Alimentos a merced del narco: impone precios y controla centrales de abasto

El crimen organizado extendió sus operaciones al sector alimentario del país. La cadena de suministros en todo el mapa mexicano ha sido golpeada por diferentes cárteles de la droga que se han apropiado de hectáreas de cultivo, transporte y almacenes de comida, con lo que han logrado imponer los precios finales al consumidor.

El aguacate, el limón y el mango fueron los primeros productos damnificados que han sido vistos como un negocio por varios cárteles de la droga, los cuales han afianzado sus operaciones en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y otras entidades.

La situación ha hecho crisis ahora con otros productos de primera necesidad, los cuales se surten en los principales mercados públicos y centrales de abasto del país. Se han encarecido hasta en 300 por ciento.

Si bien el problema no es nuevo, pues el narco se ha apoderado de hectáreas completas de cultivo en Michoacán y en Guerrero en los últimos años, el alza en los precios de más alimentos en diferentes épocas del año ha encendido las alarmas de las cámaras empresariales y de comercio de todo el país.

Esto debido a que las denuncias en los últimos meses se han multiplicado y los efectos ya se resienten en las principales centrales de abastos y mercados populares del territorio nacional, cuyos dueños tienen que elevar los precios finales al consumidor o resignarse a perder su mercancía.

Las materias primas que han tenido incrementos por encima de la inflación y que su precio obedece a diversos factores, son el azúcar y el frijol negro que han llegado a tener un aumento de 30 y 10 por ciento en las últimas semanas de este año, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Así ha avanzado el crimen en los abastos de México

El catálogo de alimentos del que se ha apoderado el crimen organizado va en ascenso. Las regiones de cultivo, zonas montañosas de difícil acceso y zonas principalmente agrícolas son asediadas por comandos que amenazan y condicionan el precio de productos básicos.

Los proveedores de insumos y alimentos más grandes tampoco se han salvado de esta problemática, pues también han sido amedrentados para retardar entregas de camiones de alimentos y elevar su precio final a mercados públicos y sitios como las centrales de abasto que operan en las principales urbes.

Aquellos que se niegan a acatar estas órdenes sufren varias agresiones, que van desde el robo de sus cosechas y la destrucción de los cultivos, hasta la quema y el robo de los camiones en los que viajan a estas regiones para la compra de alimentos.

Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), detalló a Reporte Índigo que el aumento del pago de derecho de piso en distintas entidades influye de manera directa en el incremento de los precios al productor y, por supuesto, al consumidor final.

Este fenómeno, agregó el directivo de GCMA, termina por afectar de manera colateral el precio de diversos productos agrícolas. Puso como ejemplo el limón, cuyo precio ha subido de 0.50 a 2 pesos por kilo en fechas recientes, entre otros productos que se han encarecido como las frutas y hortalizas.

“Hay muchos productos que han subido de precio considerablemente, muy por encima de la inflación anual. A ello se le suman los pagos de derecho de piso, las extorsiones y robos a lo largo de la cadena de suministro que terminan por incrementar los costos finales de los alimentos“, advirtió Anaya Castellanos.

Mientras que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos dio a conocer en este 2024 que el narcotráfico ha controlado precios y abasto de alimentos en entidades como Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

La cadena de suministro alimentaria en México se encuentra integrada por el campo, el transporte, la industria, el sector abasto alimentario, así como minoristas y consumidores. Se calcula que tiene un valor aproximado de 1.5 billones de pesos anuales, según datos oficiales.

Unos cinco millones de familias dependen de este proceso que se da en el territorio nacional con una generación del 34 por ciento de los empleos totales del país. Al año, esta cadena produce unas 250 millones de toneladas de alimentos.

El impacto en la cadena pone en riesgo miles de empleos

Las centrales de abasto desarrollan un papel fundamental para el almacenamiento, distribución y comercialización de los alimentos en las principales ciudades de la República mexicana. Es aquí a donde llegan las cargas de productos provenientes de los estados para ser comercializadas en mercados y negocios más pequeños.

Sin embargo, son justo estos lugares de abasto popular los que han enfrentado los efectos colaterales de los golpes que ha dado el crimen organizado a la cadena de suministro alimentaria del país, pues tienen que ajustar los precios de sus productos para cubrir el cobro de piso.

La crisis no es ajena a ningún escalón de esta cadena. Todos padecen los efectos de la penetración de los cárteles de la droga. Desde las personas que se dedican a la agricultura, quienes transportan las cosechas, los dueños de los almacenes hasta los locatarios de mercados públicos.

En Guerrero, los dueños de negocios de pollos se han visto forzados a triplicar el precio de la carne ante la extorsión que padecen de grupos delincuenciales. En el Estado de México, los negocios que tienen como giro la venta de aguacate y pan han sido los más afectados.

Hugo González, dueño de una bodega de frutas y verduras en la Central de Abasto, ubicada en la entidad mexiquense, confirmó que los cargamentos de mercancía han ido a la baja en los últimos años debido a factores como la escasez de agua y otros por la delincuencia organizada.

“Son varias cosas que impactan en el precio que damos. Por ejemplo, batallamos mucho porque no había agua en los campos de cultivo hace una semanas. Ahora, el narco es quien controla los cargamentos y ellos son los que definen el precio final de lo que se vaya a comercializar. Es muy difícil esto porque la gente compra menos o de plano no lo hace porque es muy caro cierto producto”, sostuvo.

El cilantro fue el último producto que percibió un aumento exponencial en el costo al consumidor. En tianguis, supermercados y hasta en centrales de abasto donde el precio de los productos tiende a ser bajo, esta verdura se ha llegado a cotizar hasta en 900 pesos.

Además del problema de inseguridad, las prolongadas sequías y, en otras zonas, el comienzo de los ciclones, han generado una merma en las cosechas de esta verdura de uso cotidiano en las familias mexicanas.

El Consejo Nacional Agropecuario ha emitido varios comunicados en lo que va del año sobre los riesgos que existen en la ruta alimentaria, uno de ellos y de los más graves es la inseguridad que pega al transporte de carga que visita las cosechas, además del alza de precios en varios alimentos que se producen en los campos mexicanos.

¿Quién trabaja en el campo mexicano?

Los altos índices de inseguridad y pobreza que persisten en las regiones de cultivo han provocado una desbandada de trabajadores que cada vez menos se dedican a labrar las tierras.

Esto ha ocasionado un déficit en la fuerza laboral de estas tierras a donde han tenido que llegar otros grupos poblacionales, lo que ha incrementado los costos de producción y de toda la cadena productiva de alimentos en el país.

Por si fuera poco, en este sexenio, universidades públicas y consejos agropecuarios y de agricultura hicieron diversos llamados para incrementar los recursos y programas que se brindan al campo, pues en caso de mantener la tendencia actual, el daño sería irreversible para miles de hectáreas que están a punto de colapsar por falta de tratamiento adecuado y detrimento de las economías de las familias que las trabajan.

En México, hasta 34 por ciento de los alimentos que se produce en la cadena de suministro alimentaria no alcanza a llegar al consumo final por diferentes razones.

Este porcentaje representa más de 30 millones de toneladas de alimentos en buen estado y aptos para consumo humano se desperdician en el país por diversos motivos, de acuerdo con el Banco Nacional de Alimentos.

Entre las razones que se presentan por este fenómeno resalta la poca tecnología en el campo, la falta de intención de una compra justa, así como caminos intransitables y transporte que no son aptos.