Alimentos en cárceles, negocio millonario

La reciente intoxicación que sufrieron 450 internos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, sirve de ocasión para echar un vistazo sobre uno de los contratos más grandes que en materia de seguridad otorga el Gobierno del Estado: la alimentación de su población penitenciaria. 

La dotación de los alimentos a los presos del sistema penitenciario de Jalisco es un negocio que hoy en día vale 304 millones 166 mil 310 pesos, y que es adjudicado, además, de manera directa, sin concursos o licitaciones públicas para conocer las ofertas de otros competidores locales o nacionales. 

En estos momentos, la proporción más grande de la asignación la tiene la empresa La Cosmopolitana, cuyo contrato asciende a 213 millones 041 mil 187 pesos, para hacerse cargo de los internos del Reclusorio Preventivo, donde se dio el incidente, el Centro de Reinserción Social, el Centro de Reinserción Femenil, el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado y el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado, además del Cuartel de Custodios de la Fiscalía de Reinserción Social. 

Esto hace que la empresa deba brindar diariamente 14 mil 75 servicios alimenticios en estos centros (considerando desayuno, comida y cena), de los cuales, 13 mil 700 son para los presos, y 375 para el personal de la Fiscalía. Todos estos números están previstos para variar en un 20 por ciento al alza o a la baja según los ingresos y egresos de internos.  

El resto del sistema penitenciario le fue adjudicado también de manera directa a la empresa Comser de Occidente.

Su contrato es por 91 millones 125 mil 123 pesos, para atender a los Centros Integrales de Justicia Regional (Ceinjure) que la Fiscalía opera al interior del Estado: en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Tequila, Autlán y Chapala, donde brinda 2 mil 581 servicios alimenticios todos los días, según la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).  

Los contratos se elaboraron con una vigencia del 1 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2014, y fueron aprobados por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno estatal el 27 de mayo de 2013. 

Ambas empresas llegaron a prestar el mismo servicio durante el gobierno panista de Emilio González Márquez. 

La adjudicación directa fue sustentada en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones, cuya fracción V la autoriza “cuando se trate de bienes requeridos para garantizar la seguridad interior del Estado”.

Sin embargo, la contratación no siempre se ha hecho así.  

En el 2009, la misma Comser fue elegida, pero a través de una licitación, según consignaron diarios locales. También se ha encargado de los alimentos para las unidades de la Cruz Verde tapatías, tanto en la alcaldía de Alfonso Petersen Farah, como al iniciar la de Aristóteles Sandoval Díaz, en 2010.  

No debe haber en Jalisco adjudicación directa más grande que esta, argumentada en razones de seguridad, pues los otros gastos del rubro son mucho menores. 

En todo su primer año la Fiscalía General del Estado (FGE) gastó solo 82 millones de pesos en vehículos (133 camionetas y 55 sedan); 18 millones de pesos en el blindaje de 32 camionetas; apenas 34 millones en armamento, y 18.4 millones en equipo operativo, según el Primer Informe de Gobierno. 

Amparos desde la cárcel

Una gran cantidad de demandas de amparo en contra de la FGE se generan desde las celdas de Jalisco, aunque en la dependencia se asegura que las acciones legales no son causadas por violaciones a los derechos humanos de los internos, o problemas con los alimentos, como el de la intoxicación masiva. 

En el periodo de 2007 a 2014 (a marzo) los presos de Jalisco interpusieron mil 719 demandas de amparo en contra de la Fiscalía General, a la cual se le preguntó, en concreto, cuántas de estas se originaron por malos tratos brindados, deficiencias en la comida o atención médica al interior de las cárceles, a lo que respondió:

“El acto reclamado que motiva la interposición del recurso se advierte en la mayoría de los casos en contra de actos de autoridad (sic), que contravienen el principio del debido proceso, y no contra actos de autoridad originados contra malos tratos, deficiencias en la comida, atención médica, etc, por la autoridad”. 

Tras la infección que afectó a casi medio millar de internos por una probable bacteria en la comida, el fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, anunció una revisión al proveedor y el manejo de sus alimentos. 

De cualquier forma, la autoridad estatal está bien respaldada con el esquema contractual que estableció con estas empresas, pues las hace responsables prácticamente de toda la cadena de prestación del servicio, desde la transportación de insumos, hasta su recepción, almacenamiento, refrigeración, conservación y procesamiento al interior de las cárceles. 

Los proveedores están obligados a servir las raciones con la calidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios o “cualquier otro organismo de regulación alimenticia”. 

El punto 15 de la cláusula segunda del contrato con La Cosmopolitana, encargada del Reclusorio Preventivo, dice: “el proveedor será responsable único y totalmente de que el servicio, instalaciones y resguardo de los víveres cumplan con las normas de seguridad, calidad e higiene que las instituciones competentes (Salud, Administración, entre otras) establecen al respecto, debiendo asumir la responsabilidad civil o penal que pudiera presentarse en caso de incumplimiento de las mismas”. 

El punto 11 de la misma cláusula señala que “el proveedor deberá realizar monitoreos semanales de la cloración del agua, y mensuales de la calidad en cocina y toma de muestras en los alimentos, con pruebas de laboratorio con reconocimiento de la cámara de la industria alimenticia, así como exámenes médicos al personal involucrado en operaciones cada seis meses”. 

Están previstos además múltiples mecanismos para que la autoridad vea resarcido cualquier daño o incumplimiento de parte del proveedor. 

Por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil por una suma de 6 millones de pesos; una garantía por el importe del 10 por ciento del monto asignado para “en caso de que el objeto de este contrato sea de menor calidad”, o se detecten defectos o vicios ocultos dentro de su vigencia. 

Y una penalidad si el Estado rescinde el contrato por concepto de daños y perjuicios, no mayor al monto de la garantía citada.

Hacinamiento mantiene el negocio

La población carcelaria de Jalisco es la tercera más grande del país en manos de un gobierno local. Suma a marzo 17 mil 918 internos, solo después del Distrito Federal (40 mil 626) y México (20 mil 678); de estos, 10 mil 936 son procesados (prisión preventiva), y solo 6 mil 982 están sentenciados. 

La sobrepoblación es de 7 mil 821 presos, un 77.46 por ciento por arriba de la capacidad carcelaria, aunque para la Organización de las Naciones Unidas cualquier hacinamiento superior al 20 por ciento es ya trato cruel e inhumano, como ha insistido el especialista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guillermo Zepeda Lecuona. 

Con la adopción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, sin embargo, que prioriza los medios alternativos de solución de conflictos y racionaliza el uso de la prisión preventiva solo para los delitos que más dañan a la sociedad, se espera que el tamaño de la población carcelaria en Jalisco y el país se irá reduciendo gradualmente, y con ésta, el tamaño del negocio de su alimentación.