México enfrenta serios problemas en materia de agua. En cuanto a la distribución del recurso, dos tercios del territorio son zonas áridas o semiáridas, la mayor parte de la población está concentrada en áreas con poco líquido o con difícil acceso al mismo y existe un importante problema de sobreexplotación y estrés hídrico.
En cuanto a la infraestructura disponible: alcantarillado, saneamiento, tratamiento, recolección, riego, así como el mantenimiento de la misma, es insuficiente y en muchos casos obsoleta.
El presupuesto asignado al sector también ha venido reduciéndose de manera radical haciendo imposible cubrir las necesidades actuales del país.
Según cifras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se necesitarían más de 20 años con un ritmo de inversión anual de 49 mil millones de pesos, aproximadamente, para alcanzar la sostenibilidad y seguridad hídrica a nivel nacional.
Por su parte, el más reciente informe de la Cámara de Diputados respecto a la evolución del gasto en materia hídrica, el cual abarca del año 2012 a junio de 2022, revela que en la última década los recursos que se han asignado para atender todas la problemáticas relacionadas con el agua han decaído en más del 50 por ciento.
“De manera consolidada, las tres principales aristas que se deben atender en cuanto al líquido vital: abastecimiento de agua; administración del agua y ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado pasaron de un presupuesto aprobado en 2012 de 50 mil 765.3 mdp a 25 mil 859.6 mdp en 2022, lo que significó una Tasa Media de Crecimiento Anual negativa de -6.5 por ciento, en términos reales”.
Utilizar el mar, los lagos o los ríos como formas de alcantarillado es una práctica que daña seriamente los ecosistemas y la salud de las personas, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua, la aprueba
A pesar de que de manera general todas las áreas que involucran el cuidado de este recurso natural se han visto mermadas, la que más daños ha sufrido es la ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, ya que sus fondos cayeron de 28 mil 350.3 mdp en 2012 a cinco mil 726.5 mdp en 2022.
Parámetros deficientes
Al problema de la falta de recursos, se suman los pobres criterios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para contabilizar a las personas que tienen acceso tanto a agua potable como a alcantarillado.
“La Conagua considera que la cobertura de alcantarillado incluye a las personas que tienen conexión a la red de alcantarillado o una fosa séptica, o bien a un desagüe, a una barranca, grieta, lago o mar”, un parámetro que evidentemente no toma en cuenta el cuidado del medio ambiente ni los derechos humanos más básicos de la población como el acceso a espacios libres de contaminación.
Utilizar el mar, los lagos o los ríos como vertederos es una práctica que daña seriamente los ecosistemas y sobre la cual diversos organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, se han pronunciado en contra.
En cuanto a la distribución del líquido potable, la comisión es extremadamente amplia en sus criterios y no garantiza la calidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda.
“La Conagua considera que la cobertura de agua potable incluye a las personas que tienen agua entubada dentro de la vivienda; fuera de la vivienda, pero dentro del terreno; de la llave pública; o bien de otra vivienda. Los habitantes con cobertura no necesariamente disponen de agua con calidad para consumo humano”
Por su parte, la CNDH, en su documento “El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento”, define el agua potable como “aquella utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar”.
Derecho al agua, sin garantías
El 8 febrero de 2012, a través de una reforma a la Carta Magna, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, se lee en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, son pocos los ciudadanos mexicanos que realmente gozan de este derecho debido a la desigualdad en la repartición de este recurso natural.
En la Ciudad de México, por ejemplo, el promedio de consumo por persona es de 366 litros, no obstante, mientras un habitante de Iztapalapa solo dispone de entre 50 y 100 litros al día, uno de Polanco utiliza hasta 500, reveló el diputado Rubén Moreira el 9 de agosto en su columna de Reporte Índigo
Por su parte, Daniel Jacobo Marín, profesor en El Colegio de San Luis y autor de “El acceso al agua en México ¿un derecho humano?”, explica que el país tiene una población superior a los 126 millones de habitantes y una disponibilidad promedio de agua de 4 mil 416 m³ por habitante al año, sin embargo, advierte que la mayor parte del agua disponible en el país es destinada a los sistemas de irrigación agrícola y a la industria.
“A través de la historia de México, la distribución del agua ha sido causa de polémica, por ello una relación bilateral conformada por gobierno y población que tenga como fin un aprovechamiento más eficiente de esta fuente natural de vida es fundamental para el país.
“No es necesario vivir la escasez para tomar conciencia, razonar y analizar que es hoy cuando debemos actuar en conjunto, cuidar y conservar el agua, pues día con día está más lejos de ser accesible para todos”, dice.
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