Al IFE no le salen las cuentas

Las cifras de la Unidad de Fiscalización del IFE no cuadran y las multas a los partidos políticos se quedan, hasta julio, en el tintero. 

El Consejo General del IFE determinó ayer devolver el dictamen referente a los gastos de las pasadas campañas presidenciales.

Con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, la autoridad electoral dispuso que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos haga correcciones a su proyecto de resolución. 

Y es que las sanciones económicas que propuso para las distintas fuerzas políticas no fueron aplicadas con criterios homogéneos.

Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, María Marván y Macarita Elizondo se pronunciaron por retornar el polémico dictamen donde se pretendía imponer una multa millonaria a la coalición de las izquierdas. En el que no se honraba a cabalidad el principio de la transparencia.

Los consejeros encontraron diversas inconsistencias en las argumentaciones respecto a las irregularidades encontradas en los informes de ingreso y gastos de las campañas de los excandidatos a la Presidencia de la República. 

Aun con la revisión de más de 130 mil transacciones, 50 mil comprobantes y 150 mil recibos de ingresos y gasto presentados por los partidos, entre otros, la fiscalización presidencial resultó insuficiente para dar certeza a las resoluciones de la autoridad electoral.

Por tal motivo, el balón se mandó de vuelta a la cancha de la Unidad de Fiscalización. De nueva cuenta está obligada a hacer lo que no hizo: explicar con suficiencia las sanciones que ayer la mayoría del pleno no avaló. 

En el proyecto original de la Unidad de Fiscalización se pretendía sancionar al PAN con 2.2 millones de pesos, por incurrir en 11 faltas de forma y 7 de fondo. A la coalición PRI-PVEM, por 30 faltas de forma, con 54.6 millones; a la coalición PRD-PT-MC por 92 faltas de forma y 38 de fondo con 129.9 millones y a Nueva Alianza por una falta de forma y cinco de fondo con 283 mil pesos.

Pero este dictamen fue desestimado por lo que deberá ser ampliado y mejorado. Tendrá que incorporar todas y cada una de las observaciones sustentadas por la mayoría del Consejo General. En suma, la Unidad de Fiscalización está obligada a explicar a detalle cómo cuadró las cuentas.

En la sesión celebrada este miércoles, el pleno del IFE determinó además, por voto unánime, que se presenten de forma consolidada los gastos presidenciales junto a los que erogados en las campañas de los candidatos a diputados y senadores.

Lo anterior para contar, en palabras del consejero Córdova, con una fotografía panorámica, y no sólo con la visión de algunos cuantos árboles del paisaje del proceso electoral 2012. 

Deliberaciones y jaloneos

Al inicio del sesión el presidente del IFE destacó “la complejidad e intensidad” del trabajo técnico realizado por la Unidad de Fiscalización. Reiteró su reconocimiento a su titular Alfredo Cristalinas, a quien el PAN y el PRD están solicitando remover de su cargo.

Leonardo Valdés abrió boca puntualizando que el dictamen propuesto por esa unidad “no exime a los partidos políticos de las responsabilidades que se deriven de la fiscalización” a las campañas de legisladores.

El segundo en hablar fue el consejero que ya no es. 

Sergio García Ramírez comenzó hablando en calidad de consejero en funciones –aun cuando ya había hecho pública su renuncia al IFE–. Y terminó hablando en calidad de “testigo”, como él mismo lo definió minutos antes de la votación en la que, esta vez,  decidió abstenerse.

Elocuente en su tono, celebró haber dado “tiempo suficiente para la lectura de un dictamen de suma importancia y trascendencia”. Máxime, dijo, “cuando soplan vientos encontrados”.

En calidad de visionario anticipó antes del debate que no será fácil lograr la unanimidad ni dentro ni fuera del Consejo General del IFE. Porque no permite soluciones fáciles el dictamen.

Sin embargo, apeló a “tratar igual a los contendientes”, a mantener, el equilibrio, las simetrías; no respaldar “reglas inequitativas” y a actuar con imparcialidad y  equidad: “Hay que lograr ambas, en armonía”,  y moderar las sanciones.

De este modo fue expresado el mensaje del exconsejero con cuyo voto logró la mayoría para eximir al PRI, el pasado 16 de enero, de triangular dineros no comprobados en el llamado caso Monex.

El siguiente en tomar la palabra fue Lorenzo Córdova Vianello. Expresó que pese a la exhaustividad del dictamen de la Unidad de Fiscalización, el mismo contenía puntos que deben ser subsanados. En especial, aseguró, en lo referente a “las campañas beneficiadas”, que no se acredita debidamente.

Destacando que hay una precaria explicación de lo que la autoridad entiende por beneficio puso sobre la mesa la propuesta que orientó, al final, el sentido de la sesión: votar por devolver el proyecto de resolución.

Y lanzó la otra propuesta que luego sería avalada por consenso. Atender a “la visión panorámica de los gastos”, debido a que las campañas de senadores y diputados se desarrollan al mismo tiempo que la presidencial.

Así se anticipó desde el principio la iniciativa de conformar un nuevo dictamen conjunto.

El consejero Marco Baños se opuso a tal propuesta. 

El dictamen 

Resulta difícil e incongruente argumentar que la Unidad de Fiscalización tendría una “nueva oportunidad” si se regresa el dictamen, afirmó.

En ese tramo de la discusión salió a colación que la “fe de erratas” que había girado la autoridad fiscalizadora, no la conocían a fondo los propios consejeros y representantes de los partidos ante el IFE. Las 70 páginas agregadas apenas las estaban analizando.

Alfredo Figueroa entró a respaldar el voto en contra del proyecto que se discutía al sur de la capital mexicana.

