El Gobierno federal anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cierre del histórico penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Aunque no se informó el destino de las instalaciones, el Gobierno -sin avisar al gobierno de Enrique Alfaro– decidió de manera unilateral y publicando en el documento oficial el cierre de las instalaciones para que el Centro federal de Readaptación Social no. 2 deje de operar.
Los reos de ese centro penitenciario se calcula que son menos de 400 en la actualidad. En la prisión había alrededor de ocho módulos con cinco pasillos en los que había entre 13 y 15 celdas en cada uno.
“Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente serán trasladadas a los Centros Federales de Readaptación Social que determine el comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Respecto a los trabajadores, en el acuerdo se explica que se respetarán todos sus derechos pero serán reubicados a otros centros penitenciarios federales que determine el comisionado de Prevención y Readaptación Social.
Puente Grande fue el primer penal de alta seguridad en la historia en ser burlado por un interno tras la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para el expreso político David Vargas Araujo, hoy asesor de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y quien estuvo recluido en Puente Grande acusado de secuestro durante seis años, termina una era de exterminio en la que se violaron los derechos de muchas personas con acusaciones falsas.
“Puente Grande es como un monstruo vestido de gris porque todo es gris ahí, las paredes están pintadas de gris y hacia donde voltee es nada más color gris. Es una pintura que tiene su sentido. Que psicológicamente deprime. Todo está pintado de gris”, explica Vargas Araujo, quien tiene un años y ocho meses de que salió de la cárcel.
Él pertenecía al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y estaba en una reunión con 12 profesores que eran parte del movimiento político de la CNTE en Oaxaca, con quienes fue detenido por la Policía Federal y policías vestidos de civiles quienes los dirigieron a una casa de seguridad y los interrogaron, posteriormente los acusaron de haber plagiado a una persona que jamás ratificó la acusación.
“Me tapan la cabeza, empiezan los golpes, me empiezan a torturar fuerte. Y nos llevan a una casa clandestina en donde van llegando los profesores y la candidata en la tarde, casi a la misma hora que yo, con quienes yo estaba reunido. Y van llegando mucho más maestros conforme va pasando el tiempo”, explica en su relato.
Es decir, el secuestro jamás existió y con el cargo de delincuencia organizada -que se configuró para incluir al resto de profesores- ingresó al centro de máxima seguridad. El proceso para ser dirigido a una zona de alta peligrosidad en ese penal estaba definido por un examen de 20 minutos.
“Nos ponen a todos nosotros como personas de alta peligrosidad. Casi todos los que van a Puente Grande son personas de ‘alta peligrosidad’ y ese perfil lo hace un estudio criminológico que finalmente es un estudio psicológico, pedagógico y médico pero que lo hacen en 20 minutos y a partir de ahí te clasifican en un perfil que no es real”.
Por esta clasificación, a Vargas Araujo le tocó ingresar en un módulo en el que estuvo con José de Jesús “Chango” Méndez Vargas, considerado como uno de los cabecillas de la organización criminal de La Familia Michoacana, los hermanos Cabrera, narcotraficantes de Durango y de la Sierra de Chihuahua; los Salazar, vinculados con el Cártel de Sinaloa y Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hoy preso en Estados Unidos.
“A mí me toca por cuestiones inminentemente políticas, no hay un sustento jurídico que avale el secuestro ni delincuencia organizada porque yo trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados y presentamos pruebas de todo”, explica.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del mes de diciembre de 2015, en Puente Grande había 873 presos procesados y solo 84 de ellos con sentencia. El escritor J. Jesús Lemus, quien estuvo preso acusado injustamente más de tres años narra que es un aliciente el cierre de Puente Grande.
“Para mí en lo personal representa un alivio finalmente porque significa el cierre de la cárcel más brutal que existe en el país donde no se respetaban los derechos humanos de los internos y porque Puente Grande es una cárcel dimensionada en la misma proporción que Guantánamo, que administra Estados Unidos en Cuba y Abu Ghraib, de Irak, que son las cárceles más brutales del mundo, de acuerdo con Amnistía Internacional”, explicó el autor.
Actualmente, el escritor promociona un texto sobre Genaro García Luna denominado El Licenciado, en el que toma historias contadas por los reclusos en el tiempo en que estuvo en prisión. Antes también tenía bibliografía al respecto.
“Me agrada mucho que ese cierre venga después de lo que yo he publicado en dos libros: El último infierno y Los malditos, donde hago referencia mucho al trato inhumano y cruel que se da dentro de la prisión y que, hasta antes de esos dos libros, nadie lo había referido, ni mencionado. Me siento muy contento por ese cierre”, expresó Lemus.
Considera que hay un viso de buena voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se permita la violación de los derechos humanos.
“El cierre de esta cárcel representa terminar la sentencia anticipada de muchos presos que, aun sin ser juzgados, estaban siendo tratados como delincuentes”, comenta el autor. “Yo tengo fe en que al ser reubicados a otras cárceles se les respeten sus garantías individuales, su derecho a la alimentación, a la comunicación, al sol, al aire… que estaba prohibido prácticamente dentro de Puente Grande”.
