Aristóteles Sandoval, mandatario de Jalisco, presentó una iniciativa ante el Poder Legislativo para lograr la homologación de la normativa local en lo concerniente al sistema penal de adolescentes.
Del documento turnado a las comisiones legislativas de Juventud y Deporte, Trabajo y Previsión social, y de Puntos constitucionales, se puede leer que lo propuesto por el Ejecutivo busca se cambien algunos artículos sustanciales en las leyes de Justicia Alternativa, la del Instituto Jalisciense de las Mujeres, de Atención a la Juventud, y las leyes orgánicas de la Fiscalía del Estado y de la Procuraduría Social.
De acuerdo con un informe especial elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los adolescentes y el sistema penal, Jalisco se encontraba en el tercer lugar de población de adolescentes internos en algunos de los tres centros destinados para esta población.
La entidad registró 271 adolescentes, 260 hombres y 11 mujeres, sólo por debajo de Chihuahua y el Estado de México, primer y segundo lugar, respectivamente.
Esto a pesar de que, como señala el informe especial, entre 2014 y 2016 hubo una disminución del 21 por ciento de la población adolescente en conflicto con la ley, entre otras cosas, posiblemente por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Recientemente María del Refugio Esparza López, directora operativa del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica (CEDAT), explicó a Milenio Jalisco que el nuevo sistema de justicia permitirá la liberación de casi 50 mil jóvenes en todo el país.
Se señala que en el primer semestre de 2017 se redujo un 54 por ciento el número de los adolescentes retenidos, de acuerdo con las nuevas medidas del sistema penal para esta población.
Según las cifras, el 86 por ciento de los adolescentes fue privado de su libertad por primera vez, según adolescentes encuestados por CEDAT, de los cuales sólo cinco por ciento del grueso poblacional en Jalisco se negó a participar en el estudio.
El 40 por ciento de los residentes del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco ya habían cometido algún tipo de delito.
Medidas tardías
La necesidad de homologar las leyes no es un tema nuevo . Desde 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal señaló a Jalisco como uno de los estados que requiere modificar el andamiaje legal para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“La presente propuesta contempla la actualización de conceptos básicos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco con la finalidad de clarificar y homologar las definiciones de acuerdo con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, se destaca en la iniciativa.
No es una reforma cualquiera, pues garantizaría dar certeza a una población severamente victimizada y violada en sus derechos por parte de las autoridades, como lo evidencian las cifras respecto del proceso de enjuiciamiento y su posterior ingreso a los centros de privación de la libertad para cumplir sus penas.
“Se pretende que las autoridades jurisdiccionales en Materia de Adolescentes cuenten con la debida especialización para la atención a menores y atendiendo los nuevos principios del Sistema Penal Acusatorio Oral”
Por ello, en el texto del gobernador, en la exposición de motivos para el Congreso local, se puede leer que esta iniciativa busca garantizar la atención y asesoramiento integral de las partes que se ven involucradas en la justicia penal de adolescentes, es decir, se brindaría apoyo sobre todo en aspectos jurídicos, psicológicos, médicos, entre otros, concluye el documento del Ejecutivo estatal.
Principales delitos
De acuerdo con la CNDH, uno de los delitos que más aparecen en los historiales de los adolescentes retenidos son el de robo con violencia y el homicidio.
Aunque los estudios en la materia refieren que muchos de estos delitos se dan al calor de las situaciones, en donde los homicidios son productos de enfrentamiento o pleitos y el robo se hace sin premeditación o bajo el influjo de sustancias adictivas.
Mientras que una minoría de los adolescentes que se encuentran internados en los centros de Jalisco están por casos de secuestro, robo de vehículo, delincuencia organizada, violación y parricidio.
Del grueso de esos delitos que constituyen , son únicamente los hombres quienes han estado bajo proceso, salvo en el caso de dos mujeres, por secuestro en 2016.
Sin el debido proceso
Para quienes es su primera vez en estos centros y llegaron por los delitos cometidos el panorama no es sencillo.
El Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, elaborado por Elena Azaola, y que cuenta con el aval del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), muestra que el sistema penal no les brinda un debido proceso a los adolescentes.
De los datos recopilados por el diagnóstico destaca que el 76 por ciento de los adolescentes refirió haber sido severamente golpeado al ser detenido, el 62 por ciento dijo que no se les informó de los delitos por los cuales lo acusaban, y el 23 por ciento dijo que no le informaron de sus derechos al ser detenido.
En tanto que el trato por parte de las autoridades destaca de forma negativa en el estudio, pues el 75 por ciento de los adolescentes refirió haber sido maltratado por la policía, 41 por los agentes del Ministerio Público y 11 por ciento por su propio abogado.
Una cifra similar a esta última se repite en quienes señalan que el juez no los escuchó ni tomó en cuenta su testimonio.
¿Qué se busca?
El Ejecutivo plantea modificar el andamiaje legal para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en lo referente a justicia para adolescentes:
>Regular el funcionamiento y organización de los órganos que integra el Poder Judicial Estatal, incluyendo a las nuevas figuras emanadas de las reformas al Sistema Penal y del cual es parte integrante el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
>Otorgarle las atribuciones y responsabilidades que por ley le han sido conferidas.
>Proveer la especialización adecuada para la atención a menores.
>Garantizar la atención y asesoramiento integral de las partes que se ven involucradas en la justicia penal de adolescentes.
>Brindarles apoyo en aspectos jurídicos, psicológicos, médicos, entre otros.
