Las alertas para denunciar a funcionarios públicos de la Federación implicados en actos de corrupción han dado pocos frutos.
De las más de cinco mil denuncias que se han interpuesto en la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo 13.6 por ciento (747) se han presentado ante las autoridades competentes.
Los ciudadanos pueden utilizar la plataforma https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ para dar a conocer delitos de corrupción, pero sólo con información de desvío de recursos, cohecho y peculado.
A esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, no es posible que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima cuando hay instancias para hacer esta labor
“Se hace de su conocimiento que del 25 de julio de 2019 al 31 de julio de 2021, se recibieron cinco mil 462 alertas de las cuales, en tres mil 801 se determinó la incompetencia de la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, por no tratarse de conductas vinculadas con probables actos de cohecho, peculado o desvío de recursos; 914 se encuentran a la espera de que las personas alertadoras proporcionen mayores elementos y 747 fueron presentadas como denuncia ante las autoridades investigadoras competentes”, indica la SFP en una actualización de las cifras de este procedimiento.
Esta área de la SFP redujo su margen de acción, ya que antes de junio de 2020 investigaba además de alertas relacionadas con actos graves de corrupción, situaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal.
“La Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción atendía y daba seguimiento a alertas relacionadas con actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, a partir de junio de 2020 se redujeron los supuestos sobre los cuales se tiene competencia, como son las conductas de servidores públicos relacionadas con presuntos actos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos”, explica la Función Pública.Expertos consideran que a esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, e incluso hay especialistas que critican que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima, cuando hay instancias para hacer denuncias.
Keyla Vargas, coordinadora de Proyectos en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), resalta que existen 914 denuncias en las que la Función Pública requiere de mayor información por parte de los denunciantes y en tres mil 801 casos en los que se declara incompetencia.
Considera que existen casos en los que no se trata de delitos graves de corrupción, pero podrían tener información que acredite otros delitos, por lo que tendría que ser dirigida a otras estructuras que se encarguen.
“No digo que todos los hechos efectivamente contengan los elementos que puedan comprobar que efectivamente se está llevando a cabo un delito relacionado con actos de corrupción, pero sí tendría que haber un acompañamiento en el que digan qué están denunciando, por qué entra o no entra dentro de esa clasificación o por qué no se está considerando como delito y, segundo y más importante, todos aquellos hechos que se están denunciando, que no son competencia de esta Función Publica, entonces de quién son competencia, ¿quien les va a dar seguimiento?”, considera la especialista.
En tanto, la investigadora defiende el uso de las denuncias anónimas para delatar a funcionarios que actúen en perjuicio del Estado.
“Las denuncias anónimas han resultado ser muy efectivas en otros países que, además, como en México, tienen una estructura particular, compleja, en el ámbito de la administración pública en nuestro caso federal, pero en otros estados también”, explica Keyla Vargas.
“Creo que estas denuncias anónimas sí abren una buena posibilidad, o por lo menos un espectro para considerar estas conductas, y de alguna manera dimensionar qué otros aspectos del combate a la corrupción se tendrían que fortalecer, involucrando además una perspectiva de seguridad ciudadana y de derechos a las personas que no nos encontramos dentro del ámbito de gobierno”, expone.
Por el contrario, el académico Edgar Ortiz Arellano, socio presidente de Bismarek Consultoría, señala que es errónea la medida de llamar a denunciar a los funcionarios públicos en vez de reforzar a las instituciones encargadas de esas labores de detección de hechos de corrupción.
“El incitar a la ciudadanía a denunciar a otros ciudadanos por posibles actos de corrupción o porque se cree que pudiesen estar involucrados en actividades de carácter ilícito, en primera instancia, violenta la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todos los mexicanos, independientemente de que sean servidores públicos o no”
Dice que es una medida de carácter autoritario y que posiblemente violenta el Estado de Derecho.
“Este tipo de medidas hacen alusión a los regímenes autoritarios que surgieron a mediados del siglo XX, especialmente los regímenes autoritarios de carácter fascista, en donde la población vivía en el terror porque precisamente se promovía la denuncia como medio de venganza política, pero también como instrumento para probar la lealtad al gobierno en turno”, explica Ortiz Arellano.
