El afectado presentó una queja el 20 de junio de 2011, pero fue hasta octubre que el organismo inició el procedimiento de conciliación
Ricardo Bucio Mujica, presidente con licencia del Conapred, es acusado de discriminación por una víctima de actos discriminatorios por parte de la CFE por ser portador del virus VIH.
En la denuncia contra Bucio Mujica, aspirante actual a convertirse en el próximo Ombudsman de los Derechos Humanos en México, se asegura que el titular del Conapred congeló un expediente con fines políticos para proteger a la administración del expresidente panista Felipe Calderón.
Bucio Mujica forma parte de un grupo de funcionarios federales que están denunciados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante los órganos de control de la Secretaría de la Función Pública.
En la denuncia se señala que Bucio Mujica incurrió como presidente del Conapred en actos administrativos irregulares para retrasar intencionalmente la resolución de una denuncia por discriminación contra la CFE.
El afectado asegura en la queja que Bucio Mujica actuó con falta de la debida diligencia, parcialidad e incurrió en demora injustificada para resolver su caso.
La denuncia de la víctima contra la CFE se presentó el 20 de junio de 2011 en el Conapred, pero el organismo encabezado por Bucio Mujica resolvió hasta el 30 de noviembre de 2012, justo el día en que concluyó el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
El retraso en este procedimiento ocurrió, pese a que el Conapred tuvo acceso a los elementos de prueba que confirmaban la discriminación que sufrió el afectado desde la parte inicial de la investigación.
En el procedimiento de responsabilidad patrimonial se reclama, además de la dilación de las autoridades, una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la tardanza en resolver la denuncia.
Hace cuatro años, el afectado presentó una solicitud para trabajar en la CFE, pero la empresa paraestatal, como parte de su procedimiento de contratación, le practicó un examen médico incluyendo pruebas para detectar el virus del SIDA.
Los resultados dieron positivo y el personal de recursos humanos de la CFE le comunicó al solicitante que no podía contratarlo por estar contagiado de esa enfermedad.
Este caso reveló que la CFE practicaba de manera sistemática pruebas de VIH como parte de su proceso de selección de personal.
El afectado presentó una queja en el Conapred el 20 de junio de 2011, pero fue hasta el mes de octubre de ese año que el organismo encabezado por Bucio Mujica inició el procedimiento de conciliación entre las partes.
Entre la denuncia y la resolución del Conapred, transcurrieron un año siete meses sin que el organismo emitiera su resolución a pesar de las pruebas que contaba.
El quejoso presentó las pruebas de sangre que la CFE le realizó sin su consentimiento para detectar el virus del SIDA.
‘Incurrió en encubrimiento’
Pedro Morales Aché, abogado de la víctima, asegura que Bucio Mujica retrasó su resolución para proteger los intereses de la admnistración federal panista.
“Bucio incurrió en un encubrimiento de su personal que a pesar de contar con todas las pruebas no actuaba”, señala Morales Aché.
“Este retraso injustificado nos acredita fehacientemente este trato clientelar que tiene Bucio”.
El abogado compara la tardanza de su caso con la celeridad que tuvo Bucio Mujica para resolver asuntos presentados por el investigador Sergio Aguayo.
“Ricardo Bucio le da un trato privilegiado a aquellos aliados políticos y académicos que tiene”, dice Morales.
Conapred, agrega el abogado, terminó discriminando a su cliente, una práctica que se supone debe de combatir.
“Conapred en ese actuar termina discrimando y termina obedeciendo a una serie de intereses políticos en lugar de combatir la discriminación”.
En la recomendación el Conapred, el organismo prohíbe a la CFE seguir practicando pruebas de detección del VIH y se ordena la indemnización para la reparación del daño.
Una indemnización que hasta el momento no ha pagado la CFE y que se pelea en tribunales fiscales.
La Conapred cerró el caso con su resolución –incumplida por la CFE- y rechazó reabrir la investigación a petición del quejoso.
Fue entonces que los abogados de la víctima denunciaron el año pasado a Bucio Mujica ante el órgano interno de control de este organismo que se supone es el defensor de los grupos vulnerables.
El órgano de control concluyó que no había responsabilidad en los funcionarios del Conapred –incluyendo Bucio Mujica- alegando que el organismo tiene “cargas excesivas de trabajo”.
Una resolución que también está siendo combatida legalmente por los abogados del afectado por la vía del amparo.
Como parte de los recursos legales que el afectado ha tenido que interponer para mantener su caso, se presentó también una reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de la CFE, que el mismo órgano de control de la empresa paraestatal declaró improcedente.
En total han sido 8 los recursos de amparo que se han presentado para obligar a las autoridades de la Conapred y CFE a resolver su demanda.
“Resulta paradójico que una instancia que fue creada para combatir la discriminación, como lo es el Conapred, en la práctica discrimne a los peticionarios que no satisfacen los criterios clientelares que han sido establecidos por sus funcionarios”, señala la denuncia presentada contra Bucio Mujica, hoy candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
