El 3 de mayo de 2017, los habitantes de la Ciudad de México perdieron lo que les quedaba de paciencia; esa mañana, el cadáver de una joven, a quien conoceríamos más tarde como Lesvy, fue hallado, con el cable de un teléfono público amarrado al cuello, en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre las personas que se manifestaron por el caso, y por la revictimización que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejerció sobre la afectada al revelar a la opinión pública datos personales que no eran trascendentes para la investigación, hubo quien exigía que la alerta de género fuera activada en la capital del país.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es descrita por la Secretaría de Gobernación como “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado”.
Aunque las denuncias de violencia contra ciudadanas, y los titulares de feminicidios invaden los medios de comunicación, el mecanismo no ha sido activado en la Ciudad de México.
De los 32 estados de la República, sólo en 12 hay activa una alerta de género: el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, y Nayarit.
En las actuales campañas políticos rumbo a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, candidatos han mostrado su repudio a la violencia feminicida, descrita por la Segob como “la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
En el primer debate durante aspirantes, Mariana Boy, la representante del Partido Verde Ecologista de México prometio que de ganar activaría la alerta desde su primer día de gobierno.
La política refrendó su propuesta recientemente, durante un recorrido en la zona de Ticomán y el Río de los Remedios, en la delegación Gustavo A. Madero.
En principal problema con la postura de Boy podría encontrarse en el Edomex, entidad que colinda con CDMX, la cual es gobernada por el Partido Verde, en alianza con el PRI.
En ese estado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 301 feminicidios el año pasado.
El 8 de marzo, antes del inicio formal de las campañas, Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PES), considerada una de las punteros en la elección, se pronunció al respecto.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ex delegada de Tlalpan habló de crear políticas públicas a favor de las mujeres, y consideró que “hay un tema grave de feminicidios y violencia que urge atender”.
Alejandra Barrales (PRD-PAN-MC) ha abordado el tema de la violencia contra las mujeres desde otras perspectivas.
La ex dirigente nacional del PRD ha llamado a combatir la brecha salaria por motivos de género, ya h exigido que patrones y jefes destinen espacios a estancias infantiles, a fin de apoyar a las mujeres trabajadoras con hijos.
Mikel Arriola, del PRI, también ha hablado de la necesidad de proteger a las mujeres capitalinas.
Arriola ha sido crítico con las anteriores administraciones de partidos de izquierda: las del actual PRD, y las del mismo partido, pero con figuras que ahora forman parte de Morena.
En su sitio de Internet, la Secretaría de Gobernación deja claro que la solicitud de Alerta de Género en la capital del país sigue vigente, y que ésta no ha sido desestimada, como si ocurrió en los estados de Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, y en Cajeme, Sonora.
