La demandante asegura que el Ayuntamiento sampetrino no cumplió con el procedimiento formal para reglamentar al órgano
Señalan que la Mesa de la Justicia Administrativa, con la que se pretende regularizar desarrollos inmobiliarios, es inconstitucional porque el Municipio de San Pedro no realizó una consulta ciudadana para analizar su creación.
Esto sucede a la vez que ayer el Cabildo sampetrino avaló someter a la opinión de la comunidad el nuevo Reglamento de Zonificación.
La falta de consulta es el principal argumento con el que una vecina de la colonia Valle de San Ángel pretende combatir la regularización de la torre de departamentos Nubo, a través de una demanda de amparo que interpuso la semana pasada.
El recurso legal fue presentado el viernes por el abogado de la inconforme, Alberto Sada Robles, y fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, donde se espera que esta semana resuelva si se concede, o no, la suspensión provisional.
La vecina planteó el juicio para combatir la creación del organismo, así como del Consejo Ciudadano y el Consejo Académico que lo integran, porque no se consultó a la población, según la demanda a la que tuvo acceso Reporte Indigo.
El instrumento de negociación donde se regularizarán obras con anomalías fue impugnado debido a que el Municipio de San Pedro incumplió con lo previsto en los artículos 16 y 115 de la Constitución Mexicana.
Mientras que el primer ordenamiento garantiza la legalidad, el segundo contempla que los ayuntamientos tendrán la facultad de aprobar reglamentos y disposiciones administrativas que aseguren la “participación ciudadana y vecinal”.
Según la demanda, el Municipio no tomó en cuenta la opinión de la comunidad, ya que no realizó una consulta previa a la creación de la Mesa de la Justicia, cuya constitución fue publicada el pasado 1 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.
La demandante asegura que el Ayuntamiento sampetrino no cumplió con el procedimiento formal para reglamentar al órgano.
Proceso que cestablece que se deben analizar las propuestas de los ciudadanos y después divulgar las conclusiones a través de los medios de comunicación.
Lo anterior ocasionó un “vicio de legalidad” del procedimiento.
“Incumplió el Ayuntamiento de San Pedro Garza García con ‘los menesteres’ de atender, escuchar y estar al tanto de las necesidades del particular”, se lee en el recurso.
El amparo también tiene el objetivo de evitar la regularización, a través de esa instancia de negociación municipal, de la torre de departamentos Nubo, en la colonia Valle de San Ángel.
El permiso para construir el edificio, ubicado en el número 110 de la avenida San Ángel, entre las calles Mont Blanc y Castillo Chambord, fue expedido por el exsecretario de Control Urbano, Aldo Decanini, el 29 de junio de 2011.
El litigio en los juzgados federales se deriva del retiro de los sellos de una suspensión impuesta a la obra, el pasado 12 de septiembre, luego de un proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.
La clausura definitiva de la torre, sin embargo, fue levantada “sin razón o motivo alguno” por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que ahora está a cargo de Cecilia Ortiz, según relata la vecina en sus agravios.
La demandante asegura que estas acciones trastocaron su derecho a un medio ambiente adecuado, de acuerdo con diferentes protocolos y planes internacionales.
Por lo tanto, el amparo solicita la suspensión provisional o definitiva de los actos del Municipio, para que nuevamente sean colocados los sellos y listones de clausura en la edificación.
La agraviada combate la regularización de la obra porque viola su derecho de seguridad jurídica, contenido en el Artículo 14 constitucional, ya que la Mesa de la Justicia carece de “competencia”.
El amparo pide que el Ayuntamiento sampetrino y la Secretaría de Desarrollo Sustentable no procedan a extender la vigencia de la licencia de construcción del inmueble, que fue otorgada a los particulares Adán Héctor Lozano Arrambide y Óscar Sánchez García.
Las irregularidades en la torre fueron detectadas en una inspección realizada por la autoridad el 6 de junio de 2012, cuando Aldo Decanini aún formaba parte de la administración municipal.