“La mitad del prorrateo es asignada de manera discrecional, indicó.  Mientras unos pidieron el 100 por ciento, otros sólo el 1 por ciento. Y de este modo se acomodó el gasto para no rebasar el tope de campañas, establecido en 336 millones de pesos.

El consejero indicó la necesidad de “establecer un trato igualitario al gasto prorrateable”, tal y como indica el artículo 177 en su inciso a.

Así secundó a Córdova y propuso discutir las multas a los partidos hasta julio.

Apeló a contar con evidencia y criterios de cómo la Unidad de Fiscalización consideró los gastos. 

Y aquí Francisco Guerrero apeló a evitar “las presiones y amenazas”. Arguyó que el reglamento de fiscalización fue aprobado así por varios de los consejeros presentes, “siguiendo la ruta marcada”. Y recordó que Cristalinas fue electo por su “expertise técnico”.

Benito Nacif tomó luego la palabra. Sostuvo que el criterio de interpretación del 177 “mide con vara distintas” a los partidos y que el tope de los 336 mdp terminaba siendo “una mera formalidad”.

Apelando por restablecer el principio de igualdad ante la ley, indicó que en el dictamen sometido a análisis no había suficiente transparencia en las razones y argumentos “sobre el factor de dispersión de los gastos prorrateables”. 

¿Qué método utiliza la autoridad?, cuestionó para pronunciarse también por devolver el dictamen al que pidió hacer tres correcciones:

Que se mida con la misma regla, que consolide gastos de campaña presidencial y de legisladores, y que transparente los criterios y razones “de los candidatos beneficiados por determinada propaganda electoral, para honrar el principio de la transparencia”.

Por su parte, la consejera María Marván completó el cuarteto del retorno del dictamen.

Señalando que la certeza y la objetividad estaban puestas “de cabeza”, subrayó que “la equidad no reside en los dichos sino en los hechos, al dinero y acceso a medios de comunicación masiva y a la cuenta que rinda los partidos políticos”

Sin cuestionar el trabajo y la imparcialidad de la unidad que conduce Cristalinas, indicó el problema yacía en la determinación del tipo de gasto y la distribución de los gastos centralizados.

No cuestionó el inciso b del artículo 177 que, de antemano, considera inconstitucional pero subrayó: “el dictamen carece de una narrativa para argumenta el proceso de fiscalización” y para entender a cabalidad qué es lo que va a votar el Consejo General.

No logra “tener en blanco y negro los beneficios de las campañas”, precisó Marván.

Por último, la consejera Macarita Elizondo definió el veredicto de la sesión.

Se manifestó por ampliar el plazo para analizar y discutir el informe de los gastos de la campaña presidencial.

Pese a referir el no coincidir en cambiar los criterios de prorrateo previstos en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, votó por regresar el dictamen de la Unidad de Fiscalización.

Presente el fantasma del ‘Monex-gate’

El escándalo Monex estuvo presente en la sesión. Los representantes del PAN ante el IFE se encargaron de no perderlo de vista.

Rogelio Carbajal puntualizó que aunque se le atribuye un gasto de 3.9 millones, de los más de 50 millones no acreditados por el PRI, “ni siquiera este dinero está sancionado”.

Es un gasto que no se informa, no se sanciona,  y con ello se privilegia “no tratar igual a los iguales”, dijo.

Cómo entender que al tricolor no se le sancione por no comprobar 50 millones de pesos y a la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador se le sancione con criterios distintos. O que al PAN se le impongan 11 sanciones de forma con 137 mil pesos y al PRI, que presentó 30 faltas, se le multe con 65 mil pesos.

Más aún, agregó, al partido albiazul se le sanciona por no haber puesto un sello en un cheque nominativo emitido a favor de un beneficiario. Pero en el caso Monex, por haber dispuesto “de 44 millones de pesos en efectivo en cajeros automáticos” no hay sanción alguna.

Javier Corral, por su lado, puso sobre la mesa el caso “estrambótico” de la banda El Recodo. Donde se ubica el pago a ese grupo en 121 mil 167 pesos, contrario a lo que dijo la propia banda cobraba: 365 mil 563 pesos.

Y luego, contó que su partido hizo un ejercicio a través de una agencia de espectáculos. Le preguntaron cuánto cobraría por el mismo tiempo con el mismo repertorio y precio en plaza.

Teniendo al propio Cruz Lizarraga en persona, y el presupuesto que enviaron fue por un precio de 1 millón 500 mil pesos.

No cabe duda, dijo el senador panista, que el PRI está cuidando no lastimar la imagen de Enrique Peña Nieto, pero el IFE no debe cuidarle su imagen, “para no despeinarlo ni con el pétalo de una multa”.

Uno de los asuntos más destacado de la sesión de ayer en el IFE fue que el Consejo General aprobó iniciar una denuncia de oficio en contra de las empresas Koleos y Tiguan.

A propuesta de Corral, con cinco votos a favor y tres en contra, se determinó indagar los términos y la legalidad en la que estas empresas otorgaron al PRI más de 60 millones de pesos para fondear las tarjetas Monex, con las que este partido pagó gastos a su estructura territorial en la elección 2012.

Las cuentas según el PRD

De acuerdo a Xavier Garza, secretario de Finanzas del PRD, el prorrateo de los gastos de campaña se ilustra con este ejemplo:

> Si un cilindro costó un peso, 50 centavos debieron cargarse a campaña de AMLO y 50 centavos a la campaña de los legisladores pero…

> Si un cilindro costó un peso, en los gastos de campaña de EPN se reporta costó 1 centavo por unidad.

> De este modo argumenta cómo prorratearon gastos similares con criterios distintos.