El alcalde de Allende, Jorge Salazar Salazar, niega pertenecer al grupo de despojadores de la zona citrícola de Nuevo León que documentalmente busca apoderarse del rancho “Los 13 Hermanos”.
Por el delito de fraude, la propietaria María Margarita García Castillo denunció penalmente al empresario Manuel de la Garza Robertson, la maestra Lucinda Marroquín Sauceda, los particulares César González Gil y Virgilio González Rojas, y al ex síndico Israel Gómez Palma.
“Usted me dice quién es la persona esa, Robertson o así, probablemente lo haya yo atendido en alguna ocasión, pero no que digas que tenga una relación con él”, dice el munícipe, “(a Gómez Palma) lo conozco de vista”.
A pregunta expresa si pertenece al llamado Grupo Allende, al que atribuyen el plan para quedarse con el terreno, el edil solamente dice que forma parte de la comunidad municipal.
“Yo vivo en Allende, orgullosamente nací en Allende, estudié en Allende, soy notario público en Allende en este momento con licencia, soy presidente municipal de Allende: yo pertenezco a la comunidad allendense”.
Los propietarios del terreno señalan al titular con licencia de la Notaría Pública Número 131 como uno de los responsables del despojo documental del rancho, que inició con una constancia “solicitada” por Alejandro González Guerrero, quien había muerto dos décadas antes del trámite.
El fedatario protocolizó el 4 de noviembre de 2009, el juicio sucesorio testamentario del difunto en una escritura pública que adjudicó el rancho a la maestra Lucinda Marroquín Sauceda.
El alcalde asegura que sólo acató la orden de la entonces juez de lo Civil y Familiar de Montemorelos, Laura Leticia Longoria León, para protocolizar la cesión del juicio: 364/2008.
Un oficio girado el 7 de noviembre de 2008 por la juez solicita al notario el “testimonio de todo lo actuado en autos.
“Lo anterior, a fin de que se sirva proceder a la protocolización del mismo y en su oportunidad remita copia certificada de dicha escritura”, se lee en el oficio: 2087/2008.
Salazar insiste en que a la hora de la protocolización no tenía la responsabilidad de revisar si todos los documentos eran legítimos.
“Yo no tengo la obligación de revisar papel por papel, hacer ‘la prueba del diablo’, como le dicen”.