El mandatario estatal acusó ilegalidad en las acciones de diputados en Congreso

Acusa Samuel García ilegalidad en nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino

El gobernador afirma que "aún no decide" si va o no por la presidencia; advierte que no dejará a Nuevo León en manos de la "vieja política"

Luego de que el Congreso local designara a Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León durante la ausencia de Samuel García, quien pidió licencia por seis meses para contender por la presidencia, el propio emecista acusó ilegalidad en el proceso y aseguró que no dejará a la entidad en manos de la “vieja política”.

Minutos después de que la iniciativa fuera aprobada por la mayoría del PRI y el PAN en el Congreso, García recurrió a sus redes sociales para denunciar el nombramiento, más allá de que en la misma sesión se aprobó también su licencia para separarse del cargo.

Incluso, García afirmó que todavía no decide si va por la presidencia o no, y que los trámites que ha emprendido al respecto han sido sólo para salvaguardar sus derechos político-electorales.

“Lo que quiero dejar muy claro es que la designación de gobernador interino que hizo el Congreso es completamente ilegal; tengo claro que no vamos a poner en riesgo la construcción del nuevo Nuevo León, dejándolo en manos de la vieja política que mucho daño ha hecho ya”, advirtió García.

Dan licencia… pero ‘bloquean’ a Navarro

Diputados del Congreso local aprobaron por mayoría la solicitud de licencia solicitada por el gobernador Samuel García, quien busca desprenderse de su cargo para competir por la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, no aprobaron el interinato del secretario General de Gobierno estatal, Javier Navarro Velasco, nombrando a Arturo Salinas, titular del Poder Judicial del Estado, como gobernador interino.

Se argumentó que, por ser el tiempo de licencia superior a los 30 días, el Ejecutivo no puede proponer un interinato, ya que dicha facultad corresponde al Congreso.

La licencia de García Sepúlveda entrará en vigor a partir del próximo 2 de diciembre y hasta el 2 de junio de 2024, un día después de los comicios electorales.

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