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La mancuerna entre Petróleos Mexicanos y un grupo de universidades públicas ha sido una maquinaria para desviar dinero en los últimos años.
Desde el 2010 la Auditoría Superior de la Federación comenzó a seguir la pista de un entramado de corrupción entre estas instituciones y la petrolera que a través de contratos multimillonarios han hecho que el dinero desaparezca sin que haya documentos que comprueben el destino de los recursos.
Entre el 2006 y el 2016 Pemex firmó 815 contratos con 41 universidades mexicanas y del extranjero por un monto de 30 mil 941 millones 788 mil 92 pesos por servicios y apoyos de asistencia técnica, desarrollo de proyectos y monitoreo ambiental entre otros conceptos, de acuerdo con datos obtenidos por Reporte Indigo mediante una solicitud de información realizada vía Ley de Transparencia.
Pemex entregó contratos a universidades sin comprobar si éstas tenían las capacidades para cumplirlos
Mucho de ese dinero no ha podido ser sometido a rendición de cuentas, pues la misma Auditoría no ha intervenido en el casi millar de convenios.
No obstante, las revisiones a la Cuenta Pública que han incluido algunos de esos contratos dejan al descubierto que en decenas existen anomalías en los recursos que se entregaron como el pago de servicios que no fueron realizados o que formaron parte de un proceso de subcontratación realizado por las instituciones de educación superior ante los ojos de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias.
Las irregularidades se han presentado, de acuerdo con las revisiones de la ASF, desde la manera en la que Pemex ha entregado los contratos: sin licitación y sin que las universidades comprueben que tienen la capacidad para realizarlos debido a que en muchos de estos convenios se terminan subcontratando empresas para finalizar los trabajos que no coinciden con los montos de pago por parte de la compañía productiva del Estado y burlando el marco legal que les exige demostrar que son aptas para efectuarlos.
La falta de entrega de documentación que compruebe el destino de los millones de pesos que Pemex ha pagado a las instituciones educativas por sus supuestos trabajos, ha llevado a que la Auditoría Superior imponga multas y promueva sanciones por falta de responsabilidad administrativa a funcionarios y también ha emitido recomendaciones para que estos casos disminuyan o se elimine su práctica.
En el listado de contratos que Pemex entregó a este medio vía transparencia la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) es la escuela de nivel superior que más se ha beneficiado de contratos con un total de 199 por un monto total de 7 mil 102 millones 647 mil 570 pesos
Le siguen la Universidad Tecnológica de Campeche con 141 convenios por la cantidad en conjunto de 5 mil 176 millones 638 mil 480 pesos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que firmó 82 convenios por 3 mil 169 millones 397 mil 448 pesos.
Gran parte de los recursos entregados a las universidades no son fiscalizados debido a la amplia cantidad que estos reúnen, explica Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“La Auditoría Superior de la Federación, si bien tiene la facultad de auditar todos los recursos federales, lo que realiza es un muestreo de las asignaciones presupuestales que hacen los gobiernos, es decir, no audita el 100 por ciento de los recursos que se ejercen porque es imposible que se puedan fiscalizar. Entonces se hacen muestras aleatorias en las cuales se hace una selección de los gastos representativos”, señala el especialista.
Contratos sin rastro
La auditoría forense con clave 14-4-99032-12-0206 que la ASF practicó en 2014 a mil 157 millones de pesos que Pemex Exploración y Producción junto con Sagarpa entregaron a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), situada en Campeche, reveló la falta de rendición de cuentas y el esquema de desvío de recursos.
En la auditoría citada la ASF analizó 10 convenios entre Pemex Exploración y Producción y la UNACAR que tenían como objeto que la Universidad realizara servicios de asistencia técnica, administrativa, supervisión y control en materia de transporte de hidrocarburos, entre otros propósitos.
En el apartado de antecedentes, la Auditoría Superior recalcó que aún cuando la UNACAR manifestó que contaba con la capacidad material y humana para prestar sus servicios a Pemex y a Sagarpa, terminó subcontratando a 19 empresas y a una persona física para que efectuaran los trabajos comprometidos, situación que derivó en el pago de 826 millones 438 mil pesos, es decir, el 71.4 por ciento del monto total de los contratos.
El daño a la Hacienda Pública por los 10 contratos fue total. Es decir que los mil 157 millones de pesos analizados fueron desviados o gastados de forma irregular, debido a que la ASF no encontró sustento documental para comprobarlos.
Trabajos sin validar, pagos indebidos, facturas a subcontratistas que representaban un fin distinto al objeto de los contratos originales o la prestación de personal perteneciente a la UNACAR que no fue verificada, son sólo algunas de las anomalías
Tras realizar su revisión, la ASF impuso cuatro multas entre mayo y agosto de 2015 al rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruz Hernández.
Las multas, señala la ASF, fueron “por no haber atendido en el plazo y términos solicitados los requerimientos de documentación e información” para conocer el destino de los más de mil millones de pesos.
Ruz Hernández ocupa la rectoría de la UNACAR desde agosto de 2013 según su Currículum Vitae disponible en la página de la institución que dirige.
De los 10 contratos analizados en la ASF, seis fueron firmados con Pemex cuando Ruz Hernández ya era rector de la Universidad, lo que lo involucra en la falta de sustento en la utilización de los recursos.
De los convenios que la ASF revisó entre la UNACAR y Pemex Exploración y Producción junto con Sagarpa, determinó que los mil 157 millones de pesos analizados fueron desviados o gastados de forma irregular en su totalidad pues no pudo comprobarlos
Otras 27 multas fueron impuestas a las 19 empresas y la persona física que fueron subcontratadas por la UNACAR.
