Allá los multan, acá ¿los perdonan?

La poderosa compañía minera Grupo México ha construido su imperio con base en dos tipos de leyes: las que sí se hacen valer y las mexicanas, que para este caso, son consideradas como laxas.

En el primer grupo están las normas ambientales de Estados Unidos, que para permitirle operaciones en El Paso, Texas, le impusieron una multa de mil 790 millones de dólares.

Mientras que en territorio nacional la dejan laborar con normalidad, sin importar que en su historial destaca la muerte de 419 mineros y una larga lista de afectaciones ecológicas y daños a la salud.

Esos son los contrastes a los que se enfrenta la empresa de Germán Larrea Mota-Velasco, quien es considerado el segundo hombre más rico de México.

En el vecino país del norte la multa fue ejemplar y atendida a cabalidad. En México, simplemente nada lo detiene, ni la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, ni el derrame tóxico más importante de la historia.

Al grado que la mina Buenavista del Cobre,causante del derrame de sustancias toxicas en los Ríos Sonora y Bacanuchi, no ha suspendido operaciones y tampoco pagado una sola multa.

Al principio se hablaba de quitarle la concesión, de suspenderle actividades e implementarle una sanción de hasta mil millones de pesos. Pero todo ello parece ir diluyéndose para quedar en el olvido.

Por eso, la Comisión Investigadora de este caso en la Cámara de Diputados, valora citar a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que explique los pormenores de las posibles sanciones.

De acuerdo con la diputada federal por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, no hay claridad en el tema; tampoco en los montos que se supone destinará Grupo México para la creación de un Fideicomiso que mitigará los daños ocasionados.

“No sabemos quién lo va a administrar, para qué rubros se va utilizar el dinero, la cantidad exacta y la fecha en que Grupo México entregará los recursos que anunció el Gobierno Federal”, declaró Aguilar.

Ya pasó un mes desde que se detectaron las afectaciones en los alrededores de la mina, y cinco días de que las autoridades del estado de Sonora encontraron un nuevo derrame de tóxicos, sin que se tomen medidas en contra de la empresa. 

Y es que el domingo pasado, el encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil de esa entidad, Carlos Jesús Arias, informó que se detectó un nuevo derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre, que va rumbo a Arizona.

En cambio, la mina Asarco, propiedad de American Mining Corporation, subsidiaria de la empresa de Larrea, tuvo que cerrar sus puertas durante más de cuatro años, hasta que se comprometió a pagar 2 mil 200 millones de dólares a sus acreedores.

El rigor de la ley

La empresa minera de Germán Larrea tuvo que pagar al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica una multa de mil 790 millones de dólares por daños ambientales provocados por la mina Asarco, y un cúmulo de deudas con sus acreedores.

Esa cantidad representa cerca de 23 mil 628 millones de pesos. Que es superior en más de 10 veces a la sanción propuesta por el Gobierno Federal a Grupo México por el derrame de tóxicos en los ríos  Sonora y Bacanuchi.

A principios de este mes, Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que el fideicomiso es una aportación independiente a las multas que determinen las autoridades.

Esa cantidad asciende a 2 mil millones de pesos, que se sumarían a los 40 millones de pesos que la  minera tendría que pagar como multa, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Asarco LLC es una compañía que data de 1887, año en que comenzó en Estados Unidos la producción de  plomo, zinc, antimonio, cadmio y cobre.

De acuerdo con la información recabada por especialistas por más de un siglo, la mina enfrentó sus primeras demandas por daños ambientales y a la salud desde la década de los 70.

Asarco abandonó el procesamiento de plomo, zinc, antimonio y cadmio en 1980, y en 1999 detuvo su funcionamiento por tiempo indefinido. Tiempo en el que acumuló una serie de deudas.

Toma el control

En dos años, de 1999 al 2001, Grupo México adquirió la mayoría de las acciones de Asarco LLC través de su filial American Mininig Corporation, y se declaró en bancarrota; tuvo que enfrentar un largo juicio. 

