El Senado de la República aprobó este martes en lo general y particular, por mayoría de 91 votos y 24 en contra, reformar la Ley Federal de Consulta Popular, cuyo objeto central es la adecuación y actualización de la legislación secundaria en la materia.
Con ello se prohíbe preguntar a la gente si continúa o no en el cargo el presidente de la República o algún otro gobernante; en contraparte, se puede realizar para conocer si la ciudadanía quiere o no que se realice una obra pública (no en ejecución), entre otros rubros.
En lo particular se registraron 71 votos a favor y 47 en contra.
En lo general, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y MC votaron en contra, al igual que la panista Martha Márquez, quien consideró que se trata de una “simulación”, aunque el panista Damián Zepeda aseguró que con estos cambios se acaban las “consultas patito”, además de que se bajó de tres a un año el periodo en el que se pueda realizar este tipo de ejercicio.
El PRI, en voz de Claudia Ruiz Massieu, argumentó estar a favor del dictamen, pero rechazó que se contemple el voto en abstención en las consultas populares que inaugura escenarios en los que la mayoría de los votos se pudieran expresar por esta alternativa.
Lo anterior, al favorecer residualmente el sí o el no; cuando se llegara a 40 por ciento de la participación requerida para que fuese vinculante.
“La norma propuesta la tenemos que analizar en su extremo máximo. Y este es el que puede desnaturalizar todo el sentido de esta figura de democracia directa”, dijo la senadora, quien recibió el apoyo de los perredistas con los mismos argumentos: “O sí o no”.
En ese sentido, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, también criticó la inclusión de un recuadro en la papeleta referente a la abstención:
Eso es una aberración y un sinsentido solo para aumentar la participación ciudadana. No puede haber una consulta de abstención o un no sé
Durante la sesión a distancia, Ricardo Monreal manifestó que los 18 cambios contemplan una democracia de participación directa con la modificación del artículo 35 de la Constitución, para disminuir las restricciones del derecho de la ciudadanía a las consultas populares derivado de la reforma al mismo recurso legal en 2019.
Destacó que, con base en la reforma la Ley Federal de Consulta Popular, se establece que un número equivalente a 2 por ciento de ciudadanos en la lista de electores de los municipios y estados involucrados, pueda solicitar consultas federales si estas tienen un impacto en sus comunidades.
En el dictamen se señala que la consulta puede ser anual y se realice el primer domingo de agosto de cada año y no cada tres como se estableció inicialmente, además de que se agrega lenguaje incluyente.
Asimismo, se establece que el Instituto Nacional Electoral sea el encargado de la promoción y la difusión de la participación ciudadana y dispone que se suspenderá a la propaganda gubernamental, cuyo fin sea la promoción de la consulta y se busque un beneficio proselitista.
Se integra, como finalidad del Instituto Nacional Electoral, la de asumir mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos de consulta popular, además de que deberá ocupar la misma infraestructura y capital humano que uso para la jornada electoral inmediato anterior.
