Acusan discriminación por vivienda
Una parte de la comunidad otomí asentada en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, lucha por un predio para vivir dignamente, pero acusa discriminación por su origen indígena
David MartínezMiembros de la comunidad indígena otomí que habitaban el predio de Roma 18, en la alcaldía Cuauhtémoc, acusan ser víctimas de discriminación por parte de las autoridades, la empresa que les está disputando la propiedad y vecinos de la colonia Juárez.
Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, los habitantes indígenas abandonaron el predio por ser considerado de alto riesgo, situación que usó la inmobiliaria Eduardo S.A de C.V para demandar la propiedad como suya y comenzar a limpiar el terreno.
Sin embargo, desde hace 30 años que los integrantes de la comunidad otomí vivían ahí y desconocían si la propiedad tenía algún apoderado.
En la década 1930, Roma 18 era la embajada de España en México, pero para el año 1985 ya estaba abandonado.
“La comunidad otomí no tenía un lugar donde vivir, ni un lugar para estar con la familia. Comienza a buscar de una forma autónoma un lugar y encuentra este predio, a partir de ese entonces es como se ubican en el inmueble”, afirma Diego García, director de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).
La comunidad tomó el espacio y vivió ahí durante más de 30 años sin tener algún papel que acreditara su propiedad legítima.
La enorme necesidad de vivienda es impresionante, hay una franja que atiende a una parte, atiende a un sector de la comunidad que es como se resuelve una parte de la problemática, pero hay una población que no puede acceder a la vivienda que son las comunidades indígenas y desempleados
El Gobierno capitalino anterior reconoció que los otomís tienen derecho en Roma 18; sin embargo, los afectados acusan que los dados están cargados para la empresa.
“Nos dijeron que cualquier solución debe ser aceptada por la inmobiliaria, para nosotros que están coludidos Gobierno y empresa”, afirma Filiberto Margarito Juan, miembro de la comunidad otomí y del Concejo Indígena de Gobierno.
Desde el sismo del 2017, la comunidad otomí vive en un campamento frente a Roma 18.
Discriminación por defender su hogar
Margarito Juan informa que ofrecieron 10 millones de pesos por el predio pero la inmobiliaria se burló.
“Primero, nos discriminó, porque se burló y dijo que de dónde íbamos a sacar nosotros el dinero y después lo rechazó”, señala.
Recursos que pensaban recaudar a través de diversos apoyos, tanto federales como locales, para las comunidades indígenas.
Después del sismo, el campamento afuera del predio molestó a los vecinos de la Juárez.
“Dicen que somos asaltantes o drogadictos, no nos quieren porque le damos mala imagen a sus negocios”, refiere el indígena otomí originario de Santiago, Querétaro acerca de la discriminación de los vecinos.
Margarito Juan señala que todos los integrantes de la comunidad otomí que se dedican a trabajos como la venta de artesanías o limpian parabrisas, son honestos.
Estela Quirino, otra integrante de la comunidad otomí, afirma que los niños también son víctimas de discriminación.
“A mí no se me hace justo que estén jugando los niños y a los vecinos les moleste, les dicen: ‘ay quítate, vete para allá’, cuando nuestros hijos no hacen nada”, menciona Quirino
La mujer afirma que tanto colonos de la Juárez como ellos tienen el derecho a una vivienda digna en la zona.
No obstante, no sólo padecen la discriminación por parte de los vecinos también sufren el acoso policial.
Quirino indica que el 19 de septiembre de 2018, cuando la comunidad otomí cumplió un año de vivir en un campamento, llegaron elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para desalojarlos.
“Los policías que vinieron a desalojarnos no nos enseñaron ningún documento, nos vinieron a quitar y a agredir”, acusa la mujer de origen otomí.
El representante de la UPREZ señala que la autoridad inventó un documento judicial para retirar el campamento.
“Hicieron un operativo muy fuerte en consecuencia de una sentencia que emite el juez donde argumentan que hay una orden de desalojo contra una persona y lo que nos suena a pretexto porque la orden era desalojar del inmueble a alguien que ni siquiera vivía aquí”, explica.
Después de ese intento de desalojo, fue cuando el Gobierno, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes instalaron una mesa de trabajo para dar una solución al problema.
En las mesas de negociación también participa la inmobiliaria, la cual se ha negado a venderles la propiedad.
Por ello, la comunidad otomí solicita al gobierno de la ciudad expropiar el predio de Roma 18.
A pesar de las mesas de negociación, el 30 de mayo, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Nuñez, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaron a un grupo de otomíes que tenía su campamento en Londres 7, el otro extremo del predio.
Lo que incrementa el temor de que la policía y el alcalde vayan a retirar a quienes están en el campamento de Roma 18.
En el lugar viven actualmente 80 familias con casi 100 menores de edad.
Sin acceso a la reconstrucción de la vivienda
La comunidad otomí tampoco pudo acceder a la reconstrucción debido a que no cuenta con ningún documento que acredite su propiedad.
“Planteamos al Gobierno de la Ciudad, al comisionado de la reconstrucción, César Cravioto, de que este inmueble y otro se inscribieran en la plataforma Salva tu Casa MX, pero no.
“Pedimos estar en el programa de reconstrucción y la respuesta fue tajante; no son arrendatarios, no son propietarios, no tienen de manera justificada y legal la posesión”, menciona Diego García.
Entonces, conforme a los reglamentos del Instituto de Vivienda (INVI), solicitaron, al tener más de 30 años viviendo en Roma 18, oportunidad de registrarlo en el programa de Alto Riesgo Estructural de la dependencia.
La falta de vivienda fue una de las causas que llevó a la comunidad otomí a ocupar Roma 18, anterior sede de la embajada de España en México
Sin embargo, el INVI se negó porque la comunidad otomí no tiene los antecedentes registrales de la propiedad.
Con el dictamen del Instituto de Seguridad para las Construcciones (ISC) podrían acreditar que vivían en el lugar; sin embargo, el INVI tenía que solicitarlo.
