Ahora sigue la PGR

El diputado Luis Alberto Villarreal, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, presentó el martes pasado un proyecto de decreto para una reforma constitucional que dote de autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), que pasaría a llamarse Fiscalía General de la República, así como al Ministerio Público Federal.

Con esta iniciativa se busca que la PGR no esté, como se acepta implícitamente, bajo la tutela del Poder Ejecutivo. A quien ocupase el cargo de Fiscal General de la República se le llamaría, de acuerdo con esta propuesta, “abogado de la nación”.

El nombramiento del titular de este órgano se realizaría mediante el voto de dos terceras partes del Senado.

La subordinación de la PGR al Ejecutivo ha implicado que las decisiones de los agentes del Ministerio Público pudieran “estar sujetas a las pretensiones del titular del Ejecutivo Federal y de ningún otro poder estatal, poniendo en riesgo la eficaz procuración y administración de justicia”, según el proyecto legislativo.

Villarreal García considera urgente proponer una reforma que permita al Ministerio Público cumplir más adecuadamente su función constitucional de órgano de persecución de los delitos.

El objetivo de la iniciativa es constituir la Fiscalía General de la Federación como “un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”.

Así, el Ministerio Público dejaría de representar al Poder Ejecutivo, para empezar a representar a la ciudadanía. La igualdad entre las partes, un concepto legalmente establecido y que debería regir el sistema penal acusatorio, sería una realidad.

Además, la iniciativa también propone que los fiscales generales de las entidades federativas también sean “autónomos e independientes de los poderes de los Estados” y las Constituciones y leyes locales establecerían las normas para su designación, organización y su funcionamiento.

Exámenes de confianza a jueces

Otra iniciativa que la facción del PAN busca aprobar, para mejorar el funcionamiento del sistema judicial y combatir la corrupción, es incluir exámenes de confianza a integrantes del Poder Judicial Federal como jueces y magistrados.

Las consecuencias de las pruebas serían una mayor profesionalización y el fortalecimiento de la “seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de sus servidores públicos”.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone poner en marcha un sistema de reclutamiento y selección ágil y fiable, que permita la entrada de los candidatos “más capaces y apegados a principios institucionales de acuerdo a los perfiles de los puestos establecidos”.

El proceso de evaluación, que sería sistemático y periódico para el personal activo, debería constar de exámenes en las áreas patrimonial, de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico y toxicológico.

Estas medidas contribuirían al combate contra la impunidad, que facilita la comisión de delitos asociados al narcotráfico, al crimen organizado y de delincuencia común como robo, secuestro, homicidio o extorsión.

La propuesta busca que la administración de justicia en México sea más ágil, rápida e integral para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.