Pretender aglomerar a los medios públicos en una sola entidad de información gubernamental, y disminuir al mínimo las oficinas de comunicación de las entidades gubernamentales, como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, implicaría un retroceso, afirmó Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
El mandatario federal mencionó que cada uno de los medios de comunicación del Estado tiene su propia política, por lo que es necesario crear una coordinación para articular todos los datos y mensajes públicos, con el propósito de garantizar a los mexicanos el derecho la información.
Sin embargo, acotó Trejo Delarbre, si se trata de mejorar los medios públicos en México con este modelo, “habría que pensar en que no estuvieran subordinados al gobierno, sino que tuvieran un manejo presupuestal y editorial diferentes”.
Ante el anuncio de reducir al mínimo las oficinas de prensa de las entidades federales, consideró la necesidad de “ver bajo qué criterios ocurriría, y las consecuencias que esa decisión. Hasta ahora, en lo único en que pudiera redundar esa medida sería en el reforzamiento de un discurso único, centralizado y unipersonal del Gobierno Federal. No se sabe al día de hoy cuál sería el alcance de esa decisión. El intento de una racionalización administrativa podría convertirse en nuevos conflictos burocráticos”.
Es entendible que se busque ahorrar recursos, pero algunas organizaciones sociales y ciudadanos inquietos por el derecho a la información han alertado sobre la posibilidad de que la centralización de instituciones dedicadas a la comunicación implique el impulso de un discurso único en detrimento de la diversidad que ha existido en los medios de carácter público.
“Habría que determinar las consecuencias de la centralización de las oficinas de comunicación social de las dependencias de gobierno. Hasta ahora en lo único que puede redundar esta medida es en el reforzamiento de un discurso unipersonal”, reiteró.
Publicidad y medios de comunicación
También, como parte de los lineamientos de la política de comunicación gubernamental, se anunció la reducción de la publicidad al 50 por ciento, acción que afectaría a los medios en general. Sin embargo, aún faltan precisiones, como saber bajo qué criterios se asignará la publicidad recortada y cuáles serían los efectos.
Aunque el Estado “no tiene por qué gastar dinero fiscal para anunciarse en los medios de comunicación, las entidades gastan enormes cantidades del presupuesto; aunque no hay una estimación, son decenas de miles de millones de pesos cada sexenio para difundir decisiones y acciones”, resaltó Trejo Delarbre.
“Si el Presidente dice que no se trata de favorecer a ningún medio, entonces tiene que especificar con qué principios se asignarán los recursos para que, por ejemplo, algunas televisoras no reciban mucho más que otras. Pero, inevitablemente habría medios que desaparecerían”.
El universitario propuso que en lugar de disminuir 50 por ciento la publicidad oficial, ésta “tendría que ser cancelada por completo: ni un peso de dinero fiscal a los medios de comunicación. Yo sé que esto es muy impopular, porque existen centenares de medios impresos, principalmente, que dependen de la publicidad oficial para vivir”.
Este cambio tendría que ser parcial, en un periodo de transición de al menos dos años, acotó el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Además, acotó, una segunda medida sería que el Estado cree un fondo de respaldo a la prensa de calidad, y que una comisión independiente integrada por periodistas, académicos y sociedad civil (que no dependa del gobierno) maneje ese fondo, que podría equivaler a un porcentaje pequeño de lo que hoy es la publicidad oficial, y destinarse a patrocinar publicaciones culturales, en lenguas indígenas y locales, entre otras.
Para normar ese fondo, propuso: “en ningún caso el dinero otorgado a cada medio debería ir más allá del 50 por ciento de sus ingresos, además de trabajar para recibir el respaldo de la sociedad. Tampoco debería entregarse por más de dos años, para que se vaya renovando”.
Por último, recordó que el Estado tiene acceso a tiempos que los medios deben conferirle (tiempos oficiales). La ley los obliga a brindar al gobierno espacios de 30 minutos en radio y televisión abierta y, por otro lado, también existe un tiempo fiscal. Con eso, el Estado tendría lo suficiente para difundir avisos de emergencias por desastres, o campañas de vacunación.
Con información de DGCS/UNAM
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