En el 2021, las alcaldías deben ser los entes más auditados debido a su historial de irregularidades, la percepción de corrupción que hay de ellas y su opacidad en la pandemia por COVID-19, afirman especialistas.
Una muestra de su falta de transparencia e irregularidades son los resultados de la Cuenta Pública 2018, realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), que revelan que de un total de 194 investigaciones concluidas, 52 involucran a este orden de gobierno.
Es decir, las 16 alcaldías cometieron el 26.8 por ciento del total de irregularidades encontradas en todo el servicio público local en el 2018.
Ninguna de las 16 alcaldías ha transparentado compras en lo que va de la contingencia sanitaria por COVID-19
Son los segundos entes más auditados de la función pública por debajo de las 24 dependencias del Gobierno central, que tuvieron 4 investigaciones más.
Sin embargo, en promedio cada alcaldía acumula más indagatorias que las dependencias.
Por ejemplo, si se divide el total de las demarcaciones territoriales entre el número de investigaciones realizadas por anomalías, a cada alcaldía le corresponden 3 auditorías.
La misma operación en las dependencias públicas le otorga a cada una dos investigaciones.
Además, en la contingencia sanitaria los gobiernos locales de las 16 demarcaciones no han transparentado nada respecto a las compras efectuadas durante la actual contingencia sanitaria.
A diferencia, el Gobierno capitalino publicó en su Portal de Datos Abiertos información sobre las adquisiciones realizadas con motivo de la contingencia por el nuevo coronavirus.
Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, señala que las alcaldías son uno de los tres actores del servicio público donde hay más corrupción a nivel capitalino.
Según la información difundida, por cada 100 mil habitantes en la capital, 53 mil 596 son víctimas de corrupción en trámites en las alcaldías de la Ciudad de México.
Los otros dos rubros donde los ciudadanos percibieron más corrupción en la función pública local son el contacto con las autoridades de seguridad ciudadana y en los trámites relacionados con la propiedad.
Órganos auditores al tope de investigaciones
José Perdomo Galicia, especialista de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle, afirma que en el próximo año los órganos revisores del gasto público y las contralorías internas de los entes de Gobierno estarán saturados de trabajo, debido a que en este 2020 se han acumulado 4 meses de opacidad.
“Los meses que vienen después de la pandemia y el próximo año, principalmente, serán de mucha investigación de compras, de irregularidades, porque venimos de 4 meses de total opacidad, de que no hay nada de mecanismos que eviten malas prácticas o supervisen el buen funcionamiento de los gobiernos”, dice Perdomo Galicia.
El pasado 1 de abril se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto que ordenó la suspensión de actividades no esenciales en las dependencias y órganos de gobierno como medida para evitar contagios del COVID-19.
Esto significa que desde entonces las dependencias, alcaldías, órganos descentralizados, órganos autónomos, entre otros, solo operan con el personal que les permite realizar sus funciones esenciales. El trabajo de contralorías o unidades de transparencia no entran en dicho tipo de actividades.
Es por ello, considera Perdomo Galicia, que el trabajo de los entes supervisores del gasto será mucho en 2021.
Especialmente, el trabajo de los auditores tiene que concentrarse en las 16 alcaldías, por sus antecedentes de irregularidades en el periodo previo a la contingencia sanitaria.
“Con mucho mayor razón las alcaldías deben ser auditadas. Hay que recordar que además de que en otros años se han descubierto muchas anomalías, desde 2018, cuando dejaron de ser delegaciones, tienen mucho mayor autonomía, que está bien, pero también da margen para cometer más irregularidades”, señala.
Investigaciones de alcaldías limpias
Perdomo Galicia añade que las investigaciones del ejercicio de recursos del próximo año, en el que se celebrarán elecciones, no deben ser manchadas por intereses partidistas.
“Debemos llamar a la ASCM y a la Contraloría General que hagan investigaciones limpias, sin fines políticos, ese puede ser un riesgo. El próximo año son elecciones y esto podría sesgar las indagatorias del ejercicio de recursos durante la pandemia por COVID-19”, menciona el especialista.
En 2021, a nivel local se celebrarán los comicios para renovar el gobierno de las 16 alcaldías y elegir a los integrantes del segundo Congreso de la capital.