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Terminó el periodo de gracia del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez.
Los diputados del Congreso de Jalisco están decididos a iniciar una revisión exhaustiva de las cuentas del panista, acusado por sus propios correligionarios de la debacle del PAN en Jalisco.
Para ello formarán un “tribunal de cuentas”, es decir, una nueva institución que sirva para lo que –en palabras de los propios diputados de la Junta de Coordinación Política- la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) no sirvió.
Y es que año tras año, las cuentas del gobierno de Jalisco de la administración pasada fueron palomeadas por el polémico auditor Alonso Godoy Pelayo.
La cuestionada relación entre Godoy Pelayo y González Márquez orilló al Legislativo a buscar una alternativa para una auditoría confiable de lo que se gastó en el sexenio pasado.
La formación del que se convertiría en el nuevo organismo auditor es apenas una propuesta, pero pone sobre la mesa lo que se veía venir en declaraciones de diputados federales y políticos que comparaban el desfalco de Emilio González con el del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier.
Luego de la detención de Rodolfo Ocampo Velázquez, exdirector del SIAPA, y los anuncios de que se revisan cuentas del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) y del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), varios de los colaboradores de Emilio están en alerta.
Uno de estos personajes es Carlos Andrade Garín, director del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, con una mansión de mil 300 metros cuadrados en Zapopan.
Pero con el anuncio de que el nuevo gobierno se está metiendo a fondo a las finanzas del pasado, y que incluso se rastrean datos de los excolaboradores en Hacienda, el resultado de dicha revisión podría llevar tras las rejas a más personajes del gobierno de Emilio.
Los costosos Panamericanos
Si hay un evento en la historia moderna de Jalisco que resuma el despilfarro, los fraudes y la mala administración de la gestión de Emilio González, es la organización de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
A la fecha existen adeudos a proveedores por poco más de 400 millones de pesos.
Y todavía no se sabe exactamente el monto total del desfalco por este magno evento.
De hecho, han sido varias las negativas de las dependencias involucradas -la Secretaría de Finanzas y el CODE- sobre el costo real de los Juegos Panamericanos.
Las cifras sobre lo gastado se decía que iban de los 4 a los 9 mil millones.
La última cifra reportada por el propio gobierno de Jalisco, antes de que terminara, fue de 6 mil 230 millones de pesos, de los cuales 2 mil 689 fueron recibidos de fondos federales.
Lo demás vino de aportaciones del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Guadalajara.
Para justificar el elevado costo del magno evento, se habló en la administración de González Márquez de los beneficios para la economía del estado.
La realidad fue que en marzo de 2012, en la quincuagésima Asamblea del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), se dijo que los Juegos Panamericanos generaron una derrama económica de 10 millones de dólares.
Es decir, una derrama de poco más de 120 millones de pesos, en contraste con un gasto del Estado de 6 mil 230 millones de pesos.
Deuda oculta
La deuda pública sigue creciendo de manera inmoderada. El último crédito del que se tiene registro, según datos del propio Gobierno del Estado, data de febrero del 2013.
Se trata del crédito P14-0312018 contraído con Banobras por mil 39 millones de pesos, no se especifica la fecha de vencimiento.
La deuda pública pasó de 8 mil 830 millones de pesos en diciembre del 2006 a 23 mil 80 millones de pesos en 2013, según registros de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
A eso habrá que aumentarle los saldos negativos que dejó la pasada administración con proveedores de servicios y construcción, que poco a poco van saliendo a la luz.
Escandalosas deudas que el propio titular de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció que no habían sido captadas en el momento de la entrega recepción.
El crecimiento desmedido de la deuda pública de Jalisco es uno de los argumentos por los cuales el Congreso del Estado quiere iniciar un proceso de fiscalización profunda a la pasada administración y crear un nuevo órgano de auditoría.
Emilio González Márquez forma parte de los exgobernadores señalados en San Lázaro por malos manejos en sus administraciones.
González Márquez hizo uso indiscriminado de créditos quirografarios -conocidos como deudas de corto plazo- a fin de sacar a flote eventos como los Juegos Panamericanos 2011.
Reporte Indigo dio a conocer en septiembre del 2012 que el Gobierno del Estado había solicitado un crédito por mil 200 millones de pesos (véase, La deuda secreta de Emilio).
La Secretaría de Finanzas negó mayor información sobre las condiciones del crédito y los fines del contrato.
El Ejecutivo estatal había utilizado el mecanismo de deuda de corto plazo en años anteriores. En 2011, por ejemplo, solicitó cinco créditos: dos por 300 millones, uno de 700 millones, otro más de 410 millones y un último de 400 millones de pesos.
La respuesta a la solicitud de transparencia realizada por este medio no especifica cuándo fueron adquiridos esos créditos, solo se refiere que fueron liquidados en diciembre de 2011.
Poco tiempo después se aceptaría que el dinero obtenido en 2012 a corto plazo era para subsanar deudas de los Juegos Panamericanos.
Aunque aseguraron que no avalarían la mala administración de Emilio González, los priistas lograron negociar con el Ejecutivo y la actual Legislatura avaló renegociar la deuda que era a corto plazo y extenderla 20 años más, aumentando también el monto a 2 mil 439 millones de pesos.
Hoy Jalisco es considerado como el cuarto estado más endeudado del país. Guadalajara está en la lista de los cinco municipios con más deudas en México.
El nuevo rostro de la auditoría
Los diputados del Congreso del Estado analizan una iniciativa que permitiría la creación de un nuevo órgano de fiscalización en el estado.
Denominado “tribunal de cuentas”, el organismo supliría las funciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la que se le reclama que en seis años no sancionó al Gobierno del Estado, pues dichas cuentas públicas tuvieron cero observaciones.
Su titular, el auditor Alonso Godoy Pelayo, ha sido señalado de corrupción en diversas ocasiones, y sin embargo se mantiene en el puesto.
Los diputados, de la actual y la pasada Legislatura, han sido incapaces de destituirlo del cargo a pesar de que se documentó que él y su familia recibieron cheques por más de nueve millones de pesos disfrazados en compensaciones por contratos y vacaciones sin pagar.
La iniciativa para la creación del “tribunal de cuentas” es propuesta del PRI, que contrario a lo esperado prefiere no remover del cargo al auditor y mejor generar una nueva institución con todo lo que ello implica: jaloneo político, presupuesto y nómina a modo.
Aún no se define cómo se administrará esta entidad y si dependerá del Congreso de Jalisco o será un Organismo Público Autónomo.
El tribunal de cuentas es un modelo de fiscalización que se utiliza en la Unión Europea (en específico en España) y en otros países latinoamericanos, como Argentina.
