Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Colombia, y el politólogo Jesús Silva Herzog, alertaron de la existencia de comunidades en México en las que buena parte de sus habitantes se dedican o colaboran en actividades delictivas, motivados por las malas prácticas de políticos.
En análisis de los expertos se presenta en un reporte de la agencia de noticias AP.
AP considera que “quien sea que gane las elecciones presidenciales del domingo tendrá que enfrentar no sólo a los cárteles de la droga de México, sino también un nuevo tipo de crimen que involucra a barrios enteros que desafían a la policía y al personal militar”.
La agencia cita el caso de Ciudad Guzmán en Jalisco, a la que califica como “un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación”, en donde a principios de junio, una multitud de hombres y mujeres rodearon dos camionetas que transportaban marinos armados.
“Los habitantes se burlaron de los militares, les arrojaron piedras y botellas de agua, y patearon varias veces a un marino mientras dos camaradas los rescataban”, rememora AP, “Presuntamente protestando por la desaparición de un joven, la multitud luego pintó las iniciales del cártel del cártel en un vehículo destrozado de la Armada”.
AP advierte que este tipo de delitos “socializados” o “masivos” se extienden a lo lardo del país, a medida que comunidades enteras vacían trenes de carga o roban miles de litros combustible en oleoductos.
Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Colombia y experto en temas de seguridad, dice que esto sucede porque “la lógica” de la gente es que ven a políticos y funcionarios robando desde hace mucho tiempo, y ahora ellos se sienten con el mismo derecho a robar.
En mayo, hombres armados rompieron las cerraduras de dos supermercados en la sureña ciudad de Arcelia, en el estado de Guerrero, y permitieron que los vecinos los saquearan. La policía no apareció por horas.
El portavoz de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, dijo que los dueños de las tiendas rechazaron las demandas de extorsión de una división local del cártel de La Familia y que el saqueo era un castigo por no pagar.
En tanto, diariamente se abren en promedio 42 grifos ilegales en oleoductos , y el transporte, almacenamiento y venta del combustible robado suele significar una importante fuente de trabajo en muchas comunidades rurales.
Ante las quejas de los grupos empresarios de que estos delitos atentan contra el empleo y la inversión, la secretaría de Gobernación los atribuyó al empleo creciente de la población local por las pandillas.
La dependencia sostuvo que el fenómeno se debe en gran medida a la diversificación de las organizaciones que comenzaron con el narcotráfico y ahora tienen intereses en el robo de combustibles. En muchos casos han obligado a los residentes a obstaculizar la acción policial para detener a muchos de los que participan en los robos.
El politólogo Jesús Silva Herzog lo compara con el surgimiento de la piratería en Somalia, donde el gobierno central no controla buena parte del país.
Es el tipo de escenario que se ve en estados fallidos, donde además del crimen organizado existe una población criminal organizada con una amplia base social, dijo Silva.
Con información de AP***
