Las mujeres tienen el derecho a votar y ser votadas, pero esto no se traduce en una representación equitativa en los cargos. Ayer martes, el Congreso local aprobó, con 37 votos a favor, cero en contra y una abstención, la reforma de paridad total durante el periodo extraordinario.
Legisladoras celebraron este avance en Nuevo León pese a que la entidad no estuvo dentro de las primeras.
“Aunque vamos tarde, no debemos restarle importancia porque muestra la voluntad política de los distintos grupos legislativos”, pronunció en el Pleno Karina Barrón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.
En el mismo sentido fue la intervención de la diputada de Nueva Alianza, María Dolores Leal Cantú, también desde el Pleno.
“El Congreso de Nuevo León brilló por su ausencia entre los que aprobaron la reforma constitucional. Tuvimos tiempo para convocar a un periodo extraordinario pero no lo hicimos; 18 días después de que se encuentra ya vigente, apenas estamos aprobándolo”, dijo.
Desde el Poder Legislativo federal empezaron las iniciativas para reformar la Constitución y garantizar la paridad de género en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión.
El 14 de mayo, por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó las reformas constitucionales a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 y la propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.
“Las mujeres queremos gobernar, legislar, administrar, impartir justicia en este país (…) Movimiento Ciudadano, los hombres y las mujeres de este grupo parlamentario, estamos a favor de este dictamen”, pronunció la única senadora de Nuevo León, Indira Kempis, durante el posicionamiento de su bancada.
El 23 de mayo, por unanimidad, el Pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional. La propuesta, con ambas Cámaras a favor, pasó a los Congresos locales para su aprobación.
La reforma debía ser ratificada por más de 50 por ciento de legislaturas estatales, es decir 17. En total, fueron 21 órganos legislativos locales los que la aprobaron y con ello se declaró su constitucionalidad.
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas fueron los primeros estados en avalar la paridad total.
Mientras, Nuevo León se quedaba atrás. El 29 de mayo, la emecista Karina Barrón presentó una iniciativa de reforma a 13 artículos de la Constitución estatal a fin de garantizar la paridad de género en cargos de los tres poderes de gobierno, ayuntamientos, organismos autónomos y en candidaturas postuladas por partidos políticos o independientes.
El 5 de junio, legisladores federales y locales de Movimiento Ciudadano exigieron a la Diputación Permanente del Congreso Local convocar a un periodo extraordinario para avalar la reforma Constitucional a favor de la paridad total, que ya había sido aprobada en 17 estados del país.
Hasta el 11 de junio la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó, por mayoría, la minuta que contiene la reforma constitucional federal que obliga a la paridad total en todos los poderes y niveles de gobierno.
Esta votación se dio cuando la reforma ya era vigente, pues fue avalada, casi de inmediato, por 21 de las 17 legislaturas locales necesarias. Pero en la entidad neoleonesa la paridad total no fue lo suficientemente importante ni siquiera para convocar a una sesión extraordinaria y discutirse en el Pleno, hasta ayer.
Ejecutivo y Judicial sin paridad
La Septuagésima Quinta legislatura es la primera integrada por 21 diputadas y 21 diputados, a raíz de los cambios electorales que obligan a distribuir igual número de curules para mujeres y hombres.
Pero la integración del Congreso paritario en Nuevo León es sólo una forma de hacer efectivos los derechos de un sector de la población estructuralmente en desventaja.
Nuevo León nunca ha tenido una gobernadora. El representante actual del Ejecutivo, Jaime Rodríguez, inició su gobierno en octubre de 2015, cuando la paridad no se contemplaba por ley. Su gabinete está integrado en su mayoría por hombres, pues sólo María de los Ángeles Errisúriz Alarcón es secretaria de Educación, una de las 14 dependencias centrales.
Al frente de los 25 fideicomisos de Nuevo León sólo hay dos mujeres; mientras que sólo son tres en los 27 organismos descentralizados
Asimismo, 10 de 51 alcaldías son gobernadas por una mujer, dos de las cuales son de la Zona Metropolitana.
Si del Poder Judicial se trata, el Tribunal Superior de Justicia del estado, presidido por un hombre, tiene sólo tres mujeres como magistradas, en tanto que en el Consejo de la Judicatura no hay representación femenina.
“Ya tenemos un piso de derechos jurídicos que nos igualan. Sin embargo, hay una realidad en la que las oportunidades efectivas de las mujeres están lejos todavía de las que tienen los hombres”, dijo Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la conferencia magistral “Equidad y paridad de género: cambios sociales, reformas legales y políticas públicas”, que impartió en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Rivera señaló el 12 de junio que uno de los retos de la paridad de género en la administración pública es transitar de los derechos a las oportunidades. Por ello deben existir medidas legislativas no sólo igualadoras, sino compensatorias, para no arrastrar la desigualdad de la ley a la realidad o viceversa.
Indira Kempis, la senadora neoleonesa, ofreció el conversatorio “Retos de la paridad de género en México” el 21 de junio en el Congreso local y mencionó que la lucha no es por las mujeres, sino con ellas, hombro a hombro para acompañar la vida política y ciudadana.
