La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Reforma Judicial provocará la destitución masiva de personas juzgadoras.
Este martes se llevó a cabo una audiencia para analizar la Reforma Judicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue en dicho foro que la jueza Juana Fuentes manifestó que sus principales preocupaciones en torno a la reforma judicial son:
• La destitución masiva de personas juzgadoras.
• El cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular.
• La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
• La regresividad de derechos laborales.
También acusó que la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes que trastoca el equilibrio de poderes y con ello.
“La Reforma justifica una purga masiva de juzgadores bajo un argumento de corrupción generalizada que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias y destituye a los 1,800 titulares federales a través de un proceso de insaculación (tómbola), la mitad en 2025 y los restantes en 2027, violando su garantía de permanencia en el cargo”, advirtió.
La directora de la JUFED cuestionó al Estado mexicano sobre si la corrupción se combate a través de procesos electorales, la justificación para destituirles y si se garantizará el debido proceso a quienes sean removidos del Poder Judicial.
“Es claro que el Estado no puede responder ninguna de estas preguntas, pero además, esta reforma incumple los estándares internacionales, de contar con un poder judicial robusto e imparcial”.
Juana Fuentes también explicó que el nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular no garantiza la selección de candidatos idóneos e independientes, ya que los requisitos para participar en el proceso electoral no consideran la experiencia judicial ni la formación académica.
“No será el pueblo quien elija a los jueces, sino los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, electo por voto popular, representa una seria amenaza para la independencia judicial y vulnera la garantía del derecho a un juicio justo y la libertad de criterio de las personas juzgadoras”
Prueba de ello, dijo, es el desacato a las resoluciones judiciales y la persecución y ataque a personas juzgadoras como una forma de eliminar los medios de impugnación contra los actos que vulneran derechos humanos.
Este martes, señaló, se produjo el primer ejercicio de interacción respecto a la reforma judicial con el Estado, fuera del país y en esta instancia.
“Honorables comisionados, no permitan que México transite ese camino. En nombre de todos los jueces, magistrados y ciudadanos que creen en la justicia y en el México libre que merecemos, les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no es sólo de México, sino de toda América”.
Por su parte, el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, dijo que la reforma judicial es un ejemplo de “constitucionalismo abusivo”; por ello, se cuestionó si no resulta sospechoso que un gobierno que arrasa en las urnas busque la elección de jueces.
“Esto un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro. Un gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?”.
Juezas, magistradas y ministras destituidas por una mujer
La Jueza Claudia Hurtado enfatizó que más de 400 mujeres impartidoras de justicia en México serán destituidas por otra mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Cuatrocientas ochenta y seis mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal, seremos, paradójicamente, invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así, le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que, desafortunadamente, no, no llegamos todas”.
En su turno, la comisionada Andrea Pochak, relatora para México, advirtió que la reforma judicial como esta planteada y fue aprobada por legisladores, implica riesgos, ya que se puede perder la legitimidad y confianza en el sistema judicial mexicano.
“Cuál es el diagnóstico que oriento la reforma, si ese diagnóstico es conocido, qué estudios expertos tuvieron en cuenta. Por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó al Poder Judicial. Qué medidas concretas se van a implementar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral”.
Durante la audiencia, el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Antonio Moreno Solano, reconoció que no hay un diagnóstico, mientras que para evitar la injerencia del crimen organizado no habrá dinero privado y se creará un Tribunal de Disciplina.
“No existe un diagnóstico; sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar el Poder Judicial. Respecto a la pregunta de cómo se evitará la interferencia de organizaciones criminales, de dinero indebido; por un lado, no habrá financiamiento privado y existirá un órgano de disciplina judicial”.