Al alza, denuncias por corrupción en Tlaxcala

El estado de Tlaxcala que gobierna la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, del partido Morena, presentó un incremento en la incidencia de casos de corrupción durante el año 2022, de acuerdo con los registros de denuncias que elabora su Fiscalía Especializada en el combate de estas prácticas ilícitas.

Aunque una de las principales banderas políticas que enarbolan los representantes de ese partido consiste en la erradicación de la corrupción de los espacios gubernamentales, en el caso de Tlaxcala el indicador disponible de las denuncias por este tipo de hechos sugiere que en el año 2022 el estado sufrió un retroceso en dicho objetivo.

Lo anterior se encuentra plasmado en el “Informe 2021-2022”, del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en el que se advierte con respecto a las labores de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

“Los delitos cometidos por hechos de corrupción se persiguen de oficio, en este sentido la FECC en el período que se informa recibió 381 denuncias, 33% más que en el año 2021; las denuncias pueden presentarse por escrito o por comparecencia ante el Ministerio Público o a través del sitio web de la Fiscalía, los 365 días del año”, indica el documento.

Entre las carpetas de investigación iniciadas por “hechos de corrupción” por esa Fiscalía Especializada se encuentran 41 por el delito de peculado; 16 por cohecho, seis por enriquecimiento ilícito; 213 por abuso de autoridad; 86 por ejercicio ilícito y abusivo de servicio público; seis por uso ilícito de atribuciones y facultades; tres por tráfico de influencias; y dos por delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría de Justicia.

En un solo año las instancias gubernamentales de Tlaxcala, considerando todos sus ámbitos, pueden llegar a disponer de presupuestos públicos que rondan los 23 mil millones de pesos, de acuerdo con información del Órgano de Fiscalización Superior, dependiente del Congreso del estado, lo que evidencia el volumen de recursos públicos que se puede poner en riesgo con las prácticas de corrupción en esa entidad federativa.

En el Informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción se expone cómo se distribuye la responsabilidad de fiscalizar estos recursos públicos, entre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la  Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“De acuerdo a los recursos federales y estatales transferidos y los recaudados directamente por los entes públicos auditados en el ejercicio fiscal 2021, administraron más de 22 mil 955 millones de pesos, de éstos ejercieron 22 mil 803 millones de pesos, por lo que, de acuerdo a criterios cualitativos, cuantitativos, de pertinencia y factibilidad la muestra de revisión fue de 11 mil 986 millones de pesos que equivale al 52.6 por ciento de recursos que manejaron los entes fiscalizables”.

De todos esos recursos, por lo tanto, “más de 9 mil 358 millones de pesos corresponden a recursos del Ramo 33, que son auditados cada año directamente por la ASF”; sin embargo, el Órgano también precisa que más de la mitad de las observaciones y recomendaciones que emitió quedaron sin ser solventadas: “En total se emitieron 16 mil 089 observaciones y recomendaciones, solventaron 7 mil 730 y no fueron solventadas 8 mil 359, que equivale al 52.0%”.

Obra pública

De acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la inversión pública que puede dirigirse en esta entidad federativa hacia los proyectos de obra pública puede rondar los tres mil millones de pesos en un solo año.

En este sentido, el documento señala que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado está equipado con un “Laboratorio de Obra Pública”, precisamente para prevenir y combatir las prácticas de corrupción que suelen prevalecer en ese ámbito de la administración pública, y que pueden redundar en la construcción de infraestructura que no cumple con los estándares de calidad exigidos.

“El Laboratorio de Obra Pública Acreditado permite la realización de pruebas necesarias para que, con base en los resultados, se emita un dictamen de la calidad de los materiales empleados y validar si la infraestructura cumple o no con las especificaciones contratadas”.

El problema, sin embargo, es que el Órgano de Fiscalización Superior no examina la totalidad de las obras públicas que se desarrollan en Tlaxcala, por lo que sigue existiendo una proporción importante de los proyectos –una tercera parte– cuya calidad no es evaluada por esa instancia –persistiendo así el riesgo de corrupción–.

“En 2021, en el estado se ejecutaron 3 mil 951 obras con una inversión de más de 2 mil 900 millones de pesos, lo que representa una inversión relevante que impacta en la vida de las y los tlaxcaltecas. La muestra de revisión fue de mil 912 obras, con más de 2 mil millones de pesos ejercidos, que representan el 66.9% del total de obra ejecutada”.

La impunidad

Además de esta cobertura limitada en la fiscalización de los parámetros de calidad en la obra pública, otra deficiencia que muestra el Informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala se encuentra en la falta de resultados de su Tribunal de Justicia Administrativa.

Según el informe, aunque en el periodo del 15 de agosto de 2021 al 15 de junio de 2022 recibió 11 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS) por casos graves de corrupción, investigados por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de la administración pública local, en ese mismo lapso no emitió ninguna resolución al respecto.

Por ello, en ese periodo, el Tribunal de Justicia Administrativa no impuso ninguna de las sanciones previstas en el marco jurídico para los casos graves de corrupción que deben ser resueltos por esa instancia, como la amonestación privada, la suspensión temporal, la inhabilitación de los servidores públicos involucrados o la destitución de los mismos.

El 31 de agosto de 2021, cuando la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, rindió protesta en ese cargo, dijo: