[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_sb8d97ax” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El secuestro y asesinato de Mara Fernanda Castilla ocurrido en Puebla, y la movilización de indignación despertada a nivel nacional tras esos hechos, vuelve a replantear el diseño de una política eficiente para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en el contexto de violencia generalizada en el país.
La medida más importante que a la fecha se registra en el marco jurídico nacional, a fin de garantizar a mujeres y niñas condiciones de seguridad, se llama Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo único en el mundo, pero que no se ha extendido a todo el territorio nacional.
De al menos 28 solicitudes presentadas por los gobiernos estatales ante la federación para que se declare dicha alerta, solamente 12 entidades han sido beneficiadas con los programas institucionales que derivan del conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar los feminicidios.
A la fecha, 90 municipios de 12 estados de la república ya cuentan con la Alerta de Violencia de Género, pero existen 16 localidades, con altos índices de agresión contra las mujeres, que no han sido incluidas dentro de las acciones del Gobierno federal para erradicar no sólo los asesinatos de mujeres, sino cualquier forma de atropello contra ellas.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), la política para decretar la AVGM es un protocolo todavía mejorable, pues se estima que a la fecha no se atiende con profundidad el tema de las agresiones a mujeres, no sólo en cuanto a asesinatos, sino también en el ámbito de las desapariciones.
La politización del protocolo para decretar la Alerta de Violencia de Género, considera la activista, es uno de los principales problemas que ha impedido que esta medida sea aplicada aún en aquellos estados con altos índices de agresión, la cual no se decreta porque “la autoridad es la primera que no quiere este mecanismo”.
En la mayoría de los casos, los gobiernos locales y la propia federación se niegan a la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, no sólo por el cuestionamiento público a sus programas de seguridad que esto implica, sino por la ejecución de recursos económicos que conllevan las acciones decretadas dentro de la medida.
Eso ha hecho que, tras la aplicación de evaluaciones poco claras y muy generalizadas, se haya negado la aplicación de la AVGM en algunas entidades, como en Sonora, en donde a pesar del índice de agresión contra las mujeres se decidió oficialmente no decretar la alerta y provocó que organizaciones civiles promotoras de la medida terminaran en el amparo.
Tampoco en Guanajuato prosperó la solicitud de AVGM, una conclusión a la que llegó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), luego de revisar genéricamente, sin entrar en profundidad, los delitos de violencia del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres de esa entidad.
También se desechó la aplicación de la Alerta en Chihuahua, en donde el grupo de trabajo destinado reconoció que el marco jurídico local cumplía con las medidas necesarias para desalentar y empujar a la baja la violencia contra las mujeres y niñas.
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Situación preocupante
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, se estima que del 2013 al 2015 fueron asesinadas en promedio siete mujeres diariamente en el país
Situaciones como las de Guanajuato, Chihuahua y Sonora, en donde la autoridad no ha sido diligente en la aplicación de la medida de Alerta de Violencia de Género, es lo que hace que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios vea con preocupación cómo avanza la agresión contra las mujeres en tanto que la autoridad hace como que actúa.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, se estima que del 2013 al 2015 fueron asesinadas en promedio siete mujeres diariamente en el país.
Los estados que a la fecha cuentan con AVGM son Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y Nayarit pero aun así, en estas entidades no se tienen bancos de datos exactos que hablen sobre la evolución de las políticas aplicadas o sobre el avance de la violencia contra las mujeres.
De todas las entidades en donde organizaciones civiles han reclamado la aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, son Jalisco, Oaxaca, Durango, Veracruz, Yucatán y Zacatecas las que se encuentran próximas a conocer los resolutivos que emita el grupo de trabajo destinado para ello por parte de la Secretaría de Gobernación.
Desapariciones, el tema pendiente
En los estudios preliminares a la declaratoria de AVGM se están dejando de lado los temas de las desapariciones y la trata de personas, preocupación nacional por ser las mujeres y niñas blanco directo de ese problema
Aun cuando hasta el momento en la Secretaría de Gobernación subsisten un total de 6 solicitudes que buscan la declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, los grupos que se han integrado para dar seguimiento al estudio de cada caso revisa sólo la agresión manifiesta en lesiones, maltrato y asesinatos de mujeres.
