Adultos mayores en el olvido: pendientes por legislar 18 iniciativas en su favor

En menos de un lustro la población de 60 años o más en México aumentó arriba del 15 por ciento y se prevé que conforme avance el tiempo el país sea cada vez más viejo.

Debido a esta situación, es tarea de los legisladores trabajar en reformas con visión de futuro, pero poco están haciendo al respecto.

Si bien la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece los derechos específicos de esta población, es necesario reformar otras leyes relacionadas con el fin de armonizarlas de acuerdo con la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo de este plan de acción es el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, así como la creación de un entorno propicio y favorable. Además, sirve de base para la formulación de políticas públicas y planes gubernamentales en favor de esta población.

Otro de sus objetivos es reorientar la manera en que las sociedades perciben a los ciudadanos adultos mayores, se relacionan con ellos y los atienden.

Actualmente, las 18 iniciativas en la materia que han sido presentadas en el Congreso de la Unión muestran avances que van de la mano con el enfoque de la ONU, pero mientras las reformas sigan congeladas y no se materialicen, el país continuará con una deuda con la vejez mexicana.

Para 2050, un cuatro de la población será adulta mayor

De acuerdo con datos de la Proyección de la población en México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, del Consejo Nacional de Población, para 2020 existían en el país 14 millones 192 mil 760 personas de 60 años o más, para 2024 la cifra se elevó a 16 millones 421 mil 678 personas de edad, es decir, un incremento de 2 millones 228 mil 918 de adultos mayores.

Para 2050, se prevé que la cifra llegue a 33 millones 400 mil adultos mayores. Así es que, mientras en 1950 residían cinco personas mayores por cada 100 habitantes; en 2020, esa cifra creció a 12 personas; y, para 2050, 23 de cada 100 personas serán adultos mayores, casi una cuarta parte de la población.

El incremento en el número de personas mayores implica la atención de demandas sociales específicas y estas solo se satisfacen con reformas legislativas y con la aplicación de políticas públicas distintas de las que se plantean en una sociedad más joven.

Al respecto, la investigación “Marco legal y de políticas en favor de las personas mayores en América Latina”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas el reto está en contar con una estrategia clara desde antes.

“El desafío se centra en cómo enfrentar este reto a través de la definición de estrategias claras que garanticen —junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir con los objetivos fundamentales de la política presupuestaria—, un nivel de vida digno para las personas mayores, permitiéndoles favorecerse del bienestar económico de su país y participar activamente en la vida pública, social y cultural.

“Los adultos mayores son uno de los grupos a los que se les reconocen derechos colectivos —al igual que a las mujeres, los grupos indígenas y las personas que viven en la pobreza— debido a su situación de desventaja social, por lo cual junto con el reconocimiento de sus libertades esenciales deben disfrutar del ejercicio de derechos sociales para vivir con seguridad y dignidad, lo que exige un papel activo del Estado, sociedad y de sí mismos”, señala la investigación.

Derechos y reformas pendientes en el Congreso de la Unión

Entre los principales derechos de las personas mayores establecidos en la Declaratoria Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, se encuentran promover la participación de las personas mayores en la sociedad, brindar oportunidades de empleo, atender el envejecimiento en las zonas rurales, brindar oportunidades de educación durante toda la vida y promover el acceso a los alimentos, la vivienda y la atención médica.

También, mejorar los espacios urbanos y las viviendas para favorecer la independencia de este sector, eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia y fomentar un mayor reconocimiento público de la autoridad, la sabiduría y la productividad de las personas de edad.

Si bien en México el artículo 4º de la Constitución establece el derecho de una pensión por parte del Estado y existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que cubre, en esencia, lo ordenado en la Declaratoria de Madrid, faltan los cómos, es decir, leyes secundarias y de operación que traduzcan estos lineamientos en políticas públicas y programas específicos.

Actualmente existen en el Congreso de la Unión 18 iniciativas de reforma que ayudarían a complementar y fortalecer la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Una de ellas propone una reforma al artículo 4º constitucional para que el Estado junto con la sociedad y la familia sean responsables de garantizar la protección integral de las personas mayores y faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de las personas mayores, estableciendo las bases para la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado.

Además, existe una iniciativa para reformar el Código Penal Federal para que el delito de abandono de adultos mayores y personas con discapacidad se persiga de oficio y otra que busca cambiar la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores estén obligados a contratar a personas adultas mayores.

Con la entrada, en los próximos meses, de una nueva Legislatura, se abre la puerta para que senadores y diputados comiencen a saldar una deuda y a sentar las bases para un mejor futuro.