La inseguridad en Jalisco ha alcanzado las elecciones. Este fin de semana fue asesinado Juan Carlos Andrade Magaña, Alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, municipio al sur de la entidad. El abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) aspiraba a la reelección.
El munícipe fue emboscado en su demarcación límites con Tepalcatepec, poblado ya perteneciente a Michoacán. La Fiscalía estatal informó que su cuerpo fue hallado a las 8:20 horas del domingo, luego de que la camioneta en la que se transportaba fuera baleada entre los kilómetros 9 y 10 de la carretera Tepalcatepec-Jilotlán, en territorio jalisciense.
Su asesinato acontece en lo Alcaldes en riesgo que MC, partido al que pertenecía, ha catalogado como “la peor crisis de seguridad” de la historia de Jalisco. Tan sólo en el marco electoral ya se han registrado varios ataques a funcionarios con aspiraciones a cargos de elección popular.
Incluso, en los últimos meses han sido asesinados tres aspirantes de distintos partidos en condiciones similares. Primero fue Miguel García González, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Municipio de Casimiro Castillo, quien fue atacado con un objeto punzocortante en el cuello cuando se encontraba en una bodega, el 7 de diciembre pasado.
Un alto número de los funcionarios asesinados recibieron amenazas de muerte por parte de miembros del crimen organizado, según la Asociación Nacional de Alcaldes de México
García González aspiraba a ser el Alcalde de Casimiro Castillo y había sido director de servicios en ese Ayuntamiento. Junto con Jesús Plascencia, otro integrante de Morena en el Municipio, había recibido amenazas por sus actividades, concentradas en la región de Autlán, Villa Purificación y La Huerta, conocidas a nivel nacional por la preponderancia del crimen organizado en dicha región.
Durante el contexto del asesinato de Miguel García, Plascencia narró que había sido golpeado por elementos de la Policía Municipal, y le habían advertido que dejara sus actividades políticas en Casimiro Castillo, por lo cual tomó la determinación de reintegrarse a las actividades en otros municipios.
“Me la sentenciaron y mejor me fui. No dejo de hacer promoción, pero ya no en ese distrito”, dijo Plascencia al diario La Jornada.
Otro de los casos fue el de Salvador Magaña Martínez, líder de MC en el Municipio de La Huerta, quien fue encontrado sin vida en las inmediaciones de su vehículo el pasado 24 de diciembre en la comunidad de El Totole.
Previamente, el operador naranja en la región había realizado un vídeo de denuncia pública donde señalaba el presunto desvío de recursos para actividades electorales en su municipio, ya que había una presunta entrega de despensas por parte del DIF municipal a favor del PRI, según lo que narraba.
El tercer caso, más sonado, fue el asesinato de Saúl Galindo Plazola, diputado local de Tomatlán por el PRD y aspirante a la alcaldía de ese municipio, ultimado el 28 de diciembre pasado.
Galindo Plazola fue atacado mientras se transportaba en su vehículo junto con su hijo; una camioneta de color blanco los interceptó, bajaron seis sujetos y abrieron fuego en contra del aspirante y diputado aún en funciones.
Violencia electoral
La Asociación Nacional de Alcaldes de México, ante este entorno de violencia contra los funcionarios y aspirantes, ha señalado que, tras documentar los casos en las denuncias judiciales, se ha podido comprobar que muchos de los asesinatos ocurridos contra este sector político se dan en un contexto posterior a las amenazas de muerte por parte de miembros del crimen organizado que operan en los distintos municipios.
No es la primera vez que ocurre, el pasado 2 de abril el periódico El Universal documentó que en los últimos siete meses, que se enmarcan con la jornada electoral que se avecina para julio, se han registrado alrededor de 42 políticos asesinados en todo el país.
En Michoacán, por ejemplo, en los últimos días se ha dado una desbandada de aspirantes a cargos públicos que han decidido abandonar el proceso electoral por haber sido objeto de amenazadas del crimen organizado, son de diversos partidos como el Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena.
En diciembre pasado fueron asesinados 3 aspirantes a cargos locales
Desde marzo pasado, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González, había declarado que estos hechos violentos contra aspirantes no habían determinado investigaciones que involucraran información respecto de la situación político electoral. Y aunque no han encendido alarmas con respecto al proceso electoral, el asesinato de los políticos en funciones se hace en el marco de aspiraciones a cargos de electorales.
El 14 de abril pasado, funcionarios del INE Jalisco reconocieron que en la entidad existen diversas zonas del estado en donde se deben utilizar “estrategias diferenciadas”, por el entorno que se viven en las regiones al interior.
Hasta la fecha hay 426 secciones electorales que presentan problemas para la integración de las casillas, donde la inseguridad es determinante en secciones como el distrito 1, en el que se encuentra la Zona Norte que colinda con Zacatecas y Aguascalientes, con cabecera en el municipio de Tequila; el distrito 3 de Lagos de Moreno, el 5 con sede en Puerto Vallarta; y los distritos 6 de Zapopan, 8 de Guadalajara y 13 de Tlajomulco, estos últimos con focos debido a asaltos y otros actos que enmarcan el entorno de inseguridad.
Aunque el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano no han llegado a contemplar con urgencia el tema del narcotráfico y su instalación en algunas regiones de la entidad, cuentan con protocolos de seguridad para casos de delitos comunes, como los asaltos, de los cuales el organismo nacional en Jalisco tiene conocimiento de 15 robos a personal capacitador que se ha desplegado para darle estructura al próximo proceso electoral.
Los crímenes a funcionarios no discriminan partidos, han asesinado a aspirantes tanto de Morena, como de Movimiento Ciudadano y del PRD
Sin embargo el clima de inseguridad en las diversas regiones es determinante para los procesos electorales, más ahora que se sabe del asesinato del alcalde Jilotlán, pues se tiene conocimiento que durante la campaña a al gubernatura en 2012 no se realizó ninguna visita a dicho municipios debido a las condiciones de inseguridad.
