[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_3979a7hn” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La campaña presidencial no ha comenzado oficialmente y ya cobró su primera baja en el Congreso: los consensos entre los partidos políticos.
La falta de acuerdos y de voluntad política para sacar adelante tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores asuntos que son considerados de suma importancia para el país están entrampados y con escasas posibilidades de aprobarse.
El nombramiento del Auditor Superior de la Federación, donde ya existe una terna aprobada por los diputados desde diciembre, es el claro ejemplo de cómo la batalla que se libra en el proceso electoral por la presidencia ha afectado la actividad legislativa.
El próximo 15 de marzo se hará un intento por realizar el nombramiento en la Cámara de Diputados, donde se requieren al menos los votos de 333 legisladores, sin embargo, la falta de acuerdo entre las diversas bancadas podría ser un obstáculo para que realmente se lleve a cabo.
La alianza del PRI, PVEM y Nueva Alianza reúne 259 votos; mientras que el Frente por México que integra al PAN, PRD y MC POR LAURA ISLAS laura.islas@reporteindigo.com alcanza sólo 180. Entre Morena, el PES y el PT suman apenas 60 congresistas.
Si no se aprueba en la fecha prevista, la terna formada por Salim Arturo Orcí Magaña, Ángel Trinidad Saldívar y David Rogelio Colmenares Páramo será disuelta y se tendrá que reiniciar el proceso de elección nuevamente. Además la elección se retrasaría hasta después de las elecciones del domingo primero de julio.
De elegirse uno de los 3 candidatos, éste estará a la sombra de Juan Manuel Portal, quien terminó su periodo como auditor el pasado 31 de diciembre con revisiones que pusieron en la mira los malos manejos en las administraciones de exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo.
Desde que comenzó su periodo en 2010, la Auditoría a su cargo reveló desvíos de recursos de programas públicos, dependencias federales y universidades, pese a que uno de sus puntos débiles es que pocas denuncias han sido sancionadas.
El martes 6 de marzo durante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hubo un acuerdo entre los líderes de los partidos políticos para aprobar el jueves 8 de marzo el tema de someter al pleno el nombramiento del auditor.
Ese día, en otra sesión de la Jucopo, el coordinador del PRI, Carlos Iriarte, mantuvo la intención de aprobar el punto, sin embargo, Francisco Martínez Neri, el coordinador del PRD y Macedonio Salomón Tamez, de Movimiento Ciudadano, lo pospusieron y pidieron que no se votara y se cambiara hasta la próxima semana.
El PRI interpretó la resistencia del PRD y de MC de aprobar al auditor como una medida de parte del PAN y de su coordinador Marko Cortés de dilatar este proceso con la intención de reventarlo para que no se alcancen los consensos y el proceso de elección deba ser reiniciado de nuevo.
No sólo el nombramiento del Auditor Superior de la Federación está pendiente.
Lo está también la designación del nuevo Fiscal General de la Nación, el Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados que conformarán parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De estos últimos, 15 serán para las salas especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas y 3 para crear la Tercera Sección de la Sala Superior.
El nombramiento del Fiscal General Anticorrupción está pendiente desde hace más de 3 años en el Senado.
Christian Salazar Montiel, académico de Derecho de la FES Acatlán, de la UNAM, señaló que el rezago de los nombramientos es una violación a la Ley al no respetarse el periodo establecido, sobre todo en temas tan complejos como el SNA o la Fiscalía General de la República.
“El asunto es muy claro, muy clarito, no quieren los distintos grupos parlamentarios arriesgarse a darle una verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República, pues implicaría que se desataran muchos procesos de investigación y que la Fiscalía tuviera las herramientas legales para poder ejercer acción contra muchos funcionarios, es evidente que ese es el motivo por lo que no quieren y no hay que perderlo de vista; por eso expiran las negociaciones, por eso señalan que no hay consensos”
Sin embargo, no existe una sanción porque el responsable genérico es la institución, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores en su conjunto, lo que hace poco claro a quien se le debería de responsabilizar.
“Lo que se debería de hacer es legislar al respecto para imponer sanciones en dado caso de que no se apruebe una ley que ellos mismos establecieron y que ellos mismos pusieron plazos y, lo más importante en este momento, es presionar y hacer evidente que esto es una violación a la ley y que debe tener consecuencias”.
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