Las modificaciones sumaron 37 hectáreas adicionales y fueron consignadas por Jorge Humberto Salazar Salazar
Las modificaciones de escrituras, la alteración de colindancias y los juicios testamentarios son prácticas comunes del grupo de presuntos despojadores del rancho “Los 13 Hermanos”.
Los propietarios legítimos denuncian a través de pruebas documentales que personajes vinculados con el Grupo Allende estuvieron involucrados en un juicio testamentario en un terreno que creció de 58 hectáreas, a más de 95.
Ahí también aparecen Manuel de la Garza Robertson, el notario Francisco González Salazar, primo del ex gobernador Natividad González Parás, y el ex registrador público de la Propiedad y del Comercio Jorge Humberto Salazar Salazar, padre del actual alcalde de Allende.
El primero fue denunciado penalmente por María Margarita García Castillo, mientras que los otros dos son señalados por los familiares de la quejosa como parte de un grupo que se dedica al despojo de terrenos en la zona citrícola de Nuevo León.
En 1984 se modificaron las medidas y colindancias de la escritura original de 1966 de un terreno de 58 hectáreas, propiedad del abuelo del presunto despojador, Treadwell Robertson.
Las modificaciones sumaron 37 hectáreas adicionales y fueron consignadas por el entonces registrador público de la Propiedad y del Comercio, Jorge Humberto Salazar.
Esta propiedad, según el documento, también tenía un “derecho de agua” por 6 días, 5 horas y 18 minutos.
Las modificaciones afectaron las colindancias con el rancho “Los 13 Hermanos”, porque el terreno creció 30 metros de ancho por mil 125 metros de largo.
Ana Moreno García, hija de la legítima propietaria del rancho, asegura que esta porción de terreno pertenecía a Alejandro González Guerrero, el difunto que fue supuestamente “revivido” por los despojadores para iniciar un procedimiento fraudulento y quedarse ahora con el rancho “Los 13 Hermanos”.
“No puedo decirte si el vecino estaba enterado o no, pero es el difunto”, enfatiza.
La denunciante dice que en ningún momento le pidieron autorización a su familia para modificar las colindancias.
Llega el juicio
Las modificaciones de la escritura original pasaron a un juicio testamentario del terreno que se resolvió el 22 de noviembre de 1984, y en el cual se declaró como herederas a las tías de De la Garza Robertson, Nancy Gene Fisher y Susan Kay France.
Seis años más tarde, el empresario, como apoderado legal de sus tías, solicitó el 12 de noviembre de 1990 una acreditación de medidas y colindancias del terreno.
El predio pasó de tener dos lotes con 58 hectáreas, a cinco porciones que sumaban 95. De nuevo, este documento fue registrado el 7 de diciembre de aquel año por Salazar Salazar.
Después, el 8 de mayo de 1991, Georgia Robertson Hanna realizó una donación gratuita del inmueble a cuatro parientes, incluido a su hijo, Manuel de la Garza Robertson.
Entre las porciones que se adicionaron al inmueble fueron un terreno de agostadero y una finca rústica conocida como “La Eugenia”.
Ésta última colinda con el rancho “Los 13 Hermanos” y fue adquirida por donación por las tías de De la Garza Robertson, el 21 de diciembre de 1990.
La donación pasó ante la fe del notario público número 68, Francisco González Salazar, primo del ex gobernador Natividad González Parás.
Este fedatario es señalado por los propietarios de “Los 13 Hermanos” como uno de los responsables del despojo.
Lucha desigual
Ana Moreno García insiste que su familia no sólo se enfrenta a un “grupo de mucho poder” para defender su racho, sino también a la pasividad del Ministerio Público y a la confusión del Poder Judicial.
“Estamos en algo muy desigual, somos ciudadanos, somos personas normales, pero que sí tenemos algo bien claro: en lo personal, para mis padres, para mis hijos, no es la situación que quisiera que estuviéramos pasando”, lamenta.
Este martes, Reporte Indigo dio a conocer que el fiscal de Allende, Carlos Alberto Cruz de Hoyos, admitió que él nunca investigó a los responsables del despojo documental del rancho “Los 13 Hermanos”.
Ante los nulos resultados en la averiguación ministerial, la familia inició su investigación privada para llevar el caso.
“Hemos tenido que estar buscando en el Registro Público documentos anteriores que nos lleven a entender cómo se hizo todo e irnos a los antecedentes de escrituras”.
