El grupo de pilotos despedidos interpuso una queja ante la CNDH contra la procuradora Marisela Morales por haberlos tratado como delincuentes, sin derecho a audiencia
El argumento de la Procuraduría General de la República para desaparecer la Dirección General de Servicios se va por la borda.
Decir que se desocupa a más de 80 pilotos y controladores de radar por falta de aviones, es ya insostenible. Solo 12 aviones de un total de 90 ya no están en condiciones de volar.
Una serie de correos electrónicos internos y una auditoría hecha por una empresa estadounidense demuestran que la mayor parte de la flotilla requiere mantenimiento para estar en vuelo.
¿Por qué entonces el empeño de desaparecer esa área de la PGR? ¿Por qué rentar aviones por mensualidades de casi un millón y medio de dólares sí existen suficientes aviones oficiales?
La empresa Aviation Technology Solutions (JDA) realizó en octubre una auditoría y revisión a las casi 100 aeronaves que tiene la PGR. Emitió un dictamen del estado en el que se encuentran y determinó que solo 12 no están en condiciones de vuelo.
El calificativo que otorgó a estos aviones fue “scrap”, que en inglés quiere decir chatarra. Son 5 Gulfstream, 3 Sabreliner, un Beechcraft, un De Havillan y un Cessna Citation II.
Los otros 78 aviones requieren de reparaciones. Las reparaciones de tipo mayor son para 33 aviones, las de tipo menor son para 19 aeronaves y 26 están en una condición de fácil retorno a las condiciones de vuelo.
El 26 de octubre y con este dictamen, Miguel Ángel Escalante Palacios, uno de los ingenieros a cargo de los talleres de la Dirección de Servicios Aéreos, envió un correo a todas las bases de mantenimiento informando el estatus de los aviones.
Como parte del mensaje les pedía a los titulares de los talleres en los estados y copiando el mensaje a directivos, jefes de mantenimiento y subdirectores regionales de la dependencia, que se prepararan con la información detallada de las condiciones de cada avión.
Si bien en ningún momento se establece en el correo que se vayan a reparar, si da evidencia de las condiciones de la mayor parte de la flotilla que PGR asegura que ya no puede volar. Advierte que las que tienen fáciles condiciones de ponerse en vuelo nuevamente tendrían prioridad en la posible reparación.
“Esta información es vital para hacer un cronograma, que de acuerdo al número de aeronaves de fácil puesta en operación y de su ubicación regional en el país, se hará la decisión para comenzar la inspección.
En razón de lo anterior, se solicita que a más tardar el próximo martes 30 de octubre la Dirección General Adjunta de Operaciones Técnicas cuente con lo antes descrito”, dice el correo de Escalante Palacios.
Aviation Technology Solutions (JDA) es una empresa especializada en brindar mantenimiento, servicios, entrenamiento y asesoría en materia aeronáutica.
Está ubicada en el condado de Bethesda en el estado de Maryland, en Estados Unidos.
Le da servicio a decenas de empresas estadounidenses y también a algunos aeropuertos internacionales como el de Miami y del estado de Memphis.
Entre las 26 naves para reactivar se encuentran 15 helicópteros Bell.
Estos son los que usualmente utilizaban los pilotos para la erradicación de plantíos de amapola y cocaína.
Por lo tanto el servicio no se hace desde hace casi tres años y los sembradíos están sin ser detectados.
El principal argumento que les dio la PGR el pasado jueves a los pilotos despedidos fue la “sensible” falta de aviones para que pudieran realizar su trabajo.
Ahora, al darse a conocer la lista de aviones que pueden estar en servicio, se pone de manifiesto que alguien miente en la PGR.
Pilotos a la CNDH
El grupo de pilotos despedidos acudió ayer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer una queja por la forma en que la PGR los está despidiendo.
La denuncia fue recibida con el número de folio 128534 y en ella los ex trabajadores acusan a la titular de la dependencia, Marisela Morales, de haberlos tratado como delincuentes y despedirlos sin tener derecho a audiencia.
“La Procuradora Marisela Morales Ibañez, con sus actos autoritarios y prepotentes, sin apego a la reglamentación administrativa, penal, laboral y constitucional, causó daño moral y económico a nuestras personas y familias.
“Ya que al declarar que ante los medios imputaciones falsas e irresponsables, dañó la imagen ante nuestras familias, amigos, vecinos, y la sociedad en general.
“Ante la opinión pública nosotros hemos sido conceptuados como ladrones y corruptos.
“Ante esta situación hemos caído en estado de indefensión”, dice uno de los más de 10 argumentos en contra de la PGR y su titular. Exigen que sea restituido el daño moral ocasionado y que se les liquide por los años trabajados pues no se les quiere pagar nada.