En el 2002, la empresa buscó reiniciar labores; intentó renovar permisos para su fundidora, pero se encontró con una férrea oposición que acusaba un alto nivel de contaminación en Texas y Ciudad Juárez.

En el 2009, el juez federal de distrito, Andrew Hanen, en Brownsville, Texas, aprobó un plan de más de 2 mil millones de dólares que le devolvió el control de la firma a la compañía mexicana y el pago de una multa.

Fuentes oficiales detallaron en ese entonces, que parte del plan para sacar de la bancarrota a Asarco consistió en pagar daños ocasionados en los últimos años y la prevención de futuros afectaciones a más de 80 zonas contaminadas por las operaciones de minería en 19 estados.

“Nuestros esfuerzos combinados resultaron en la mayor recuperación de fondos para compensar por la limpieza pasada y futura de materiales peligrosos en la historia de la nación”, dijo el fiscal general asociado, Tom Perrelli, mediante un comunicado.

Actualmente, Grupo México aún realiza labores de limpieza y regeneración ambiental en diversos estados de la Unión Americana y atiende las demandas laborales y reclamos por pagos de comisiones de sus abogados, según los reportes oficiales.

Como parte de sus actividades, la empresa filial de Grupo México también ha aceptado multas por descargar ilegalmente, agua contaminada al río Gila en diversas ocasiones.

‘Empresa que genera muerte’

La Organización Familia Pasta de Conchos se formó luego de la muerte, en el 2008, de 65 mineros.

A través de un estudio, elaborado junto con organizaciones de Derechos Humanos, detallan los excesos e impunidad de Grupo México.

Al respecto, Cristina Auerbach, integrante de dicha asociación, asegura en entrevista con Reporte Indigo que Grupo México es una empresa que creció a base de la vida de los mineros y el ecocidio.

“El tema ha acaparado la atención del Gobierno Federal porque afecta su imagen, pero la empresa cuenta con 419 mineros muertos por negligencia y sin recibir un solo castigo”.

Agrega que los daños ambientales son incalculables, debido a que las minas que ya cerraron no cuentan con un plan de manejo para eliminar los tóxicos y desechos.

De acuerdo con el estudio de esa agrupación civil, Grupo México tiene una legendaria conexión con Asarco, la cual fue la primera en explotar las tierras de la nación, y que con el tiempo fue adquirida por la empresa de Germán Larrea.

“Actualmente no se trata de si fue un accidente lo que sucedió en Sonora, sino del cúmulo de atropellos con que ha hecho su fortuna esta transnacional, ya que en todos los casos salen a relucir abusos e impunidad.

“Es una empresa que genera muerte, que jamás se ha hecho responsable de la devastación ecológica, de la muerte de los mineros. Por eso nosotros pedimos la disolución del grupo”, demanda Auerbach.

Historia de impunidad

En México, la empresa que conduce Germán Larrea es intocable. Desde que comenzó operaciones en el año de 1908 suma cerca de 419 mineros fallecidos en accidentes de trabajo.

También, tiene un cúmulo de acusaciones –de poblaciones enteras– por daños al medio ambiente y a la salud de quienes viven cerca de sus instalaciones actuales o de minas que ya dejaron de operar. 

En el año 1908, Grupo México registró la muerte de 200 mineros a causa de una explosión de gas en la Mina Rosita del estado de Coahuila, y desde hace 60 años es el causante de daños ambientales provocados por la ausencia de trabajos de mitigación.

Ahí, el consorcio del segundo hombre más rico del país construyó un parque ecológico tras el cierre de la mina, que con los años se descubrió que estaba rodeado de desechos de carbón.

Mientras que en 1921 fallecieron seis mineros más por otra explosión de gas; 57 en 1934 por la misma razón; 36 en 1938, siete en 1939; cuatro en 1942, y uno más en 1948.

En el registro también aparecen 11 muertes por una máquina eléctrica y dos el 10 de septiembre de 1976 a causa de otra explosión. Todos registrados en la región carbonífera del país.