Gabriel Regino García, abogado de Juan Carlos Álvarez Blanco y Otilia Berenice González Neri, padres de dos jóvenes muertos en las instalaciones del Tec de Monterrey durante el 19s, acusa que están “enfrentando a un monstruo” por la pasividad en la investigación que lleva la Procuraduría General de Justicia capitalina en este caso.
La defensa legal de estas familias asegura que no cederá ante la presión para conseguir que la Procuraduría General de Justicia llame a cuentas a una de las instituciones educativas privadas más poderosas del país.
Ambas padres señalan dos omisiones puntuales del Gobierno de la Ciudad de México y del Campus: primero, la validación estructural que dio a la escuela el Director Responsable de Obra, Alejandro Diego González del Pliego, luego del sismo del 7 de septiembre, sin que el Invea ni la Secretaría de Protección Civil pidieran informe; segundo, que se haya privilegiado el retiro de escombros sobre el rescate de las víctimas.
Con esas acusaciones a cuestas y a poco más de dos meses del terremoto en el que se colapsaron los puentes que mataron a los estudiantes Juan Carlos Álvarez Díaz y Édgar Michel Azano González, sus deudos no ven ninguna luz en procuración de justicia.
Familiares de los estudiantes Juan Carlos Álvarez Díaz y Édgar Michel Azano González interpusieron el recurso
“El 19 de septiembre de 2017, con motivo del segundo movimiento sísmico (el primero fue el del 7 de septiembre), los puentes que unían los edificios aulas 2 y aulas 3 cayeron provocando la muestre de nuestros hijos, quienes sólo tenían esa ruta de escape desde la cafetería”, sostiene los padres de familia.
Retener licencia de demolición
Con esa “parálisis” en la investigación, ambas familias presentaron el pasado 14 de noviembre una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que fue turnada a la Tercera Visitaduría General, según el expediente CDHDF/III/122/TLAL/17/D7815.
En función de esa queja, explica el abogado Gabriel Regino, se requirió a la delegación Tlalpan, así como al área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, rindan informes sobre los hechos señalados en el escrito de queja, documento en el que se solicitaron medidas cautelares.
“En nuestro carácter de víctimas, solicitamos la emisión de medidas cautelares a efecto de que el Gobierno de la Ciudad de México impida la demolición de los edificios aulas 2 y aulas 3, cuyos puentes cedieron y privaron de la vida a nuestros hijos”.
“Solicitamos la emisión de medidas cautelares a efecto de que el Gobierno de la Ciudad de México impida la demolición de los edificios aulas 2 y aulas 3, donde cuyos puentes cedieron y privaron de la vida a nuestros hijos”
Además piden que el Gobierno capitalino no autorice el inicio de actividades escolares en ese campus hasta que sus autoridades determinen la seguridad estructural y funcional del mismo.
La queja hace hincapié en que la Procuraduría de Justicia no retrase la investigación ya que desde el 30 de octubre de 2017 se presentó la denuncia de hechos sin que hasta la fecha se les haya pedido ratificar la mismas, lo que constituye una tercera omisión que piden a la CDHDF investigar.
También la CNDH se pronuncia
Respecto al Tec de Monterrey y el Colegio Enrique Rébsamen, escuelas en las que murieron alumnos durante el sismo, la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificó a la Procuraduría General de Justicia local el inicio de los expedientes CNDH/2/2017/6980/Q, CNDH/2/2017/6982/Q y CNDH/2/2017/6983/Q.
Solicitó la implementación de medidas cautelares, a efecto de no alterar los inmuebles colapsados después de las labores de rescate y preservar las evidencias, así como el acceso a los mismos, específicamente al Colegio Enrique Rébsamen, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y a los edificios ubicados en Zapata 56 y Saratoga 714.
Piden justicia
Omisiones señaladas por los padres de familia en el documento entregado a la CNDH capitalina:
> La validación estructural que dio a la escuela el Director Responsable de Obra, Alejandro Diego González del Pliego, luego del sismo del 7 de septiembre, sin que el Invea ni la Secretaría de Protección Civil pidieran informe.
> Que se haya privilegiado el retiro de escombros sobre el rescate de las víctimas.
> La Procuraduría de Justicia retrasa la investigación, pues desde el 30 de octubre que se presentó la denuncia de hechos no se les ha pedido ratificarla.
Donarán objetos abandonados
Tras varios días de silencio por la polémica que rodea al campus Tec de Monterrey Ciudad de México, la institución anunció ayer que ayer todos los artículos abandonados en sus instalaciones de Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, Tlalpan, por alumnos y profesores.
“Última oportunidad para recoger artículos. A los alumnos y profesores que dejaron sus pertenencias dentro de los salones durante el sismo del 19 de septiembre, se les comunica que los objetos que no sean reclamados a más tardar el 22 de noviembre serán donados”.
Desde ese día, la comunidad universitaria de ese plantel escolar no regresó a clases debido a los daños en las instalaciones. En una estrategia para no perder el ciclo escolar, los alumnos toman clase en línea a través de un programa que les permite interactuar desde una computadora con sus maestros.
Debido a los daños que sufrió el edificio del Tec de Monterrey, además de los muertos y heridos, cientos de alumnos decidieron no volver a pisar esas instalaciones por temor, desechando reclamar sus propiedades.
Las mochilas, ropa, laptops y otros artículos fueron depositados al interior de bolsas de plástico para que los integrantes de la comunidad escolar que estuvo ese día en la escuela y salió para ponerse a salvo, pudiera reclamar lo propio.
No obstante, muchos, por el mensaje del propio Tec, apostaron por perderlos antes que volver.
