Desde hace casi dos décadas, los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) se encuentran en situaciones vulnerables que ponen en riesgo su integridad, acusan activistas a favor de los derechos humanos; no obstante, las autoridades afirman que no hay evidencias que confirmen las denuncias.
El caso más reciente es el del Centro de Asistencia Social (CAIS) San Bernabé, luego de que se hicieran públicas las denuncias enviadas a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) donde acusaban maltrato a menores de edad y tratos humillantes, documentados con fotografías, por parte de personal que debe protegerlos.
Tras las denuncias, el DIF capitalino dio a conocer que el asunto ya era investigado; sin embargo, organizaciones civiles señalan que la situación no es nueva y que cada vez se ha recrudecido más, por lo que recomiendan establecer un perfil y un protocolo para la contratación de las personas a cargo del cuidado de niñas y niños de estos lugares.
Tan solo unos días después de que el caso se hiciera público –el pasado 14 de febrero– la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México concluyó que no hay evidencias que confirmen las presuntas violaciones a los derechos humanos de los menores en el lugar.
La CDHCM informó que se llevaron a cabo 41 acciones como entrevistas, certificaciones médicas de estado físico, revisiones de expedientes clínicos y jurídicos, y no hallaron evidencia de violaciones a derechos humanos
Niega CDHCM maltrato en albergues
En la presentación del “Informe Temático Especial: Niñas, Niños y Adolescentes CAIS San Bernabé”, la CDHCM informó que se llevaron a cabo 41 acciones entre las que destacan entrevistas, certificaciones médicas de estado físico, revisiones de expedientes clínicos y jurídicos.
“No existe evidencia que confirme los hechos, como fueron denunciados en la queja, constituyan violaciones concretas hacia el derecho de las niñas, niños y adolescentes del CAIS San Bernabé, a vivir una vida libre de violencia”, dijo Nashieli Ramírez, titular de la CDHCM.
Según las investigaciones, la fotografía donde se observa a un niño de 9 años amarrado desde el cuello hasta los pies es porque el personal de la enfermería lo inmovilizó haciendo uso de las sábanas de la cama, ubicado en el área de cuidados continuos.
Al respecto, activistas por los derechos de la infancia se mostraron sorprendidos por la rapidez de los resultados, así como por la negación del maltrato pese a las pruebas que se presentaron.
“Debo manifestar mi sorpresa por la velocidad, por la contundencia para negar que no hubo violación a derechos humanos cuando la evidencia, las fotos, los videos son bastante contundentes y sobre todo la sorpresa porque creo que esto desprotege y vulnera la seguridad de los trabajadores y las trabajadores que con ética pública y con mucha valentía decidieron denunciar para proteger a niños y niñas”, dice Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Acusan organizaciones violencia sistémica
Los albergues son espacios que se han caracterizado por la precariedad en términos de inversión pública y personal no capacitado, así como graves violaciones a los derechos humanos, lo que ha llevado a que tengan muchas recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señala Juan Martín.
“Ahora cuando se vuelven a presentar estos hechos o a denunciar, pues nos recuerda precisamente que es un tema que no ha cambiado, que han decidido en no cambiar, en no invertir, son espacios más de tipo carcelario, no son dignos para la vida de las personas y se han convertido tristemente en bodegas humanas”, menciona el defensor de derechos humanos.
Un ejemplo es la recomendación 03/2013, dirigida a la entonces Secretaría de Desarrollo Social por el caso del Centro de Asistencia Social (CAIS) “Villa Margarita”, debido a que menores eran encerrados en cuartos de dimensiones mínimas sin ventilación ni iluminación, así como medicados, lo que les provocaba una dependencia física y psicológica, así como trastornos motores y síndromes extrapiramidales.
“Se llega al extremo de amarrarlos de pies y manos, sin tomarse en cuenta las historias de vida de los menores, las cuales se encuentran envueltas en situaciones de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Se da la indicación de mantener a los menores con tratamientos de psicofármacos, por la sencilla razón de que se encuentran cachondos”, se lee.
De acuerdo con Juan Martín, en la presente administración estos lugares han quedado “sellados”, ya que no se les permite a las organizaciones sociales ingresar y conocer las condiciones en las que se encuentran; y pese a que es obligación del Sistema DIF-CDMX supervisarlos, es difícil ser juez y parte y por ello no lo hacen.
“Esto no es un tema nuevo, es un tema estructural, sistemático que estas administraciones han decidido no cuidar y no atender y dejar a los niños en desprotección, cada que salen estas denuncias apagan el fuego, controlan, prometen cosas pero sigue la misma situación”
Una de las medidas es que las organizaciones de la sociedad civil puedan acompañar la investigación y la supervisión de los lugares para mostrar que no se está ocultando nada, mientras que otra es darle seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CDHCM desde el 2003.
“Y aunque parezca una obviedad, si se cumple con la ley no pasaría esto, no se tendría por qué torturar a los niños, no se tendría por qué tomarle fotos, no se le tendría por qué dar un trato despectivo o medicar sin que lo haga un médico”, menciona.
