Cuatro de los 16 alcaldes de la Ciudad de México aprovecharon la pandemia para promocionar su imagen e invirtieron millones de pesos en ello, en lugar de destinar esos recursos a la atención de la contingencia sanitaria por COVID-19.
En total, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa gastaron 9 millones 576 mil 551 pesos en contratos de difusión de actividades institucionales o asesorías de imagen.
Los convenios fueron firmados de marzo a junio de 2020, durante lo más grave de la emergencia.
Especialistas consideran que gastar tal cantidad en publicidad cuando existen otras necesidades urgentes por la contingencia sanitaria es poco ético y tiene un tinte electoral.
Por lo cual, los expertos consultados argumentan que el gasto no es justificado pues no va en función de difundir información sobre la pandemia ni atender prioridades, sino de promocionar la imagen de los alcaldes de cara a una posible reelección.
Los contratos de los alcaldes
Según la información sobre los contratos celebrados durante el primer semestre de 2020 disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la alcaldía que más gastó en la difusión de actividades institucionales del 23 de marzo al 29 de junio (desde el inicio formal de la contingencia hasta que la Ciudad de México cambió del color rojo al naranja en el semáforo epidemiológico), fue Gustavo A. Madero, gobernada por el morenista, Francisco Chíguil.
En total, la demarcación territorial destinó 5 millones 696 mil 551 pesos en difusión y asesorías en imagen pública en el periodo referido.
El primer contrato es el que tiene el folio 02CD073P0099120 y fue firmado con Industrias Josmi de México por un monto de 3 millones 800 mil pesos para la asesoría en comunicación estratégica del Gobierno de la alcaldía.
Los productos que se comprometió a entregar la empresa son estudios de opinión pública y análisis así como asesoría y capacitación en comunicación al personal del Gobierno local.
El convenio fue concretado el 19 de mayo pasado, es decir, cuando la ciudad se encontraba en la fase 3 de la pandemia, la de mayor número de contagios.
Mientras que el segundo acuerdo comercial concretado por la alcaldía es el que se identifica con el número 02CD073P0075120 con TBO Media para la difusión de actividades sociales de la administración, por medio de redes sociales.
El monto que pagó el gobierno de Chíguil fue de un millón 896 mil 551 pesos.
El acuerdo se firmó el 1 de abril pasado, a 8 días después de empezar la emergencia sanitaria.
Después de Gustavo A. Madero, la segunda que más gastó fue Azcapotzalco que encabeza el también militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas.
El contrato DGAF/DCCM/ AD/039/2020 se firmó con la persona física Iris Adriana Zurita Enríquez para la realización de videos institucionales para la difusión de las acciones de la administración local.
El monto que pagó la alcaldía fue de 2 millones 800 mil pesos y el documento se firmó el día 28 de abril, durante la fase 3 de la pandemia.
Iztacalco pagó 406 mil pesos para los servicios de difusión de actividades de la demarcación ante medios de comunicación.
Lo anterior se formalizó a través del contrato AIZT/ADS/038/2020 con Demos Desarrollo De Medios, S.A DE C.V el 4 junio de 2020, cuando la capital estaba en el semáforo rojo y apenas comenzaba la reapertura gradual de actividades.
Por último, Iztapalapa, cuya titular es la morenista Clara Brugada firmó el contrato IZTP/DGA/ AD/078/2020 con Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. para el servicio de campañas de información.
El documento indica que la empresa recibió 674 mil pesos por parte de la demarcación y se concretó el día 30 de marzo, siete días después del inicio de la contingencia.
Poco ético
Pagar más de 9 millones de pesos en actividades enfocadas a la promoción de su gobierno durante la pandemia es un acto poco ético por parte de los cuatro alcaldes mencionados, dice Jessica Rojas Alegría, especialista en derecho electoral y académica de la Facultad de Estudios Superiores Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ese gasto se convierte en un tema más grave tomando en cuenta que en los próximos comicios, alcaldes, concejales y diputados locales podrán reelegirse por primera vez en la historia de la capital, dice Rojas Alegría.
Los 9 millones se erogaron antes de septiembre pasado, cuando inició el proceso electoral 2020-2021, por lo cual, la publicidad por la que pagaron con recursos públicos pudo ser con miras a posicionarse para una reelección.
Además, dice, es criticable el gasto porque se hace en un contexto donde hay otro tipo de necesidades como las relacionadas con la salud.
La especialista añade que se tendría que estudiar caso por caso para saber si las acciones de difusión no violan el artículo 134 constitucional que prohíbe la difusión de actividades o programas sociales personalizados por parte de los funcionarios públicos.