Los servidores públicos que retrasen la activación de la Alerta Amber de Nuevo León podrían ser sancionados. Los diputados del Congreso local discutirán realizar modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
La iniciativa fue presentada por la diputada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo. Propone reformar por adición el artículo 64 de dicha ley para establecer como falta administrativa grave aquellos actos, omisiones o negligencias, mediante las cuales se retrase, obstaculice o se impida de manera injustificada la emisión de la Alerta Amber.
“Será responsable por falta administrativa grave, el servidor público que, por actos, omisiones o negligencia, obstaculice, retrase o impida de manera injustificada, la activación de la Alerta Amber”, dice la modificación del artículo 64 Bis.
La propuesta busca evidenciar la importancia de activar la Alerta Amber lo más rápido posible. Se trata de que los funcionarios actúen con rapidez para evitar que se pierdan horas de búsqueda.
“La iniciativa resalta la importancia de que no se sigan reproduciendo las malas prácticas, que hacen perder las primeras horas trascendentales en la localización de una persona desaparecida, particularmente tratándose de mujeres y niñas”, dijo la legisladora.
Aunque la Fiscalía establece en sus consideraciones que la activación de la alerta será de manera inmediata, sin retraso alguno y con previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate, con esta reforma se reducirían las posibilidades de que casos de desaparición en los que exista una mala atención por parte de las autoridades queden impunes.
Alerta Amber Por la niñez de Nuevo León
Uno de los criterios de la activación de la Alerta Amber es que la persona que se busca sea menor de 18 años de edad para lograr localizar a niñas, niños y adolescentes.
Existen dos casos que no sólo estremecieron a la sociedad neoleonesa, sino que exhibieron que las autoridades fallan en activar los protocolos de búsqueda inmediata, a pesar de que las primeras horas de la desaparición son cruciales. Ana Lizbeth, una niña de 8 años, fue secuestrada y asesinada en 2018 por un expolicía en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, y Ana Roberta, de 3 años de edad, tenía signos de maltrato y presuntamente fue asesinada por sus padres y su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío de Apodaca.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de 2016 a 2018 reporta 449 menores de 18 años no localizados: 228 niños y 221 niñas. Sin embargo, desde abril de ese año no hay actualizaciones.
A nivel estatal, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León deberá explicar cuáles han sido sus metodologías para buscar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, así como entregar un informe sobre las cifras, que la legisladora espera en los próximos días.
En el estado de Nuevo León la Alerta Amber aplica también para mayores de 70 años y personas con discapacidad física y mental que están extraviadas o fueron sustraídas, para que sean localizadas. En todos los casos, tendrá una duración máxima de 72 horas.
Contra la violencia de género
La reforma al artículo 64 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León propuesta por Claudia Tapia contempla la Alerta Amber con una perspectiva de género.
“Las situaciones antes descritas también pueden suceder en la aplicación de las acciones para atender las alertas de violencia de género. Se contempla sancionar a los servidores públicos que, por acción, omisión o negligencia, retrasen, obstaculicen, o impidan de manera injustificada la realización de acciones para atenderlas”, dice la modificación.
También se aplicará la sanción si los funcionarios por estas situaciones no emplean de manera eficiente el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
