Acusan ‘riesgo de complicidad institucional’ en impunidad de Marín, Karam y Nacif

Las organizaciones defensoras de periodistas, de Derechos Humanos, junto con las que luchan por la protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y trata, advirtieron sobre el riesgo inminente de complicidad institucional en la impunidad otorgada a casos paradigmáticos de macro criminalidad como el que representan Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.

“Expresamos nuestro más enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecen a los responsables de delitos graves, como la explotación sexual infantil y la tortura en los casos emblemáticos, como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, ya que evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad”.

Dichas organizaciones, señalan que las recientes modificaciones en los casos de estos individuos, involucrados en redes de macro criminalidad, no solo contravienen el interés superior de la niñez, sino que también socava la confianza en el sistema judicial que es complaciente con las argucias jurídicas.

“La violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades”.

Las Organizaciones afirmaron que la falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores, ignorando el contexto más amplio como redes de macro criminalidad con poder político y económico.

“Los derechos de las víctimas infantiles están siendo sistemáticamente violados, además que la impunidad desalienta la denuncia”.

Decisiones judiciales minimizan gravedad de delitos

Así mismo destacan que las decisiones judiciales que minimizan la gravedad de estos delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre los acusados envían un mensaje alarmante: que los poderosos pueden evadir la justicia.

“Exigimos al poder judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas”.

Finalmente aseveraron que es imperativo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revise inmediatamente este “sospechoso patrón de liberaciones”, asegurándose que las y los jueces implicados no sean objeto de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez, alegando que la justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas.

Finalmente; señalaron que la lucha contra la explotación sexual infantil y la protección de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho son responsabilidades compartidas de todas las autoridades del Estado mexicano.

Las organizaciones y personas defensoras la integran; Article 19 MX; Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); la Fundación para la Justicia; la Red Nacional de Periodistas; la Red Puebla de Periodistas; la Fundación Femmex; Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C.; y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

También está el Observatorio de Designaciones Públicas; Centro Mexicano para la Filantropia – Cemefi; Melel Xojobal AC, Fundar; Centro de Análisis e Investigación Paso de Esperanza, A. C.; Impunidad Cero Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia AC; así como Denise Dreser, Diego de la Mora Maurer y Juan Martín Pérez García.