El activismo vecinal, principalmente contra el desarrollo inmobiliario, es amenazado de muerte en la Ciudad de México. Aunque otra forma de agresión también se ha dado a través del acoso o la difamación en redes sociales.
Quetzal Castro, del Comité Vecinal Hipódromo Condesa; y Susana Kanahuati, del de San Ángel, son dos activistas que han sido amenazadas de muerte por buscar el bien de sus comunidades.
Las intimidaciones han ocurrido en el contexto del asesinato de Cristina Chavarría, activista de la colonia Condesa, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia el 1 de julio en su departamento.
Castro relata en entrevista con Reporte Índigo que en mayo pasado recibió la última amenaza de muerte. Ahora tiene dos medidas de seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le activó el código Águila para procurar su integridad.
“Otra es una alerta del Alto Comisionado de las Organización de los Derechos Humanos para personas activistas y defensoras de los Derechos Humanos donde te están monitoreando para saber dónde estás, cuáles son tus actividades, para saber cómo te encuentras”, menciona.
La activista refiere que la amenaza fue telefónica.
Recién llegué a mi casa y un hombre con acento norteño me dijo que ya sabía por dónde entraba y salía, a qué hora. Que ya sabía lo que había hecho y que no me sorprendiera que un día me pasara algo a mí o encontraba muerto a mi hijo o a mi esposo
Después del asesinato de “Cristy”, Quetzal ha tenido más cuidado, pues no descarta que su muerte esté relacionada con su activismo.
Cristina había denunciado poco antes que la Torre Baja, a un lado de su domicilio y clausurada por la lucha vecinal, era un punto rojo donde eran escondidas autopartes robadas y había venta y consumo de droga.
El Comité de la Hipódromo Condesa ha luchado en contra del Helipuerto Condesa, la Torre Baja, el retiro del comercio informal, entre otras cosas, lo que ha tocado diversos intereses.
“Puede ser cualquiera. Hemos ido en contra de muchos intereses, no sólo inmobiliarios, sino de todo tipo, incluso contra las mismas autoridades”, explica Castro.
A su vez, Susana Kanahuati, quien se opuso a las construcciones irregulares en Álvaro Obregón como la torre que se pretendía edificar en Insurgentes Sur 2021, también tiene activado el Código Águila para su protección.
“Todo esto ha ocasionado la molestia de los constructores y algunos socios, estas amenazas se derivan de esto”, asegura.
A la activista le han puesto animales muertos en la puerta de su casa, estacionado carrozas fúnebres y hasta han ido supuestos policías federales a vigilarla.
Por lo cual, pidió a la SSC que se activara el Código Águila para su protección y se reunió con la titular de la Procuraduría General de Justicia local, Ernestina Godoy, quien prometió investigar cada uno de los casos.
Dichas amenazas han ocurrido desde el año 2015 y la última ocasión que un automóvil vigilaba su domicilio fue el domingo 7 de julio.
En marzo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que 790 personas estaban adscritas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
De ellas, 498 eran activistas. Los estados con más casos son la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero.
Agresiones por activismo en los pueblos originarios
Las amenazas e intimidaciones no sólo se presentan en el poniente y el centro de la Ciudad de México, también en el sur contra los activistas que se oponen a la alcaldía y están en la batalla legal por la autonomía de los pueblos originarios.
Uno de ellos es Felipe Rosas García, quien ha mostrado en el pueblo de San Marcos su descontento por la realización de las asambleas para definir su forma de autogobierno.
A Rosas García, el 18 de junio la alcaldía lo despojó de su predio en ampliación San Marcos, presuntamente en represalia por oponerse públicamente a la administración de José Carlos Acosta.
“En Xochimilco se están violentando los derechos. Ha pasado en San Gregorio, en San Francisco, es lo que hacen. (Lo del despojo) puedo relacionarlo con ello y sí es de esperarse la forma en que actúan”, explica.
Judith Morales, habitante del pueblo de Santa María Nativitas, afirma que en enero, durante una de las asambleas informativas sobre el proceso de elección de las autoridades tradicionales, personal y operadores políticos de la alcaldía la agredieron físicamente, pero también la han amenazado.
“En realidad nos da miedo que vengan armados por la cuestión de acoso, cuando hay algún evento vienen y nos graban por instrucción de la alcaldía”, detalla.
Acoso digital
Además de las amenazas y agresiones, las y los activistas también sufren del acoso en internet.
“Me han atacado en redes y se han expresado de mí en medios, puede ser cualquiera, por supuesto está la policía cibernética investigando los señalamientos”, menciona Susana Kanahuati.
La defensora vecinal relata que cuentas falsas tratan de difamarla por su labor de activismo en contra de la corrupción inmobiliaria.
El mismo caso denuncia Judith Morales, de la alcaldía Xochimilco, a quien desde cuentas falsas de Facebook la acusan de ser una agitadora de la comunidad.
“Sin autorización toman fotos, las suben a redes sociales y publican que somos personas peligrosas denostando nuestro trabajo”, denuncia Morales.
Refiere que no solo ella sufre de acoso, también otros activistas de San Francisco Tlalnepantla, San Lorenzo y San Luis Tlaxialtemalco, quienes temen denunciar por represalias o agresiones de la administración de José Carlos Acosta.
