El acuerdo firmado entre México y Estados Unidos para que hasta 30 mil personas migrantes sean retornadas a suelo mexicano es irresponsable y fue acordado sin tomar en cuenta a la frontera norte, así lo consideraron organizaciones de la sociedad civil que atienden a los migrantes y autoridades estatales de Chihuahua.
Tan solo en Ciudad Juárez ya han sido retornadas desde el pasado 6 de enero alrededor de 775 personas bajo este nuevo esquema, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Oscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, dijo que el Gobierno federal tomó esa decisión sin consultar o ver las condiciones de la frontera y consideró necesaria la implementación de un mecanismo a través del cual el INM envíe a los migrantes al sur del país o a la Ciudad de México para evitar que se queden varados en esa frontera.
Ibáñez señaló que el nuevo programa de Joe Biden —que incluye recibir legalmente hasta 30 mil personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela y retornar a México una cifra similar cada mes— es muy parecido a lo que hizo en octubre pasado con personas oriundas de Venezuela, lo que ocasionó una crisis en la ciudad fronteriza.
En aquella ocasión ninguna instancia de gobierno, ni la federación, estaban preparados, señaló, y se permitió un campamento.
El representante de la gobernadora refirió que el Gobierno de la entidad no cuenta con una partida presupuestaria especial para atender el tema de la migración.
“El año pasado el retorno de cientos de migrantes, principalmente de venezolanos, fue totalmente intempestivo y no se tenían recursos, se tuvieron que hacer ajustes y canalizar recursos de otras áreas.
“No hay una partida especial porque estas cosas las está decidiendo el Gobierno federal sin ningún acuerdo previo que nos permitiera a nosotros generar un presupuesto para eso, entonces lo que se tiene es la atención que ya se da y es la que siempre se ha dado y se va a seguir dando a los migrantes. Se tiene las oficinas de COESPO, se tiene contacto y coordinación con la red de albergues de la sociedad civil, se tienen los albergues del municipio y del Gobierno federal, se atiende la salud de los migrantes y hay programas educativos para los niños”, explicó.
El año pasado el retorno de cientos de migrantes, principalmente de venezolanos, fue totalmente intempestivo y no se tenían recursos, se tuvieron que hacer ajustes y canalizar recursos de otras áreas
Albergues saturados y con adeudos
En 2022 el Gobierno del estado de Chihuahua utilizó alrededor de 2 millones de pesos, a través del DIF, para la atención de personas migrantes, y con una inversión de más de 30 millones de pesos se amplió un albergue para niños no acompañados y se está construyendo otro espacio.
Rossy Many, representante de la red de albergues “Uno por Juárez” que agrupa a las organizaciones que sostienen 13 albergues, expresó que es muy delicado el acuerdo alcanzado por los gobiernos de ambos países porque actualmente los espacios humanitarios no tienen la capacidad económica, alimentaria ni de personal para atender a más personas en situación de movilidad.
Many dijo que en conjunto los albergues de la red tienen una capacidad para mil 500 personas y actualmente están a un 70 por ciento de su capacidad, pero ya no van a recibir a más migrantes debido a que tienen adeudos de hasta 100 mil pesos en recibos de agua potable y no reciben ayuda gubernamental salvo para pagar la electricidad.
“Todos los espacios tienen adeudos con relación al consumo de agua. No tenemos una cifra general, pero son adeudos bastante altos de 70, 90 o más de 100 mil pesos. No podemos seguir endeudándonos, es una responsabilidad civil la que hemos cumplido. Ha sido mucho por amor porque no es nuestra obligación estar dando la cara”, afirmó Manny.
La entrevistada consideró que es muy irresponsable y fácil hacer acuerdos detrás de un escritorio cuando en las zonas fronterizas del norte hay carencia de medicamentos y alimento.
‘No hemos recibido apoyo’
Ivonne López de Lara, coordinadora de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, coincidió en que el acuerdo binacional es irresponsable porque no viene acompañado de recursos económicos para atender a los migrantes que ya empezaron a ser retornados por la frontera de Juárez.
La Casa del Migrante, que funciona desde hace 40 años, no recibe recursos públicos desde el 2018 y actualmente atiende a más de 420 personas quienes permanecen por largos periodos en espera de asilo político.
En la Catedral de la ciudad atienden a diario a migrantes proporcionándoles comida, cobijas, asesoría jurídica y les buscan espacios para descansar.
“Los albergues ahorita están saturados con la población que tenemos que todavía ni siquiera puede ingresar a Estados Unidos, estamos hablando de que los albergues estamos casi al 100 por ciento de su capacidad. Entonces cómo se le va a hacer, qué va a implementar el gobierno para poder darle frente a esto. Lamentablemente en todo este trayecto no hemos tenido apoyo de ninguno de los tres niveles de gobierno”, dijo.
Aunque seamos humanitarios también los recursos se nos acaban. Ahorita estamos en una situación difícil porque ha sido muchísima la gente y su estadía es muy larga
López agregó que la Casa del Migrante no se puede saturar, deben respetar los espacios recomendados para evitar la propagación del COVID-19 y dar un trato digno.
“Aunque seamos humanitarios también los recursos se nos acaban. Ahorita estamos en una situación difícil porque ha sido muchísima la gente y su estadía es muy larga, estamos hablando de cuatro a siete meses y una atención las 24 horas, tres comidas, agua, luz, teléfono para tanta gente, por eso el albergue ha estado saturado”, añadió.
