Violatoria de derechos humanos, omisa con las afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas, sin tomar en cuenta las diversas perspectivas medioambientales y con evidentes conflictos de interés; así es la Ley de Biodiversidad que los legisladores pretenden aprobar en la Cámara de Diputados y que ha causado el rechazo de diversas organizaciones.
La aprobación de la Ley estaba prevista ayer en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, y aunque al final se canceló la reunión, activistas advierten por una probable aprobación fast track por parte del Partido Verde y sus aliados de una legislación que a su juicio contiene graves defectos.
Una de las deficiencias más graves ha sido la negativa de la Comarnat de hacer partícipes a otras comisiones que por su naturaleza deberían estar incluidas en la discusión, afirma Alejandro Olivera de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, ya que incluso la mesa directiva de la Cámara Baja ha solicitado que se amplíe el turno a otras comisiones.
Lo que se busca legislar son recursos genéticos, sistemas de fauna, flora silvestre y áreas naturales protegidas
“Hemos tenido acercamiento con las comisiones de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas. Ellos habían solicitado el turno, queríamos que se ampliara la discusión, que opinaran más comisiones para que hicieran una consulta adecuada porque estamos hablando que lo que se busca legislar son recursos genéticos, sistemas de fauna y flora silvestre, áreas naturales protegidas; entonces es muy amplio el espectro, por eso es necesario ampliar a otros grupos la consulta pública”, afirma.
En este sentido la Coalición Ciudadana no sólo está pidiendo que se cumpla el ordenamiento de la Mesa Directiva y que sean más comisiones quienes dictaminen, sino que exige a los diputados que se abra la revisión de esta minuta a la participación de la sociedad civil, en particular a los pueblos indígenas quienes serán los principales afectados si se aprueba la Ley tal y como está.
“Buscamos que se amplíe el turno a demás comisiones para que estas las puedan analizar y que haya opiniones vinculantes y se pueda hacer un dictamen que tenga una representatividad a través de la consulta con más grupos involucrados”.
“Lo que se necesita es un proyecto de Ley que sea muy transversal, que no nada más se trata de la regulación de la biodiversidad, sino que se abarque otros aspectos, es por ello que más sectores y más expertos en otros temas también deben estar involucrados”, asegura.
Conflicto de interés
La iniciativa por la que se expide la Ley General de Biodiversidad fue presentada en la Cámara de Senadores por la senadora Ninfa Salinas Sada del grupo parlamentario del Partido Verde el 14 de diciembre de 2017, y debido a que su promulgación beneficiaría al Grupo Salinas, es que las organizaciones civiles denuncian la presunta parcialidad en su promulgación.
“La Senadora también tiene conflicto de interés, pues ella está vinculada a obras de minería y metalurgia a cielo abierto como el proyecto minero ‘Los Cardones’, el cual está dentro de un Área Natural Protegida”.
La senadora Ninfa Salinas, acusada de conflicto de interés, fue quien promovió la Ley
“A pesar de que los proyectos de minería y metalurgia a cielo abierto han sido una amenaza constante para estos sitios prioritarios para la conservación, la Ley no prohíbe este tipo de proyectos, que justo han sido sugerencia de la misma Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas para incluir dentro de esta ley, sin embargo, desde que se presentó en el Senado, la senadora promovente de este proyecto decidió eliminar este tipo de sugerencias”, detalla Alejandro Olivera.
Para las organizaciones, no sólo se trata de las inconsistencias y graves deficiencias de la Ley o del conflicto de interés lo que pone de manifiesto la existencia de intereses particulares detrás de la posible aprobación de la reforma, sino del intento por parte de los legisladores de dar un ‘albazo’ y aprobarla sin escuchar el llamado de la sociedad civil.
“Todo esto dentro de un proceso sin consulta, aprobado en el Senado en la última noche del periodo ordinario de sesiones, en medio de la ley de Seguridad, sin consultar a todos los grupos involucrados, entonces quieren hacer el mismo proceso ahora en la Cámara de Diputados”, sentencia Olivera.
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