a la que menos se le pide saber en qué gasta, cómo, para qué, cuántos policías capacita, cuántas academias existen”, señala Nava.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública del Inegi, publicada en septiembre de 2021, el 62.9 por ciento de los mexicanos considera corrupta a su policía estatal, el 65.5 opina lo mismo de su corporación municipal y la policía de tránsito, con 73.9, es vista como la institución de seguridad pública más corrupta.
“Mientras no se separe la seguridad pública de la politiquería y mezquindades políticas, nunca va a haber un secretario de Seguridad Pública que funcione, tenga el perfil que tenga”, advierte Nava.