Adolescencia robada

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Cristian ha vivido demasiado en muy poco tiempo. Nació en una zona rural, en una familia que se dedicaba a la siembra de mariguana. A los 8 años vio el cuerpo desmembrado de su padre, a los 10 fue reclutado por el crimen organizado, a los 12 cometió su primer asesinato, entre los 13 y 14 recibió entrenamiento militar y fue ascendido a sicario.

Dos años más tarde fue detenido por hechos relacionados con grupos delictivos y recibió una medida privativa de 5. Hoy está a un año para salir de ahí.

Su historia se narra en el “Estudio de Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes que cometieron delitos de alto impacto”, elaborado por la organización Reinserta, el cual fue presentado recientemente.

Él es uno de los 6 mil 144 adolescentes en conflicto con la ley en México, de los cuales mil 512 tienen alguna medida privativa de la libertad por delitos de alto impacto, es decir, por cometer crímenes como asesinatos, feminicidios, robos o secuestros a una edad en la que los estudios y los juegos deberían ser su prioridad.

Estos adolescentes son un sector de la población invisibilizado y desdeñado por la sociedad y por las autoridades, quienes ignoran sus historias y los factores que los llevaron ahí. Ahora, el reto para el próximo gobierno es tener estrategias contundentes para integrarlos y evitar que más niños y niñas tengan una vida delictiva en el futuro.

Reinserta entrevistó a 502 adolescentes privados de su libertad en 10 estados del país: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.

Para la gran mayoría de estos jóvenes en centros de internamiento en México, los juegos y las aspiraciones profesionales no existieron en su infancia, la cual estuvo marcada por situaciones de violencia intrafamiliar, traumas y consumo de drogas que aceleraron su entrada al mundo delictivo, revela el documento.

El 91 por ciento son hombres y el 9 por ciento mujeres, mientras que el promedio de los adolescentes es de 17 años de edad y el 21 por ciento tiene un hijo o más. El ingreso monetario en seis de cada 10 de sus familas era menor a siete mil pesos mensuales.

De los jóvenes entrevistados, el 27.6 por ciento dijo que en su entorno familiar había consumo de sustancias como alcohol o drogas, el 31.9 por ciento señaló haber bebido alcohol de forma frecuente y el 33 por ciento indicó que estaba intoxicado por algún tipo de sustancia cuando cometió el delito. El estudio indica que el uso de drogas en menores adelanta la entrada al mundo delictivo.

La organización da nueve recomendaciones basadas en los hallazgos encontrados entre las que urge desarrollar políticas públicas centradas en adolescencia y juventud; y que se fortalezcan los factores de protección, el involucramiento y la participación ciudadana juvenil.

También programas de prevención de abuso de drogas y sustancias, incluyendo el consumo de alcohol desde la educación básica, pues hay niños que desde los 10 u 11 años empiezan a consumirlas.

Además se urge la implementación de un modelo de reinserción nacional, que puedan considerarse como testigos protegidos y un protocolo de desmovilización con pautas para que las distintas instancias públicas y la sociedad civil puedan organizarse y garantizar la seguridad de los jóvenes que quieran desvincularse de los grupos delictivos o están bajo amenazas graves y no pueden regresar a su comunidad.

Para Ana Paola Sáenz Jiménez, investigadora de Reinserta, se debe de voltear a mirar las necesidades de niños y a los adolescentes con políticas públicas para atacar el problema.

“En realidad las políticas públicas están adultocentralizadas, creo que es muy importante empezar a ver esta población y que las voluntades políticas se vayan a esa parte.

“Por ejemplo, empezar a construir espacios seguros para un ocio estructurado, otro ejemplo sería dar apoyos que existan espacios seguros para poder dejar a los hijos, donde los niños y las niñas se puedan quedar al resguardo de personal especializado, no de la televisión y de las abuelas. Crear espacios para que esos niños no estén sueltos y expuestos a la violencia”, agrega Sáenz Jiménez.

También se impulsará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en la que se beneficiará con becas a 2.6 millones de personas de entre los 18 y 29 años en situación vulnerable que no estudian ni trabajan, para que continúen su preparación académica y se alejen de conductas antisociales.