Alcaldes, en la mira del crimen organizado

Los alcaldes de los más de 2 mil municipios en todo el país son los primeros respondientes del gobierno ante la ciudadanía, pero también, la primera línea de fuego ante los embates y violencia del crimen organizado.

Su poder local puede “facilitar” o frenar las operaciones de grupos delictivos y ante la alternancia o cambio de gobierno, muchos grupos del crimen organizado los ven como obstáculos para alcanzar sus cometidos.

Este escenario sumado al debilitamiento de las corporaciones policiacas municipales, a la falta de coordinación con los gobiernos estatales y federal y a presupuestos muy reducidos, ocasionan que ser presidente municipal en México muchas veces sea un trabajo de alto riesgo.

Esto ocurre con mayor recurrencia en entidades que son focos rojos por la alta criminalidad, como en Chilpancingo, Guerrero, en donde recientemente fue asesinado el alcalde Alejandro Arcos Catalán, a tan solo seis días de haber tomado posesión como presidente municipal.

Su cruel asesinato consternó a la sociedad guerrerense y a la del país y evidenció una problemática que tiene profundas raíces y muchos años incubándose. Hay territorios en México ingobernables y en donde la ley del plomo del crimen organizado es la que manda.

El homicidio cimbró los primeros días de Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ya había visitado Guerrero tras la devastación ocasionada por el huracán John. Durante su conferencia matutina, la presidenta electa lamentó el asesinato, anunció el inicio de las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil.

Sheinbaum además adelantó que el día de hoy su gabinete de seguridad presentará una estrategia para abordar la situación en Guerrero y en otros focos rojos del país.

“Mañana (hoy) viene el gabinete de seguridad y podrán explicarles con más detalle. Se presenta la estrategia general y vamos a trabajar en algunos estados en particular, con mayor presencia, inteligencia e investigación, en coordinación con las y los gobernadores”, comentó.

El asesinato del exalcalde cobra relevancia ya que tan solo dos días antes de su asesinato, Arcos Catalán exigió mayor seguridad para poder desempeñar sus funciones, esto luego de que su mano derecho y secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia fuera asesinado.

El proceso electoral más violento con epicentro en Guerrero

La crisis y la violencia política en Guerrero no es una problemática nueva, durante el pasado proceso electoral, el más grande y también el más violento en la historia del país, la entidad encabezó la lista de más políticos asesinados.

En total, fueron asesinados 67 políticos en todo el país, de los cuales 15 ocurrieron en Guerrero, es decir, 1 de cada 5 homicidios ocurrió en la entidad del Pacífico.

De estos políticos asesinados, 7 eran candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular y 8 funcionarios, dirigentes partidistas o colaboradores.

El homicidio de Arcos Catalán no fue el único durante el periodo de cambio de poder en Guerrero, el 17 de junio fue asesinado a balazos Salvador Villalba Flores quien había ganado la presidencia municipal de Copala.

“Queda claro que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país. Como muchas otras atrocidades, este fenómeno es consecuencia de una criminalidad desbordada y de la impunidad con la que actúa”, denunció al respecto la organización social Causa en Común.

Un problema con varias caras y pocas soluciones

De acuerdo con el especialista en seguridad y actual investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Juan Manuel Aguilar Antonio, no existe un factor en común que originen la violencia en los municipios del país, pero sí hay algunos que comparten características.

“El nivel de gobierno municipal es el más pequeño, el menos institucionalizado en cuanto a servicio profesional de carrera y presupuesto, por lo mismo hay muchos alcaldes que se encuentran en un entorno muy adverso porque deben depender del gobierno estatal o de la federación. Esto los obliga muchas veces a tener una relación con el crimen organizado”, explica.

Un ejemplo de esta relación, por ejemplo, sería la de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero y quien tenía una alianza estratégica con Guerreros Unidos para mantener su poder de acción y gobernabilidad dentro del municipio.

“Hay otros casos como el de María de Jesús Montes Mendoza, presidenta sustituta de Aguililla, Michoacán, quien tenía que gobernar a distancia y fue desplazada tanto por las autodefensas como los conflictos de los grupos del crimen organizado.

“Finalmente, hay otro escenario como de Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, que a pesar de la inestabilidad, la violencia política y la violencia social por la delincuencia organizada, porque el municipio es un foco rojo, no ha enfrentado escenarios así e incluso se acaba de reelegir”, agrega el especialista.

Finalmente, el especialista considera que la alternancia política y los cambios de gobierno sí ocasionan presiones políticas y olas de violencia.

“No es mentira que muchos alcaldes o candidatos son apadrinados por el crimen organizado y por las bandas locales, ellos saben que cuando llegan deben de cumplir acuerdos y ser funcionales para los grupos de la delincuencia organizada que los llevaron a esos puestos estratégicos.

“Otra parte del problema es que algunos municipios no tienen siquiera dirección de seguridad pública, algunos no tienen policía municipal, algunos enfrentan problemas antagónicos y tensiones con el gobierno estatal por ser de otro partido, es un escenario complicado para muchos alcaldes en el país”, concluye.