“Implica la prevención razonable, la investigación exhaustiva, la sanción proporcional y la reparación suficiente”
Los recientes hechos de acoso sexual y violencia de género en la Universidad de Guadalajara (UdeG) difundidos en redes sociales, pusieron de manifiesto que la casa de estudios no está preparada con herramientas institucionales para responder a incidentes de esta índole.
Primero fue la exposición pública que logró un grupo de alumnas de la práctica conocida como “buitreo”, una forma de acoso sexual multitudinario con gritos y silbidos hacia las mujeres del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), donde se ha normalizado.
Después, la difusión de la clase de un profesor de su prepa 10 con expresiones misóginas y denigrantes hacia las mujeres, aunque este hecho, aún en investigación, parece apuntar a que el clip se editó sobre una ejemplificación que hacía el docente de lo que es un trato machista.
Ambos casos evidenciaron que la UdeG no se ha armado con mecanismos específicos para atender la violencia de género, como lo expuso Reporte Indigo el pasado 27 de enero en el reportaje Acoso en el campus.
La UNAM no está exenta de este tipo de violencia hacia las mujeres de su comunidad universitaria, de hecho, en sus aulas y espacios se registraron 350 agresiones sexuales en el periodo 2007-2016, y el 93 por ciento de las víctimas fueron mujeres: alumnas y empleadas docentes y administrativas, según sus archivos.
Lo que distingue a la UNAM de la UdeG, empero, es que aquella emitió desde agosto de 2016 su Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, mientras que en esta apenas y comienza a discutirse de manera pública la necesidad de contar con uno.
Este protocolo contiene fines y atributos que no están previstos en ningún lineamiento de la UdeG, pese a que ha sido escenario de al menos 46 agresiones sexuales, principalmente hacia sus alumnas y empleadas, en ese mismo lapso, y de las que solo en 20 se reporta la imposición de sanciones.
El protocolo
El Protocolo de la UNAM establece los pasos precisos que sigue ante un caso de violencia de género, y aporta un elemento básico aún irresuelto en la UdeG: define cuál es la instancia responsable de encabezar las acciones en esta materia: la Oficina de la Abogada General.
El artículo 13 dice que esta Oficina “será la instancia responsable de coordinar y asesorar la atención y seguimiento de los casos de violencia de género en la Universidad”.
Y la cual “acompañará a las personas que consideren haber sido víctimas de violencia de género desde la presentación de la queja hasta la conclusión del procedimiento (formal o alternativo) y, en su caso, durante la etapa de seguimiento a las sanciones y acuerdos de mediación (artículo 16)”.
En la UdeG, ninguna de sus normas asigna a alguna área la responsabilidad de liderar los esfuerzos contra la violencia de género, de ahí que el tratamiento de los casos esté fragmentado en múltiples áreas sancionadoras, sin criterios unificados.
El documento de la UNAM define medidas de urgencia para salvaguardar a las víctimas de violencia; y su asesoramiento para que denuncien penalmente. En la UdeG, de las 46 agresiones sexuales solo ocho llegaron a una averiguación, pese a tratarse de delitos.
Además de la obligación de crear una figura orientadora “en cada entidad académica, dependencia administrativa o instancia universitaria” de la UNAM, para asesorar a cualquiera que lo requiera en el uso y activación del protocolo (artículo 13, fracción VI).
Cero impunidad
El protocolo de la UNAM establece la obligación de impedir la impunidad sobre la violencia hacia las mujeres, con el concepto de debida diligencia: “Implica la prevención razonable, la investigación exhaustiva, la sanción proporcional y la reparación suficiente”.
Una de las tareas de la Oficina de la Abogada General es “vigilar (…) el cumplimiento de las sanciones impuestas por las autoridades competentes en casos de violencia de género (artículo 13, fracción V)”.
El protocolo cita múltiples ejemplos de violencia de género desde chistes sexuales u obscenos, gestos ofensivos corporales, contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, pedir favores sexuales para subir calificaciones, aprobar materias, etc.
Este instrumento deriva del Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género, que emitió el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, el 29 de agosto de 2016.
Aulas de peligro
Espacios de UNAM con más agresiones sexuales 2007-2016:
Unidad Agresiones
FES Cuautitlán 31
FES Acatlán 27
FES Iztacala 23
Fac. Ciencias Políticas y Sociales 13
Fac. Filosofía y Letras 13
Fac. Derecho 12
Fac. Medicina 12
CCH Sur 11
CCH Oriente 10
CCH Vallejo 10
CCH Azcapotzalco 9
Sufren más acoso
De los 350 casos de violencia sexual en la UNAM, principalmente hacia las mujeres de su comunidad universitaria –alumnas y empleadas docentes y administrativas-, 98 se clasificaron como abuso sexual (28 por ciento); 113 como acoso (32.2 por ciento); 115 como hostigamiento (32.8 por ciento) y 24 como violación (6.8 por ciento).
Estos hechos entre 2007 y 2016 victimizaron a 325 mujeres, 21 hombres y cinco sin precisar, según el informe de la solicitud de información 6440000096216, mientras que los agresores fueron 343 hombres, cinco mujeres, y dos sin precisar.
La incidencia muestra un crecimiento de esta violencia sexual en los últimos años en la UNAM: en el 2007 fueron dos casos y en el 2016 se elevó hasta los 95 (a noviembre).
Los registros de la Oficina de la Abogada General de la UNAM reportan sanciones sobre 194 de los casos de violencia sexual o el 55 por ciento; del 44 por ciento restante se detalla este estatus:
Remitidos al Tribunal Universitario, siete; sin sanción, 48; con desistimiento, 18; agresores ajenos a la UNAM, 36; prescritos, uno; no se identificó al agresor, tres; con conciliación, cuatro; improcedentes y sin efectos, ocho.