La ASF promovió responsabilidades administrativas sancionatorias ante la Contraloría General de la UNACAR para que realizara las investigaciones y los procedimientos administrativos por los actos atribuibles a los servidores públicos que en su gestión suscribieron convenios en representación de la universidad en su carácter de adquiriente de servicios.
Por su parte, en Pemex Exploración y Producción los contratos entregados a la UNACAR se dieron cuando Carlos Morales Gil y Gustavo Hernández García ocuparon la dirección de la subsidiaria de la petrolera.
En el apartado de antecedentes, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que “durante 4 años consecutivos ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias federales y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública (…) lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado que se transparenten y acoten este tipo de operaciones para prevenir e inhibir los actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.
Aún con las evidencias que involucran a la UNACAR documentadas por la ASF, en junio de 2017 el Consejo de la Universidad campechana reeligió a Ruz Hernández como rector de la institución por un periodo más, hasta el año 2021
En septiembre de 2017, de acuerdo con la agencia de noticias Sien, el rector de la UNACAR informó que se atendían las observaciones que la ASF le hizo a la institución por los contratos que existen con Pemex.
La doble subcontratación
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) es la tercera institución pública de educación superior que más recibió dinero por contratos con Pemex entre el 2006 y el 2016.
Sus servicios ofrecidos a la empresa productiva del Estado han estado en medio de la polémica por no tener capacidad técnica y personal suficiente para su realización y por una doble subcontratación en sus convenios.
En la auditoría forense 13-4-99062-12-0248 practicada por la ASF en 2013 se evidenció que en seis contratos celebrados entre Pemex Exploración y Producción y la UJAT (421003815, 421002854, 425101813, 425101810, 425102826, 421002853) por un monto total de 307 millones 391 mil pesos, hubo irregularidades por falta de validación del destino de recursos y por los procedimientos de subcontratación.
“La UJAT manifestó que contaba con capacidad suficiente técnica y humana para la prestación de los servicios, por lo que, de requerir la subcontratación, en tres casos sería hasta del 49 por ciento; en uno del 25 por ciento; en dos del 5 por ciento y otro del 0 por ciento; sin embargo, se constató mediante visitas domiciliarias y solicitudes de información a los proveedores que la UJAT subcontrató en porcentajes mayores y sin contar con el previo consentimiento escrito de Pemex Exploración y Producción (PEP)”.
La ASF señala que en cuatro convenios entre PEP y la UJAT que significaron el pago de 550 millones 152 mil pesos, la universidad subcontrató a cuatro empresas y estas a su vez subcontrataron la totalidad de los servicios por 326 millones 428 mil 500 pesos a otros proveedores
Derivado de esta situación, la Auditoría Superior emitió una recomendación para que la UJAT evitara la opacidad en las contrataciones con entes públicos.
“Recomendamos que (la UJAT) se abstenga de contratar o convenir servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las adquisiciones”, apuntó la ASF en el documento.
A la Contraloría de la UJAT le solicitó abrir investigaciones por los actos u omisiones de los servidores públicos responsables de los contratos con Pemex Exploración y Producción.
De los seis contratos entre PEP y la UJAT revisados por la ASF se concluyó que existió un “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 317 mil 761 pesos por no proporcionar información sobre los entregables de una partida correspondiente al contrato con clave 425102826.
También la ASF presumió un posible agravio al erario por 10 millones 530 mil 663 pesos por haber facturado mil 651 jornadas de trabajo a Pemex Exploración y Producción sin que fueran entregados los reportes diarios de campo que acreditaran su realización.
Los seis contratos observados por la ASF solamente representan el 7 por ciento del total que Pemex ha entregado a la UJAT, debido a que han sido 82 en total desde el 2006 hasta el 2014.
En ese periodo, dos personas han sido rectoras de la UJAT, la primera es Candita Victoria Gil Jiménez quien dirigió la institución entre 2004 y 2012; y en la actualidad es José Manuel Piña Gutiérrez quien en 2012 llegó a la rectoría y en 2016 fue reelecto hasta el 2020.
Al obtener los contratos de Pemex Exploración y Producción la UJAT aseguró tener la capacidad para realizar las labores ahí previstas, sin embargo, esto terminó siendo falso, provocando que se tuvieran que contratar a otras empresas para llevar a cabo los trabajos solicitados
Burlar la norma
Los contratos celebrados entre Pemex y las universidades en los últimos años son una muestra de la facilidad con la que se burlan las normas de contrataciones, asegura Manuel Guadarrama del IMCO.
“Es una falla sistemática y estructural de la legislación de obra y de la contratación pública en general que existe a nivel federal y se replica también a nivel estatal en la que existen distintos mecanismos a través de los cuáles se puede dar la vuelta a la regla general de la licitación permitiendo las adjudicaciones directas sin ningún tipo de control y monitoreo”, apunta Guadarrama.
Las irregularidades cometidas por las universidades hacen que dejen de ser confiables para ser tomadas en cuenta en el futuro para nuevas contrataciones
El especialista agrega que las universidades son instituciones que dependen económicamente de los servicios que ofrecen a entes públicos y privados, además del dinero federal que les es entregado para su funcionamiento, sin embargo, este tipo de acciones como las que ha revelado la Auditoría Superior de la Federación hacen que dejen de ser confiables para ser tomadas en cuenta en el futuro para nuevas contrataciones.
“Por este tipo de malas prácticas las universidades públicas afectan su credibilidad no solamente para realizar contrataciones en el propio sector público, sino también para vincularse con la iniciativa privada”, concluye Manuel Guadarrama.
