Por no expedir las cartas de no antecedentes penales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió un aviso de recomendación al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como también le solicitó realizar una disculpa abierta y acudir a cursos de formación.
El organismo detalló que 10 personas interpusieron su queja al no haber sido atendidos en tiempo y forma sobre su solicitud para realizar el trámite por diversas circunstancias, entre ellas para participar en el proceso de selección a fiscal General de Justicia de Nuevo León.
“No se les expidió dicho documento, por lo que puede interferirse que no se trató de una conducta negligente… sino un actuar dolosamente deliberado para impedir su participación, lo que es un hecho notorio”, dice el comunicado.
En el documento se explicó que una de las víctimas necesitaba el documento para tramitar la visa y así continuar sus estudios en el extranjero, otros dos lo ocupaban para cumplir con los requisitos de residencia en Estados Unidos y siete para completar el proceso de naturalización mexicana.
Acreditan violación
Por no cumplir con la obligación, la CEDHNL acreditó la violación a los derechos humanos, violación a la igualdad, no discriminación, faltaron a los principios de legalidad, derecho al trabajo y se involucra como responsables a:
- Gerardo Escamilla Vargas, titular de la corporación de seguridad en el estado.
- César Daniel Ramírez, comisario General.
- María del Carmen Estrada, directora de Reinserción Social de la Administración Penitenciaria.
Como parte de las recomendaciones emitidas a los involucrados, la instancia pide dar trámite a las solicitudes en un plazo de 10 días, ofrecer una disculpa pública, tomar un curso sobre servidores públicos, Además, pide se inicie una investigación con carácter de responsabilidad administrativa.
“La Dirección de Reinserción Social le corresponde la emisión de ese tipo constancias; al Comisario General le corresponde vigilar que esta cumpla con sus deberes y obligaciones; en tanto que al Secretario de Seguridad le asiste el deber de dirigir y controlar las políticas de los órganos desconcentrados a su cargo”, dice un comunicado.
