Con la expectativa a cuestas de que Miguel Ángel Mancera Espinosa podría dejar la jefatura de Gobierno en los próximos días para ir en busca de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica mueve sus piezas en la recta final del año y de la administración.
En el nombramiento de Claudia Luengas Escudero como nueva titular del Registro Civil de la Ciudad de México, el consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias, pidió a los funcionarios “cuidarse de escándalos” en el eventual cierre.
Claudia Luengas remplazará en el cargo al experredista Antonio Padierna Luna, quien presentó su renuncia al jefe de Gobierno hace unas semanas como parte de la estrategia de la corriente Izquierda Democrática Nacional, que se sumó a las filas de Morena.
Antonio Padierna, hermano de la senadora Dolores Padierna, asumió el cargo de director del Registro Civil el pasado 17 de noviembre de 2015, en sustitución de Héctor Maldonado San Germán, quien dejó ese puesto para sumarse a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) como director del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis).
Luengas, la funcionaria que llega en su lugar, se venía desempeñando como directora General Jurídica y de Estudios Legislativos, y entre sus funciones estaban los temas judícos que se entrelazan con la Asamblea Legislativa y los anuncios que se publican en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En la recta final
El consejero Jurídico dio a conocer que el lugar de Claudia Luengas al frente de la Dirección General Jurídica será ocupado por Claudia Nogales, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Manuel Granados explicó en entrevista que Nogales es una de las abogadas que ha encabezado la defensa jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en el tema de la Línea 7 del Metrobús, que ha enfrentado la oposición de algunos grupos vecinales de las delegaciones Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
“Claudia Nogales viene trabajando conmigo desde hace diez años”, precisó Granados.
A partir de mañana 1 de diciembre ambos nombramientos, propuestos por el consejero Jurídico y avalados por el jefe de Gobierno, se harán efectivos.
Con la llegada de Claudia Luengas al Registro Civil, Manuel Granados refrendó el compromiso de buscar que se consolide un edificio más moderno, dinámico y digital.
En el cierre de este año y de lo que parece ser la recta final del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el consejero Jurídico dijo que se abocarán a revisar todas las auditorías pendientes, así como los casos en trámite en tribunales de esta administración.
Respecto a un posible salto dentro del gabinete, ante la eventual salida de Miguel Ángel Mancera, no descartó sus posibilidades.
Relevos en marcha
El gabinete local podría sufrir futuros cambios en caso de que Miguel Ángel Mancera decida buscar la Presidencia de la República en el 2018 como candidato del Frente Ciudadano o sin él.
Aunque ya la fecha límite es el 14 de diciembre para que el Frente Ciudadano aclare cuáles serán los candidatos que los representarán en la jornada electoral del próximo año, Mancera ha pedido reglas claras en la definición.
Con esa posibilidad a cuestas, se reactivan las aspiraciones políticas de muchos secretarios.
Se habla por ejemplo de José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social; del propio Manuel Granados Covarrubias o de Héctor Serrano Cortés, quien renunció a la Secretaría de Movilidad en septiembre pasado para organizar la campaña de Mancera.
Tampoco se descarta al secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, quien incluso podría buscar la candidatura del PRD a la jefatura de Gobierno para suceder a Mancera.
Otro de los funcionarios del círculo de abogados que han acompañado a Mancera desde que era procurador capitalino es Jaime Slomianski, hoy titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y responsable de aterrizar uno de los proyectos más ambiciosos de este gobierno antes de que termine la administración: la planta de termovalorización.
Dicho proyecto fue el que detonó la división y resquebrajamiento al interior de la Asamblea Legislativa, ya que el grupo parlamentario de Morena acusa de que se trata de un negocio que endeudaría por largos años al Gobierno de la ciudad.