En los estudios preliminares a la declaratoria de AVGM se están dejando de lado los temas de las desapariciones y la trata de personas, que también constituyen una preocupación nacional por ser las mujeres y niñas blanco directo de ese problema, según lo establece el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.
De acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) del Gobierno federal, hasta el 31 de julio del 2017, el número de mujeres desaparecidas en todo el país llegaba a 8 mil 477, la cifra que representa el 35.6 por ciento de los 23 mil 800 desaparecidos que se han registrado a la fecha en todo México.
Las mismas cifras oficiales indican que proporcionalmente el mayor número de mujeres desaparecidas se concentra en los estados de Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Puebla; los últimos cuatro estados sin declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
En el Edomex se otorgó la alerta luego de observar que del 2005 al 2010 se registraron 922 asesinatos de mujeres
Política poco clara
La política establecida por el Gobierno federal para decretar la Alerta de Violencia de Género no alcanza a ser lo suficientemente clara, pues mientras hay estados que fueron decretados con esa medida luego de registrar en un año 48 asesinatos de mujeres, existen otras entidades que han rebasado esa cifra y no han recibido el decreto de la alerta.
En Colima y Chiapas, por ejemplo, bastó en un año la existencia de 48 asesinatos de mujeres en cada una de esas entidades para que, luego de los estudios de caso -que en Colima tardaron casi dos años-, la Secretaría de Gobernación emitiera las alertas correspondientes.
Sin embargo, en el Estado de México se otorgó la alerta luego de observar que del 2005 al 2010 se registraron 922 asesinatos de mujeres, con índice de incremento de más del 100 por ciento durante cada año dentro de ese periodo.
Igual ocurrió en Guerrero, donde la alerta se decretó luego de registrar 225 asesinatos de mujeres en los últimos seis años.
En Morelos la alerta fue empujada luego de registrar, entre el 2000 y el 2013, 530 mujeres asesinadas. En Michoacán tuvieron que ocurrir 719 asesinatos de mujeres para que se reconociera la alerta de violencia contra ese sector, en tanto que en Nuevo León fueron necesarios 217 feminicidios.
Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Puebla, son de los estados que registran el mayor número de desaparecidas y no tienen declaratoria de AVGM
Feminicidios y Trata
Bajo la visión de la política poco clara para emisión de la Alerta por Violencia de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios ha cuestionado el hecho de que los estados de Puebla y Tlaxcala, a pesar del elevado índice de asesinatos y desapariciones de mujeres siga sin estar dentro del mapa de alertas.
Es incomprensible, dijo María de la Luz Estrada, que en un estado como Tlaxcala, donde el Estado reconoce el problema de la trata de personas, los encargados de hacer el estudio de evaluación hayan determinado que no se requería la Alerta de Violencia de Género, lo que evidenció que el estudio estaba mal elaborado.
Dijo que es una incongruencia que después de realizar el estudio de evaluación en Tlaxcala, en donde la Conavim reconoció la problemática de la trata de personas, sólo se haya determinado emitir algunas recomendaciones genéricas, igual que lo hizo en el estado de Puebla, en donde se terminó por reconocer que la autoridad cumple con el protocolo de investigación en las agresiones a mujeres.
Pero la realidad que se vive en el corredor Puebla-Tlaxcala es otra: sólo del 2011 al 2105 se han documentado las desapariciones de 780 mujeres. Entre el 2012 y el 2013 en el estado de Puebla se reportaron 158 feminicidios; pero la cifra es más alarmante en el 2017, de enero a la fecha se han registrado un total de 82 feminicidios.
En el corredor Puebla-Tlaxcala, del 2011 al 2015 se documentaron las desapariciones de 780 mujeres, y en Puebla, de enero a la fecha se han registrado un total de 82 feminicidios
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