Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, un derecho en letra muerta

En México, la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es un derecho constitucional, pero por la desatención de la Cámara de Diputados, el derecho se encuentra en letra muerta desde hace más de una década.

El 13 de octubre del 2011 se reformó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que toda persona tenga derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como la obligación del Estado de garantizarla.

“Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, señala la Carta Magna del país.

Pero a partir de que se concedió ese derecho a nivel constitucional, el país carece de una ley reglamentaria específica en la materia.

El 19 de septiembre de 2013 fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República la iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, pero desde esa misma fecha, se encuentra como minuta en la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

Han pasado más de 10 años, cinco legislaturas, más de 20 periodos ordinarios de sesiones y miles de diputados federales y la Cámara baja no ha podido legislar al respecto y no hay visos de que ocurra pronto.

Además de la Constitución, el derecho a la alimentación adecuada se reconoce en diversos instrumentos de derecho internacional a los que México está suscrito como la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de la ONU, la Observación General 12 sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada y una declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés).

“El alimento debe estar disponible, ser accesible y adecuado. La disponibilidad requiere que, por una parte, la alimentación se pueda obtener de recursos naturales y esté disponible para su venta en mercados y comercios. (…) La accesibilidad requiere que esté garantizado el acceso económico y físico a la alimentación. La accesibilidad económica significa que los alimentos deben estar al alcance de las personas desde el punto de vista económico. (…)Por alimento adecuado se entiende que alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de las personas, sus condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc.”, señala el documento de la FAO.

La FAO además precisa que el derecho a la alimentación no significa que el gobierno debe de entregar alimentos en forma gratuita a quienes lo necesitan, ni tampoco es sinónimo de seguridad y soberanía y alimentaria, si no, que las autoridades deben proteger la producción interna de alimentos y regular el comercio a fin de lograr un desarrollo sostenible.

Pequeños esfuerzos

A pesar de que el mundo comenzó a hablar y a trabajar para materializar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde 1948, en México apenas en 1992 se reformó la Constitución para garantizar los derechos humanos de todas las personas y en 2013 se aprobó en la Cámara alta la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.

Sobre este tema, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en el documento “Aportes al debate parlamentario, Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible”, señala que a pesar de carecer de un marco legislativo específico, en nuestro país se han desarrollado diversas políticas públicas y programas que han tenido objetivos orientados a mejorar la alimentación de la población, ya sea mediante la producción o el consumo de alimentos.

Entre estos programas se encuentra Liconsa, Desayunos Escolares, Cocinas DIF, Escuelas de Tiempo Completo, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera y los Comedores Comunitarios.

Además, en 2020 la actual administración federal creó el programa Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) que integró en una sola coordinación a Liconsa y Diconsa.

Sobre la ley congelada

Entre los objetivos del proyecto de Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible aprobado por el Senado de la República pero congelado en la Cámara de Diputados, se encuentra la coordinación entre las autoridades, el fomento a la producción y abasto de alimentos, el fortalecimiento de la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país y el fomento del consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.

Además de resguardar el derecho a la alimentación, la ley también propone la creación de un programa de almacenamiento de reservas estratégicas de granos básicos y semillas que permita superar el desabasto, operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, establece los lineamientos para la declaración de emergencias alimentarias y prevé infracciones y sanciones administrativas, con multas de hasta 50 mil UMA a quienes violen la legislación.