Al Heaven en Cadillac

Su nombre, Ricardo Martínez Chávez, el abogado que está en la mira de los diputados del PRD por llevar simultáneamente dos casos polémicos: los desaparecidos del bar Heaven y el aparente falso rescate de mujeres del table dance Cadillac.

El procurador capitalino Rodolfo Ríos y sus colaboradores más cercanos, como el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido, saben muy bien cuál es la historia del abogado Ricardo Martínez Chávez, quien hoy defiende al polémico Alejandro Iglesias Rebollo, propietario del Cadillac, y a algunas madres de familia de Tepito, cuyos hijos desaparecieron en el bar After Heaven.

La sabe el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien durante su gestión al frente de la que enfrenta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoció a Ricardo Martínez Chávez como el abogado de Isabel Miranda de Wallace, cuando la activista desahogaba la parte local de la denuncia de secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.

De la noche a la mañana, Martínez Chávez se convirtió en el defensor incómodo cuando el grupo de mujeres supuestamente rescatadas del Cadillac dijo ante el juez 19 que lleva el caso que estarían dispuestas a revelar los nombres de todos aquellos funcionarios del DF que acuden como clientes al lugar y piden cortesías (botellas gratis y atenciones especiales).

Para evitar controversias por la participación de este abogado, ayer Ricardo Martínez Chávez y su grupo de abogados renunciaron a la defensa del Cadillac, por así convenir a los intereses de Alejandro Iglesias Rebollo, quien no quiere ser blanco de persecuciones políticas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

¿Manipula 
a las rescatadas?

Los legisladores del Sol Azteca acusan a Martínez Chávez de haber amenazado a las bailarinas del Cadillac para que se desistieran de la versión que las señala como víctimas de trata de personas y, en cambio, dijeran que en ese table dance nadie las obligaba a prostituirse y trabajaban ahí por su voluntad.

Reporte Indigo en su edición “El falso rescate del table dance”, dio a conocer sus declaraciones en las que las mujeres abiertamente hablan del acoso que sufrieron en la PGJDF. Luego, fueron a denunciarlo ante la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Cuando el grupo de mexicanas y extranjeras habló, dijo mucho más que eso y señaló al Ministerio Público de obligarlas a firmar una declaración que imputaba delitos de trata de personas al propietario del Cadillac, Alejandro Iglesias Rebollo, y el personal que operaba ese bar.

La declaración echó por tierra de un solo golpe la versión del rescate que adornaba por mucho a la Procuraduría de Justicia capitalina y su titular, Rodolfo Ríos Garza.

Como para las autoridades resulta increíble que las mujeres rechacen una y otra vez ser víctimas. Los legisladores y un grupo de la PGJDF se dieron a la tarea de hacer correr la versión de que Martínez Chávez las había amenazado con boletinarlas para que no consiguieran trabajo en México.

En casos polémicos

No sólo fue abogado de Isabel Miranda de Wallace.

Más tarde, el propio Martínez Chávez colaboraría también en otros casos de secuestros de alto impacto en los que Isabel Miranda de Wallace apoyó a los familiares de las víctimas, como el plagio y crimen de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí, y el plagio y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija del extitular de la Conade, Nelson Vargas.

Aunque Ricardo Martínez nunca apareció dando declaraciones en ninguno de esos casos, se mantuvo como uno de los colaboradores en materia de derecho más cercanos a la presidenta de Alto al Secuestro.

Fue durante esos años que algunos conocieron a Martínez Chávez, pero muchos otros, fundamentalmente aquellos con experiencia y conocimiento en la infraestructura dura del sistema penal, ubican al litigante en algunas de las trincheras duras de la Procuraduría General de la República (PGR).

Cuando Isabel Miranda de Wallace aceptó la candidatura del PAN para contender por el cargo de jefa de Gobierno en contra de Miguel Ángel Mancera Espinosa (por el PRD), el abogado y la activista dieron fin a la relación laboral.

Un fiscal especial

En el año 2002, Martínez Chávez se desempeñó como fiscal especial de Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR (antecesora de la SIEDO, ahora SEIDO) y tuvo bajo su cargo la investigación del llamado Pemexgate.

Durante el escándalo político descubierto y denunciado durante la gestión presidencial de Vicente Fox Quesada, se exhibió que fondos provenientes del sindicato de trabajadores de Pemex fueron utilizados para solventar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000.

Como fiscal especial, Martínez Chávez presentó pruebas circunstanciales por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del grupo que en forma permanente y reiterada desde el año 2000 presuntamente realizaron conductas ilícitas, aprovechando los cargos públicos que ocupaban para hacerse de diversas cantidades de dinero.

En el grupo de los llamados a cuentas se encontraban Rogelio Montemayor Seguy, Juan José Domene Berlanga y Carlos Juaristi Septién, quienes habrían beneficiado a otras personas, como Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto.

Por eso ahora que los diputados locales y federales, Esthela Damián, Efraín Morales, Daniel Ordóñez y Carlos Augusto Morales pidieron al procurador capitalino Rodolfo Ríos que investigue al litigante; el funcionario ya tiene bajo reserva toda esta información.Martínez Chávez no es ningún improvisado en estos quehaceres de defender a personajes polémicos, de tomar casos que están en la mira de la sociedad y de presentar pruebas de uno y otro lado de la justicia: como parte acusadora o acusada.

Por decir menos, el hoy abogado de los antros de Iglesias Rebollo también participó en el caso del secuestro de las hermanas de la cantante Thalía, Laura y Ernestina, quienes fueron plagiadas por la banda de Los Petriciolet, que más tarde resultaron también involucrados en el plagio de Martí.

En sus inicios, el abogado inició su carrera como litigante en la Procuraduría de Justicia capitalina, allá por el año de 1997; luego se incorporó a la PGR, donde conocería a muchos de los funcionarios que están al frente de las instituciones encargadas de impartir justicia a nivel municipal, estatal y federal.

En el caso específico que compete, con Edmundo Garrido, uno de los funcionarios de la Procuraduría local más cercano a las investigaciones de la desaparición de 12 jóvenes del after Heaven.

Será por todo lo anterior que cuando Garrido y el propio procurador Ríos Garza supieron que Martínez Chávez asumió la defensa de las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de antiguos capos de la droga en Tepito, le facilitaron la entrada no solo a las reuniones privadas en el bunker, sino que también le pidieron su opinión profesional del caso.

En los pasillos de la PGJDF corre el rumor que una de las bailarinas del Cadillac se jactaba de haber tenido como cliente a un alto, alto, funcionario del GDF. “Calla, niña, no queremos problemas”, le habrían dicho sus jefes, quienes no quieren ser blanco de clausuras ni operativos.