En Lomas de Chapultepec y Polanco, una de las zonas de más alta plusvalía en México, un grupo inmobiliario emplea como modus operandi la compra de casas o terrenos, en donde excava hasta 12 metros de profundidad para construir edificios de oficinas que violan el Plan de Desarrollo Urbano, sin importar el impacto al vecindario.
Pese a las denuncias y las revisiones de las autoridades delegacionales de Miguel Hidalgo, demarcación que gobierna la panista Xóchitl Gálvez, la firma opera 28 obras ilegales bajo el cobijo de supuestos amparos que le permiten al Grupo Inmobiliario ASJUFI levantar edificios de oficinas que violan las alturas permitidas.
Así lo denuncia Anuar Aíza, integrante del Comité Vecinal Lomas de Chapultepec, quien acusa a los supuestos propietarios de ASJUFI, Héctor Mondragón y Ernest Haiat, de comercializar sus propiedades con el plus de asesorar a los clientes para saltarse la leyes vía amparos, en esta zona que permite únicamente casas de 9 metros de altura como máximo.
Con la promesa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de llegar a fondo en la investigación de irregularidades en la construcción de inmuebles colapsados el 19S, los vecinos iniciaron una campaña para denunciar al grupo inmobiliario ASJUFI que mantiene 28 obras ilegales de Polanco y Lomas de Chapultepec.
Con la lupa puesta sobre los desarrolladores inmobiliarios y los DRO, los colonos de Lomas de Chapultepec, Lomas de Barrilaco y Lomas de Reforma conformaron una especie de frente vecinal que acusa a jueces del Tribunal de Justicia Administrativa de facilitar “amparos a modo”, que han permitido que avancen las 28 obras ilegales de ASJUFI.
“Tribunal de Justicia Administrativa. Ya basta de amparos a modo. Respeten el plan Parcial de Lomas de Chapultepec”, refieren las mantas que se colocaron afuera de domicilios particulares, postes y puentes.
Delegación rebasada
El líder vecinal Anuar Aiza refiere que algunos de los predios en los que mantienen abierta la batalla son: Palmas 960, Palmas 1130, Palmas 1055, Palmas 1160 y Palmas 1170.
“A Héctor Mondragón le vale gorro, compra terrenos en las Lomas que tienen uso para construir habitacional de hasta nueve metros, pero apuesta a una construcción de diez a 12 metros de profundidad, llega la delegación y explican que el dueño de la casa tiene una colección de coches muy grande y que necesita de un amplio estacionamiento”.
Este supuesto empresario, acusa la voz autorizada del Comité Lomas de Chapultepec, compra terrenos y casas en la zona para construir edificios con el plus de “yo te saco las autorizaciones”.
Detalla que la delegación Miguel Hidalgo los ha escuchado e intenta intervenir en algunos casos, sin embargo, quedan rebasados por esta estrategia de amparos que se basan en el argumento de que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano no fue publicado con toda la claridad pertinente.
“La delegación Miguel Hidalgo sí le pelea y atiende, pero al final se limitan por los amparos que los jueces le otorgan a esta inmobiliaria, con base en que el Plan Parcial supuestamente no es público”, explica.
Algunas batallas ganadas
Con ese escenario a cuestas, los vecinos de la zona, quienes saben del interés de las inmobiliarias por terrenos e inmuebles de Lomas y Polanco, buscan que el Poder Judicial se dé cuenta quiénes son los integrantes que están en posible contubernio con esta firma, de ahí que se haya ingresado una queja.
Ya han dado batalla en otros proyectos que violentan el Plan de Desarrollo Urbano delegacional, como ocurrió en el caso de Palmas 905 donde se proyectó una torre de oficinas de 21 pisos y otra torre de 14 pisos para el funcionamiento de un hotel con 15 sótanos de estacionamiento.
Debido a la batalla vecinal para denunciar públicamente las irregularidades, el complejo se frenó. Sin embargo, se mantienen otros casos en el que las excavaciones a profundidad ponen en riesgo el patrimonio de decenas de vecinos contiguos.
La promesa de Mancera
A partir de los edificios seminuevos que colapsaron a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió diversas carpetas de investigación que buscan determinar si los constructores cometieron irregularidades en dichas obras, cuya irresponsabilidad cobró la vida de personas en el pasado terremoto.
Los casos más dolorosos que forman parte de estas pesquisas son el Colegio Enrique Rebsamen, que colapsó en la delegación Tlalpan y que costó la vida de 22 pequeños estudiantes del plantel y otros adultos.
Asimismo, algunas edificaciones en la delegación Benito Juárez, en donde ya hubo la primera captura y encarcelamiento de uno de los constructores del edificio que desplomó.
El viernes pasado, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, reiteró su promesa de mantener abiertas dichas carpetas para determinar la responsabilidad no sólo de dueños, sino de Directores Responsables de Obra (DRO).