Tras ser descalificados, amedrentados y acosados, los ciudadanos que integran el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentran bajo la amenaza de diferentes autoridades del estado.
Los integrantes de este órgano incluso fueron advertidos de ingresar en prisión por desacato después de que se emitieran varios amparos por parte de Carlos Armando Moreno Pérez, secretario de juzgado quien actualmente se encuentra en funciones de juez en el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Fue precisamente Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad de Nuevo León y actual vocero del Gobierno estatal, quien dijo a los miembros del Comité de Selección del SEANL que irían a la cárcel si continuaban con las entrevistas a los candidatos al cargo de fiscal General de Justicia.
“El Comité de Selección, no nos hemos puesto a pensar en ellos, son la parte más débil y están en peligro jurídico de cometer un delito.
“Se impondrá pena de 3 a los 9 años de prisión, y destitución e inhabilitación de cargos públicos de 3 a 9 años, al servidor público que en el carácter de autoridad no obedezca una notificación de amparo”, dijo Fasci Zuazua el pasado 4 de noviembre.
Sin embargo, los nueve integrantes del Comité de Selección del SEANL no son funcionarios públicos, sino miembros de un organismo en el que representan con su participación a los ciudadanos dentro de este proceso.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes lanzó una advertencia en el mismo sentido, asegurando que en caso de no suspender las entrevistas, los integrantes del Comité de Selección caerían en desacato y eso los haría acreedores a sanciones administrativas o penales.
“Hacemos un llamado a que rectifiquen todas estas autoridades, incluyendo a los ciudadanos del Comité de Selección porque las consecuencias por violar una suspensión judicial es la prisión, y yo creo que ninguno de ellos quiere tener una consecuencia así”, advirtió la legisladora de MC el pasado 4 de noviembre.
Este tipo de declaraciones, así como los amparos interpuestos contra el proceso de selección del nuevo fiscal General de Justicia, por parte de actores políticos ligados al Gobierno estatal han sido tomadas por los miembros del Comité del SEANL, así como por la ciudadanía, como herramientas de desacreditación, acoso e intimidación.
Enrique Ogaz, presidente de este Comité, aseguró que no fueron notificados sobre los amparos y que por ello continuaron con el proceso en curso para elegir a quien ocupará el puesto que dejó vacante Gustavo Adolfo Guerrero el pasado mes de octubre
“Mientras no nos notifiquen, el amparo no existe. Si nadie nos ha notificado ¿cómo podríamos tomar en serio que salga Aldo Fasci a decir que ya sucedió? Lean la Ley de Amparo, una declaración pública no es una notificación”, precisó Ogaz.
Un día después de que la legisladora emecista lanzara dichas advertencias, legisladores de Movimiento Ciudadano llevaron a un notario público a avisar a los integrantes del Comité sobre las suspensiones vigentes que impiden que se continúe con las entrevistas a los aspirantes a la Fiscalía. Sin embargo, este acto no tiene implicaciones jurídicas e incluso José Guzmán, titular de la Notaría Pública 124, podría ser acusado de usurpación de funciones al implicarse en un trámite judicial federal.
Acusan a juez de detener al Comité de Selección
La diputada priista Lorena de la Garza acusó a Carlos Armando Moreno, secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de estar en contubernio con el Gobierno del estado.
Este juez ha emitido varios amparos para detener el proceso de selección de candidatos para el cargo de fiscal general de Justicia y aunque los legisladores han interpuesto un recurso de queja, aún no ha sido turnada por el juez a un Tribunal Colegiado.
“Vemos una colusión que sería muy grave, nosotros hemos trabajado de manera respetuosa con la autonomía que tiene el Poder Judicial y lo queremos seguir haciendo en ese sentido, sabemos que ellos son los responsables de la administración de la justicia,
“Y así como nosotros, ellos son un poder soberano, independiente que debe de tener completa autonomía. Entonces, si vemos varias cosas que nos dan el indicio de que están actuando en contubernio y eso hay que advertirlo”, señaló De la Garza.
Los amparos podrían resolverse el próximo 9 de noviembre, por lo que la diputada espera que se turne el recurso de queja del Tribunal Colegiado, que es el procedimiento que sigue en este tipo de juicios de amparo.
Legisladores del Congreso local acusan contubernio entre el Gobierno estatal encabezado por Samuel García y Carlos Armando Moreno, secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien ha otorgado las suspensiones relacionadas con el proceso para elegir un nuevo fiscal
Después de que fueran interpuestos estos recursos se estableció la suspensión hasta la parte conclusiva del proceso de selección, por lo que no se podría nombrar un nuevo fiscal. Lorena de la Garza señaló que la sincronía entre el discurso del Ejecutivo y las resoluciones del juez hicieron comenzar las sospechas de algunos diputados del Congreso local.
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